El Gobierno quiere que Estado, inversores y entidades ganen con el 'banco malo'

El Gobierno ha incurrido en una serie de importantes contradicciones en la presentación de su tercera reforma financiera. Así, se ha desdicho en la posibilidad de que las preferentes recuperen el 100% de su valor y en el papel del Fondo de Garantía de Depósitos en la resolución de entidades inviables. Pero la mayor incoherencia es la referida a la valoración con la que los activos serán transferidos al 'banco malo': por un lado, se asegura de que no estará muy por debajo del valor en libre menos las provisiones exigidas por los 'decretos De Guindos', lo que implica escasas pérdidas adicionales para las entidades; por otro, de que atraerá sin problemas a inversores privados con las expectativas de rentabilidad.

"La valoración es la clave", reconoció el ministro Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la reforma. "Los precios de transferencia de los activos tienen que ser adecuados para que la sociedad no genere pérdidas a lo largo de su vida y minimice el impacto para el contribuyente". Esto significa que la valoración a la que el 'banco malo' va a comprar los activos de las entidades rescatadas debe ser lo suficientemente baja para asegurar una rentabilidad atractiva.

De hecho, fuentes de Economía aseguran que "el objetivo es diseñarlo con el suficiente atractivo para captar a los inversores privados". "La clave es que tenga una estructura de capital adecuada y una perspectiva de rentabilidad atractiva. Si es así, todo el mundo querrá entrar", aseguran estas fuentes, que llegan a decir que "de lo contrario, es que está mal diseñado o no ofrece los incentivos adecuados; no tiene por qué fallar".

Para ello, hay que ofrecerles una rentabilidad atractiva, que se basa en que los precios a los que se traspasen los activos al 'banco malo' sean muy bajos. De esta forma, habrá un margen importante de ganancia a lo largo de los 15 años en que De Guindos cifró el viernes la vida de la sociedad de gestión de activos. Además, el Ejecutivo cuenta con que en ese plazo se recupere el ciclo inmobiliario, lo que aumentará ese potencial de ganancia. Esa rentabilidad esperada es la base en que se apoya la afirmación tanto de De Guindos como de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el 'banco malo' no tendrá coste para el contribuyente.

Estas afirmaciones hacen pensar en unos precios muy bajos, cercanos al valor del mercado de los activos (un mercado que existe para la vivienda terminada en zonas urbanas pero no en zona de costa ni para el suelo, donde el precio tiende a cero). En ese caso, las entidades rescatadas deberían asumir las pérdidas entre su valoración actual y la del 'banco malo', y como no tienen capacidad para asumir esas pérdidas, tendrían que recibir dinero del rescate para ello.

No espera muchas pérdidas respecto a las provisiones

Sin embargo, el Gobierno asegura que estos precios no serán muy inferiores a los resultantes de restar al valor en libros (el valor al que se financiaron los activos en la burbuja) las provisiones exigidas por los dos Reales Decretos aprobados en febrero y mayo, que exigen importantes descuentos tanto para los activos tóxicos como los sanos. "En general estas provisiones son bastante altas, le pérdida adicional de la enajenación de los activos no tiene por qué ser muy significativa", según fuentes de Economía.

Ahora bien, estas provisiones implican mantener un 20% del valor inicial para el suelo y un 65% para la vivienda terminada, valores que se antojan muy elevadas para asegurar esa rentabilidad prácticamente garantizada que promete el Ejecutivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que los inversores más interesados en participar en este vehículo, los llamados 'fondos buitre', pretenden entrar en el mercado inmobiliario español a precios de derribo para maximizar su ganancia potencial. Y estos precios determinados por el valor en libros menos las provisiones no parecen acercarse ni de lejos a esas valoraciones de saldo que persiguen estos inversores.

Por tanto, no está nada claro cómo se resuelve esta contradicción. O bien las valoraciones tendrán que ser más bajas que las impuestas por los decretos, o bien no será tan fácil obtener ganancias con el 'banco malo' y atraer inversores privados. Y eso que el Gobierno está tan confiado en su capacidad para atraerlos que ha establecido que el FROB no podrá tener más del 50% del capital del 'banco malo' y que la mayoría quedará en manos de estos inversores.

Más contradicciones

No es la única contradicción en que ha incurrido el Ejecutivo a propósito de este nuevo decreto. Así, éste establece que los titulares de participaciones preferentes de las entidades rescatadas tendrán que acudir obligatoriamente a los canjes que determine el FROB y que éstos no podrán ofrecer un precio superior al de mercado más un 10%, lo que implica la asunción de enormes pérdidas por los inversores. Sin embargo, unos días antes de la aprobación, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, aseguraba que el Gobierno está negociando una fórmula para que los atrapados en estos activos puedan recuperar el 100% de su inversión.

Otra importante contradicción se da en el papel del Fondo de Garantía de Depósitos. De Guindos aseguró el viernes que su nueva función sería garantizar exclusivamente los depósitos de los clientes hasta el conocido máximo de 100.000 euros por cuenta. De ahí que desaparezca del accionariado del FROB y que se quede sin competencias en el rescate de entidades. Sin embargo, el decreto permite que el FGD ayude a los compradores de entidades intervenidas otorgando garantías, concediendo préstamos o créditos y adquiriendo activos o pasivos.

Ahora bien, tal y como adelantó El Confidencial, estas actuaciones tendrán un límite para evitar que se produzca otro caso como el de la CAM, en el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tuvo que ofrecer unas garantías contra pérdidas enormes al Banco Sabadell para que se quedara con la maltrecha caja alicantina.