La UE limita los bonus de los banqueros al doble de su salario fijo

La Comisión y el Parlamento Europeo están dando los últimos retoques a un acuerdo para prohibir que los bonus de los banqueros superen el doble de su salario anual. Un primer borrador del pacto ha visto la luz tras una reunión mantenida por miembros del Parlamento Europeo y de Chipre (que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión), si bien el acuerdo está supeditado a lo que se pueda establecer en una ley europea sobre capital bancario, según publicó ayer la agencia Bloomberg.

La norma limitaría los bonus a la misma cantidad que el salario fijo, pero dejando abierta la posibilidad de aumentar esa cifra con el visto bueno de los accionistas hasta un máximo del doble del salario, ha informado la europarlamentaria Sharon Bowles. En palabras de Philippe Lamberts, portavoz del Partido Verde Europeo, “estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo,  podría estar cerrado para la semana que viene”.

Las negociaciones se producen en un contexto en el que los legisladores europeos están embarcados en una cruzada para reorientar a las entidades bancarias hacia la concesión de créditos en detrimento de la obtención de beneficios. De hecho, la indignación popular y algunas rebeliones internas ya han provocado casos como el de Citigroup, cuyos accionistas rechazaron el plan de pagos a los ejecutivos, o el del exCEO de Barclays Robert Diamond, que tuvo que renunciar a parte de su compensación por las presiones de los inversores antes de su dimisón por el escándalo del Líbor.

En cualquier caso, un acuerdo sobre los bonus sería parte de un pacto mayor que también abordaría cuestiones como un ratio de apalancamiento para las entidades bancarias. Las negociaciones continuarán el próximo 18 de diciembre con el objetivo de que a final de año esté lista una revisión de las normas establecidas en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del año 2010.

Los principales puntos que siguen pendientes de resolución son el margen que se debería otorgar a los supervisores de cada Estado para establecer normas de capital más duras que las impuestas por la UE, y qué recargos de capital deberían exigirse a los bancos considerados sistémicos.