Andreu deja a la CNMV fuera del 'caso preferentes' y evita la responsabilidad del Estado

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite tres querellas que abren la vía para la investigación penal de la emisión de participaciones preferentes. Aún le queda por analizar una cuarta, pero, por lo pronto, tendrán que desfilar por su despacho el exvicepresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otros 14 exdirectivos de esta caja de ahorros, Bancaja y BFA-Bankia. Sin embargo, el magistrado se resiste a incluir en el procedimiento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a pesar de que la inacción del supervisor bursátil fue decisiva para que las entidades consumaran su multimillonaria estafa.

Al menos dos de las acusaciones, las que ejercen el abogado Andrés Herzog en nombre de UPyD y el bufete Jausas en representación de un grupo de empresarios perjudicados, reclamaban la imputación de Julio Segura, expresidente de la CNMV, por considerar que su participación o inacción fue imprescindible para que las entidades financieras pudieran emitir este polémico producto bancario, que sólo en el caso de Bankia habría causado pérdidas a aproximadamente 300.000 ciudadanos.

En el caso de UPyD, su querella argumentaba la acusación contra Segura manifestando que “no sólo la CNMV se demoró de forma inusitada en hacer la primera advertencia sobre la manipulación del mercado que se estaba produciendo, sino que una vez hecha”, plantó esta formación, “permitió que las entidades continuaran con tales prácticas por medio de las cuales alargaron en el tiempo la ficción de que había un mercado dotado de liquidez y estabilidad, permitiendo el encubrimiento de la presunta estafa”, un delito tipificado en el artículo 451 del Código Penal y castigado con penas de seis meses a tres años de prisión.

Pero el instructor del procedimiento considera en el auto sobre la querella que no hay indicios para sostener que la CNMV encubriera las presuntas irregularidades cometidas por las cajas durante la emisión de preferentes y deja a Segura al margen de la causa.

El juez no ve indicios contra Segura

La misma decisión ha tomado el juez en el auto conocido este miércoles referente a la querella presentada por Jausas, que también pedía la imputación del expresidente de la CNMV aunque, en este caso, por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408 del Código Penal y sancionado con inhabilitación para cargo público durante un periodo de seis meses a dos años.

En este segundo caso, Andreu resuelve que tampoco se puede acusar a Segura de este delito porque su tipificación actual “no sólo excluye conductas omisivas por culpa o imprudencia”, sino que “también deja fuera el dolo eventual”. En opinión del magistrado, no puede reprocharse al expresidente del supervisor bursátil una “omisión evidente, flagrante, clamorosa, incontestable, deliberada y grosera”, las condiciones que debería reunir su actuación para ser acusado por este delito. 

Pese a todo, UPyD y Jausas han asegurado a El Confidencial que recurrirán la decisión de Andreu de dejar fuera de la investigación a Segura. La formación que lidera Rosa Díez, que presentará hoy mismo su recurso, también pedirá además que la causa afecte a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España. Tanto UPyD como Jausas consideran que hay elementos sólidos para sostener la imputación del expresidente de la CNMV como colaborador necesario en la estafa de las preferentes por haber autorizado la comercialización indebida de este producto bancario y no dar la voz de alarma hasta que las cajas habían provocado un daño casi irreparable. Aunque Segura y la CNMV escapen de la fase inicial del procedimiento, ambas acusaciones confían en que la instrucción judicial acabe acorralando a este organismo público.  

Las implicaciones de una sentencia contra la CNMV

Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que si no lo ha hecho ya es por las implicaciones que tendría su entrada en la causa. Una hipotética sentencia que considere a la CNMV coautora de la estafa de las preferentes implicaría que los perjudicados por este producto podrían reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, las arcas públicas tendrían que cubrir las pérdidas ocasionadas por la comercialización de este producto. Sólo los preferentistas de Bankia han sufrido un desfase de aproximadamente 13.000 millones de euros.

Asimismo, fuentes jurídicas aseguran que la implicación del regulador en la causa supondría cruzar por primera vez la línea que separa la responsabilidad privada de la responsabilidad pública. Hasta ahora, en ninguno de los procedimientos abiertos por los tribunales para investigar los perjuicios derivados de la gestión del sector financiero ha resultado imputado un dirigente o un organismo públicos. Pero la implicación de Segura por las preferentes abriría la veda para que la investigación penal de la crisis entrara a diseccionar la culpabilidad del Estado y sus representantes en el colapso del sistema.

Por el momento, la CNMV seguirá al margen de la causa. En los próximos días la Sala de lo Penal de la Audiencia tendrá que pronunciarse sobre los recursos de las acusaciones para que el expresidente del regulador también sea investigado. Por ahora, Andreu ha rechazado dirigir las pesquisas hacia arriba y contener los daños. Pero lo más probable es que el proceso únicamente esté posponiendo este paso. Hasta que no quede más remedio.