La CNMV da cinco días a Pescanova y la amenaza con un proceso sancionador

La CNMV ha confirmado todas las sospechas sobre la gestión de Manuel Fernández Sousa al frente de Pescanova y se está planteando la intervención y sustitución del equipo gestor del grupo pesquero en aplicación del artículo 107 de la ley del Mercado de Valores. Así, ha dado a la compañía un plazo de cinco días para que presente sus cuentas. En caso de no hacerlo, el organismo regulador  abriría un expediente sancionador y una inspección de la propia Comisión de Valores dentro de la empresa. Como alternativa que tampoco se puede descartar figura la posibilidad de dar traslado de la situación a la Fiscalía General del Estado si se demuestra una presunción de delito.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia reside en la venta por parte del presidente de Pescanova de casi la mitad de la participación registrada oficialmente en la CNMV. La información pública reconocida hasta ayer era del 14,42%, pero Fernández Sousa había vendido entre los pasados meses de diciembre, enero y febrero cerca de dos millones de títulos que sitúan ahora su posición accionarial en el 7,45%.

El presidente de Pescanova ha justificado estas desinversiones en la necesidad de “aportar liquidez” a la empresa, pero lo cierto es que la CNMV no tenía hasta ahora constancia de los hechos, con el agravante que supone el deterioro protagonizado por la compañía en todos estos meses. Desde febrero a hoy Pescanova ha anunciado un procedimiento preconcursal que se saldó ayer mismo con una suspensión de pagos y se ha enfrentado a una división interna en la que, al menos, cinco de los 12 administradores que componen el consejo de administración se han negado a firmar las cuentas de segundo semestre.

En estas circunstancias, la rendición de los estados financieros que la dirección de la compañía tenía previsto presentar anoche a la CNMV se puede considerar como 'papel mojado' desde el momento en que no satisface los requerimientos mínimos que exige el organismo regulador. Más grave aún será la formulación de cuentas correspondiente al cierre del pasado ejercicio, que deben incorporar el preceptivo informe de auditoría y cuyo plazo de entrega a la Comisión de Valores termina el próximo 30 de abril. 

De no tener auditor a contar con dos 

A este respecto la firma BDO, encargada de la auditoría de Pescanova desde hace más de una década, ha desafiado también la revocación del mandato que supuso su despido fulminante por un supuesto conflicto de intereses. Dicho de otro modo, el grupo pesquero no reconoce a su auditor externo y este no admite que le recusen de manera unilateral y sin causa justificada, por lo que ha enviado a la CNMV una copia de la carta enviada al propio Fernández Sousa en la que solicita de Pescanova la información y recursos pertinentes para poder culminar su trabajo de investigación en la empresa. La reacción del grupo pesquero no se ha hecho esperar y ayer mismo informó de un contrato con KPMG como nuevo auditor interno, precisamente el mismo que trabaja para los bancos acreedores en la investigación de los estados contables de la compañía.

La presidenta de la Comisión de Valores, Elvira Rodríguez, se enfrenta a una situación inaudita que puede derivar en un escándalo de consecuencias insospechadas para todos los agentes involucrados en la compañía. Los dos grandes socios de referencia, la empresa catalana Damm y el fondo luxemburgués Luxemport, con una participación conjunta del 12% que ya es superior a la que acredita Fernández Sousa, insisten en solicitar el relevo de los gestores como alternativa para negociar un plan de refinanciación con la banca. A falta de conocer los detalles del balance real de la compañía, Pescanova acumula una deuda estimada de cerca de 3.000 millones de euros, que ha sido contraída con más de 40 entidades de crédito y está diseminada entre un total 80 sociedades filiales en cuatro continentes.

La presentación del concurso abre una vía rápida de actuación por parte de la CNMV que tiene derecho a impulsar el nombramiento de uno de los tres administradores judiciales. No obstante, la suspensión de pagos se ha instado de forma voluntaria, lo que permite al presidente de Pescanova mantener la sartén por el mango en la negociación del convenio de acreedores. Precisamente este es el aspecto que más preocupa al regulador y el que, en definitiva, puede propiciar una medida mucho más contundente de remoción del consejo y del equipo gestor si, al final, se encuentran los resquicios legales pertinentes.