Linde y el fiscal general se reúnen para aclarar la avalancha de querellas contra la banca

La judicialización del sistema financiero ha encendido las luces de alarma en el Banco de España. Hasta el extremo de que el gobernador, Luis Linde, ha pedido al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ‘comprensión’ sobre la avalancha de querellas que se han presentado en los últimos meses contra buena parte de la banca española.

Linde y Torres-Dulce almorzaron ayer a petición del primero y, en palabras de alguien que conoció detalles del encuentro, lo que le pidió el gobernador a la Fiscalía es que fuera su ‘aliado’ para intentar frenar a muchos jueces que tienen ahora sobre su mesa decenas de denuncias. En muchas ocasiones, los magistrados tienen que realizar instrucciones con escasos medios y sin estar especializados en cuestiones financieras. Y el caso del juez Elpidio José Silva –apartado del caso Blesa- refleja el extremo al que puede llegar la actuación de algunos magistrados.

No sólo eso es lo que le preocupa al gobernador. Algunos parlamentos regionales han creado comisiones de investigación sobre la crisis de las cajas y han pedido la comparecencia no sólo del gobernador y del subgobernador, sino también de empleados del Banco de España, en particular del departamento de inspección. Linde ha dado orden de que ningún empleado -toda vez que no tienen responsabilidad alguna por razones jerárquicas- acuda a esas comparecencias, pero muy distinto es el caso del gobernador, del subgobernador y de los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de gobierno, que forman parte de los órganos rectores del banco.

Linde se debate entre acudir o no hacerlo, y lo que ha hecho es solicitar un dictamen al Consejo de Estado pidiendo que aclare lo que debe hacer. El máximo órgano de consulta del Gobierno le ha respondido que debe acudir, toda vez que una ausencia no justificada puede acarrear consecuencias penales por obstrucción a la labor de una comisión parlamentaria.

Ahora bien, el Consejo de Estado también le ha respondido que las labores de inspección de una entidad financiera son competencia exclusiva del Banco de España, y, por lo tanto, el gobernador no tiene por qué dar ninguna explicación a los parlamentos regionales. Dicho en otras palabras, debería acudir a las convocatorias, pero para no decir nada, toda vez que tiene obligación legal de guardar secreto sobre las labores de supervisión.

Investigar las preferentes 

Hasta el momento, la Fiscalía ha mantenido una posición ‘variable’ en la mayoría de los casos en función de la tipología de cada uno de los procedimientos. En el asunto de las participaciones preferentes, por ejemplo, se opuso a que la Audiencia Nacional admitiese la querella presentada contra un grupo de directivos de Caja Madrid por diseñar la comercialización de preferentes.

Por el contrario, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Eloy Velasco que admitiera a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica por la fusión de las cuatro cajas de ahorro que dio origen a la entidad y su posterior salida a bolsa. La Fiscalía, que sostiene que la salida a bolsa afectó a la totalidad de los inversores, quiere investigar si los gestores de Banca Cívica manipularon las cuentas para crear una apariencia de mayor solvencia de la que realmente presentaba la entidad. Las indemnizaciones millonarias en la CAM o la quiebra de la antigua Caja Castilla-La Mancha están también en el radar de los asuntos pendientes de la Fiscalía.

En el caso del Banco de Valencia, la Fiscalía pidió al juez que instruyera la querella interpuesta por una asociación de accionistas contra el consejo de administración de la entidad por varios delitos societarios.