La gran banca también quería quitas en los depósitos para las cajas intervenidas

Bruselas confirmó ayer lo que había anunciado el lunes el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem (con gran revuelo mediático y duras consecuencias en los mercados): que la nueva normativa de resolución de crisis bancarias -que está en fase de debate entre la Eurocámara y los Gobiernos- podrá imponer pérdidas a los depositantes y otros acreedores de los bancos en futuros rescates de entidades insolventes. Esta nueva doctrina es lo que los bancos españoles habrían querido que se aplicara a las cajas, en vez de inyectar más de 55.000 millones de dinero público, aunque nunca lo reconocen abiertamente. De hecho, consideran que, si se hubiera hecho, el coste del rescate para el contribuyente habría sido mucho menor.

Esta nueva doctrina supone traspasar la carga de los rescates de los contribuyentes a los ahorradores, como explicaba ayer el Financial Times. Tanto el rescate masivo de la banca europea en 2009 como el de las cajas españolas de 2012 se han hecho casi exclusivamente con dinero público que, se supone, algún día se recuperará gracias al saneamiento de las entidades. A partir de ahora, se trata de disminuir esa carga para las arcas de los Estados; según numerosos medios, por imposición de Alemania, que tiene elecciones en septiembre y donde los ciudadanos están hartos de aportar dinero para rescatar a los "irresponsables" Gobiernos y bancos de los países periféricos.

 

A cambio, los depositantes y, seguramente, los tenedores de deuda senior tendrán que asumir pérdidas como las que han sufrido los accionistas y los tenedores de híbridos (preferentes y deuda subordinada), que son los únicos que han compartido la carga del rescate hasta ahora. El único límite es el de los depósitos por debajo de los famosos 100.000 euros, que en teoría están asegurados por los Fondos de Garantía de Depósitos de los distintos países europeos, tal como se acordó en 2008, aunque el primer plan de Chipre ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de esta garantía.

 

Y esa es una forma de actuar que les parece bien a los banqueros españoles, aunque lo digan en privado. Pero sus declaraciones públicas traslucen esta satisfacción con el cambio de la UE. Por ejemplo, Josep Oliu, presidente del Sabadell, recordó el lunes que los depósitos por encima de 100.000 euros tampoco están garantizados en España, "por lo que no hay que entender esto [lo ocurrido en Chipre] como una señal de alarma". Es decir, dio a entender que le parece normal que los depositantes -por encima de ese nivel- sufran quitas en los rescates, aunque rápidamente añadió que "Chipre es un caso muy específico, por la influencia griega, turca y rusa. Y no se puede extrapolar" a nuestro país.

 

La propia patronal de la banca, la AEB, emitió ayer un comunicado en el que afirma que "el Acuerdo del Eurogrupo sobre Chipre, que supone un paso muy importante para garantizar la integridad del euro y su estabilidad futura, demuestra la necesidad de identificar, reestructurar y resolver las entidades de crédito no viables". Por tanto, se muestra satisfecha con la solución adoptada. Ahora bien, a continuación rebaja el tono: "Eso es precisamente lo que se ha terminado de hacer en España en 2012 con el Memorando de Entendimiento acordado con la Eurozona, que en ningún caso contempla pérdidas para los depósitos bancarios".

 

No está claro que sean viables después del rescate

 

No obstante, el mismo comunicado vuelve a criticar el rescate de las cajas con dinero público: "Los bancos de la AEB han realizado el saneamiento de sus activos e incrementado el capital de sus balances por sus propios medios, sin ayudas públicas de capital". Su presidente, Miguel Martín, se ha mostrado muy crítico en los últimos años con las inyecciones de dinero público y ha defendido siempre que no se efectúen para mantener vivas entidades inviables, sino para asegurar la solvencia de las viables.

La semana pasada, Martín (exgobernador del Banco de España) llegó a expresar sus dudas respecto a que las entidades rescatadas puedan salir adelante incluso con el dinero público recibido. "Sin ayudas públicas eran absolutamente inviables. Una vez que han recibido ingentes ayudas, ¿son viables? Es una pregunta tremenda, lo llevamos diciendo desde 2010, que se estaba inyectando capital sin garantías de que sean viables". A su juicio, "la única seguridad es vender las entidades, si es posible a un banco extranjero viable, o español en segundo término".

 

Preguntado por las entidades concretas, el presidente de la AEB dijo que "Bankia es viable si lo hace bien y no dudo de que lo va a hacer bien", mientras que "CatalunyaCaixa no es viable; no por su gestión, sino porque tiene un modelo de negocio que no la hace viable. Habría que poner tal cantidad de dinero que no compensa", a su juicio.

 

¿Es más barato rescatar o liquidar?

 

La alternativa para reducir esas ingentes ayudas públicas habría sido dejar quebrar a las entidades inviables y responder de los depósitos garantizados, como se va a hacer con el segundo banco de Chipre, Laiki. Algo que defienden economistas significadamente liberales como Carlos Rodríguez Braun o Juan Rayo, porque creen que habría reducido mucho la factura del contribuyente. Pero los Gobiernos españoles, tanto el de Zapatero como el de Rajoy, se han negado en redondo a "liquidar" entidades, hasta el punto de montar una 'subasta exprés' para colocar Banco de Valencia a cualquier precio, cuando Bruselas exigía su liquidación.

 

El argumento más empleado para negarse a la liquidación es que sale más cara que inyectar capital a las entidades y subastarlas. Pero esto no está tan claro a la luz de los últimos informes de Bruselas sobre las nacionalizadas. En el citado banco valenciano, la Comisión Europea estima que ha recibido o recibirá 7.225 millones en ayudas públicas (incluyendo el efecto del traspaso de activos tóxicos a Sareb), mientras que liquidarlo habría costado como máximo 7.400 millones. Si tomamos cifras del FROB, el coste máximo de su venta para el erario público será de 6.000 millones: los 4.500 millones del rescate, más los 1.000 inyectados por el FROB, más una pérdida por el EPA concedido a La Caixa de entre 300 y 600 millones como máximo. Frente a eso, un estudio de tres expertos independientes estimaba el coste de liquidación en 6.340 millones de euros. Una diferencia muy justa, y más si al final las pérdidas del EPA son mayores de lo calculado.

 

Y en el caso de CatalunyaCaixa, el FROB estima que la opción de liquidarla tendría un coste de 17.846 millones si se llegara a un procedimiento concursal, frente a las ayudas públicas recibidas de 12.052 millones: 9.084 del rescate europeo más 1.250 del FROB 1 (preferentes) y 1.718 del FROB 2 (acciones); el Fondo ya ha dado por perdidas las dos últimas cantidades y en la reciente subasta fallida nadie ofreció un euro de los 9.000 millones del dinero del MEDE. En este caso, la Comisión Europea no ha estimado el coste de cerrarla.