El Consejo de Estado despacha la reforma eléctrica con temores de retroactividad

La reforma eléctrica enfila su recta final cuando lleva ya siete meses en vigor. Y es que el Consejo de Estado cerraba la semana pasada su dictamen sobre la norma, lo que deja el texto a falta del último plácet del Consejo de Ministros. Eso sí, según aseguran fuentes próximas al organismo, el proceso no ha sido fácil, debido alas dudas expresadas por algunos consejeros sobre la eventual retroactividaden la que pudiera incurrir elnuevo modelo de retribución a las renovables. El tándem Soria-Nadal aprobaba los cambios en julio mediante Real Decreto-ley, fórmula legal con la que se evitaba una tramitación compleja y se garantizaba su puesta en marcha en el acto.

El debate en el Consejo de Estado explicaría el retraso con que se ha finiquitadoel dictamen. No en vano el organismorecibía el documento justo a la vuelta de las vacaciones navideñas. La inquietud en la entidad que preside José Manuel Romay Beccaría no es nueva y ya se expresaba en su análisis sobre la Ley del Sector Eléctrico, tramitada en paralelo. El nuevo modelo de retribución a las renovables acaba con el sistema de primas y pasa a garantizar a las instalaciones una rentabilidad razonable del 7,5%. Eso sí, se trata de un rédito que debe aplicarse a toda la vida útil de la planta; si se ha cobrado por encima de ese umbral en el pasado, se ajustan las rentabilidadesde cara al futuro. Por ejemplo, las eólicas anteriores a 2005 no recibirán ayudas con este mecanismo.

“Debeconstatarse que un modelo de cálculo de la retribución específica basado en datos estándar de ingresos por venta de energía, costes de explotación y valor de la inversión inicial (…) podría suponerla toma en consideración de hechos pretéritos, aunque fuera para el abono de retribuciones futuras–exponía entonces con preocupaciónel Consejo de Estado-. Considerando tanto las dificultades derivadas de recabar la información sobre los tres parámetros aludidos cuando ha transcurrido largo tiempo desde la apertura de la instalación de que se trate, como las objeciones ligadas a los principios de referencia que podría suscitar la consideración de factores consumados, el Consejo de Estado recomienda la adopción delas máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivoespecifico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes con anterioridad al 14 de julio de 2013”.

El Tribunal Supremo ha avalado hasta ahora las modificaciones legales sobre las primas que reciben las instalaciones, considerando que los inversores no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula sus retribuciones. Eso equivaldría a “petrificar” el ordenamiento jurídico. Podría hablarse de unaretroactividad impropia, generalmente admitida, en tanto no se detraen los fondos ya percibidos. Claro que, para los afectados, el último cambio normativo supone una ‘retroactividad auténtica’, expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional salvo en casos excepcionales de interés común, al calcularse la retribución a partir de datos procedentes a toda la vida útil regulatoria, incluidos los anteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Más contestación que nunca

El dictamen del Consejo de Estado se produce después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avalara el texto a mediados de enero, con pocas objeciones. Su antecesor, la Comisión Nacional deEnergía (CNE), sí había sido muy críticocon el documento a principios de septiembre, lo que obligó al Ejecutivo a rehacer parte del mismo para reforzar su armazón jurídico. En todo caso, el sector está en armas. “Estamos anteun nivel de retroactividad que nunca habíamos sufrido, al mirarte en el pasado para decidir lo que ganas en el futuro –se expone desde una compañía-. De hecho y más allá de lo que diga el Consejo de Estado, Industria va a tener una contestación inusitada si sale finalmente adelante”.

No es casualidad que el secretario de Estado de Energía,Alberto Nadal, pasara de puntillas por el tema en una entrevista publicada este fin de semana porEl País. “No creo que tengamos un orden constitucional y jurídico en el que, una vez que un Gobierno haya tomado una decisión,los gobiernos posteriores no puedan modificarla para la salvaguarda del interés general. La rentabilidad del 7,5% establecida en la nueva regulación es más que razonable teniendo en cuenta la situación del país y la rentabilidad de las instalaciones. La Ley anterior ya fijaba la rentabilidad razonable como el criterio sobre el que se debe basar el sistema de apoyo a las renovables y en esta misma línea se pronunció el Tribunal Supremo”, subrayaba, sin entrar en el fondo de la cuestión.

Las implicaciones del planteamiento de Industria no sonbaladíes, en tanto pone a empresas del Ibex 35 al borde del precipicio. No en vano según las cuentas que empiezan a facilitar los diferentes servicios de estudios,compañías como Acciona podrían sufrir rejones de más de 200 millones anualespor su exposición a la energía eólica, lo que metería a la firma de los Entrecanales directamente en pérdidas. De hecho, el beneficio neto de la firma se situó en 75 millones hasta septiembre de 2013. Iberdrola, también expuesta a esta tecnología, sufriría un recorte de su retribución superior a 280 millones. En los inversores fotovoltaicos supondrá cierres. Y, con toda seguridad, una oleada de demandas.