Unilever pinchó el correo a uno de sus directores por dar trato de favor al chef Martín Berasategui

La multinacional angloholandesa Unilever, gigante que integra marcas como Dove, Rexona y Knorr, investigó a uno de sus altos directivos en España, P. J. F. A., por temor a que pudiese estar comprando favores para afianzar su poder dentro de la estructura de la empresa. Y para conocer hasta dónde llegaban sus tentáculos, ordenó investigar a proveedores y a empresas que supuestamente le servían para sus fines. Pero no sólo eso: quería controlar incluso el correo electrónico sin que el directivo se enterase.

Es muy reveladora una conversación telefónica interceptada al hacker Matías Bevilacqua, encargado de investigar el ordenador del directivo. Bevilacqua fue el técnico que también pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, a quien investigó la competencia: “Pinchamos en Outlook, lo conectamos vía Imap, hacemos una réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el despacho y, si funciona, ya no tenemos que hacer nada más”.

Quien encargó el espionaje a Fernandes fue la directora nacional de recursos humanos de la multinacional, Yolanda Menal, según consta en el sumario del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona. Este sumario, que tiene ya 57 tomos, se abrió hace algo más de un año, cuando la unidad de Seguridad Privada de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía comenzó a investigar la compraventa de datos confidenciales de particulares y de empresas en el marco de lo que se conoce como Operación Pitiusa. Por el momento, hay ya más de 183 implicados en el macrosumario.

Unilever fue una de las primeras compañías en ser investigadas tras la apertura de las investigaciones. La empresa sospechaba que Fernandes -que según algunas fuentes también estaba dispuesto a irse a la competencia como alto cargo de otra multinacional- tenía acciones en el grupo Caterdata, uno de los principales proveedores de la propia Unilever. Su esposa también estaba vinculada al mismo grupo.

Fernandes, que además de diferentes cargos en empresas del grupo era director general de Unilever Foodsolutions España, tenía importantes contactos con el mundo de la restauración, en especial con el cocinero Martín Berasategui y con el Celler de Can Roca, actualmente considerado el segundo mejor restaurante del mundo. En la compañía sospechaban que Fernandes podía dar un trato de favor a sus clientes vip para afianzar su posición dentro de Unilever.

En las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial se evidencia que tras acceder a su ordenador encontraron algunas partidas de gastos con estos clientes. “Sí, se encontraron gastos que nos llamaron la atención. Como facturas de comidas en el Celler de Can Roca por 3.000 euros y otros gastos relacionados con Berasategui. En total, los gastos de representación podían ascender a unos 10.000 euros mensuales. Lo que se sospechaba es que se sirviera de su relación con estos clientes para presionar a Unilever y que ésta diese un mejor trato a Caterdata. O incluso agasajarlos con fondos de Unilever y luego llevárselos a la competencia”, señala a El Confidencial una fuente cercana a la empresa.

1.800 euros por cada ordenador ‘analizado’

Para conseguir neutralizar al directivo, la multinacional contrató a detectives. Según se desprende de las intervenciones telefónicas, Menal habló con el a.t. manager informático para conseguir informaciones del ordenador de F. A. En un momento determinado, pide a su interlocutor que consiga los historiales de las empresas Cater Eventos y Vivencia y que, dependiendo de los datos que se consigan, los utilizarán en la carta de despido. Lo más sorprendente es que también reconoce que tiene copia de “todos los documentos del investigado” porque se los han descargado en su ordenador. Para que no quede ninguna duda, en otra conversación posterior, el hacker habla con un detective y hace referencia a la descarga del correo personal de F.A.. Por si fuera poco, establecen el precio por cada ordenador analizado: 1.800 euros.

La red también consigue documentos del fisco de las empresas presuntamente relacionadas con el directivo de Unilever. Según el rastro que se sigue por las conversaciones telefónicas, la detective Sara D. encarga los documentos de Hacienda a Juan Manuel Olivera, propietario de Vertex (la compañía que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y a Carlos Estévez, de Minas Río Tinto). Para realizar las gestiones, Sara cobra 6.000 euros, de los que paga 4.000 a Olivera. Éste, a su vez, encarga los datos confidenciales a otro detective de Madrid, Juan Antonio Sáez, al que paga 2.500 euros. Y éste contacta con Juan Antonio Rama, un intermediario con domicilio en Cantabria, al que paga 1.800 euros. En el último lugar de esta rueda está un funcionario de nombre Fernando, que recibe sólo 310 euros por facilitar la información, es decir, por extraer de Hacienda la información que le pedían.

Y destacan la transcripción de una conversación de Matías Bevilacqua, que explica lo que ha de argumentar el abogado de Unilever para despedir al directivo: “Se le anuncia que se ha abierto una investigación. Ha habido un empleado que... nos ha hecho llegar cierta información que apunta a usted... Usted pasa a estar en situación de permiso retribuido. Aquí está el notario, esta persona es un técnico que va a llevar a cabo una imagen...”. Los informes del sumario destacan que la intención de Unilever es presentar en el juzgado los datos conseguidos como medida de presión. A través de las conversaciones telefónicas detectan, asimismo, que le van a ofrecer un permiso retribuido como salida “menos mala” y, ante notario, “le intervienen y revisan su ordenador, dándole así cobertura legal a las informaciones que ya tienen y que han extraído de a su ordenador de la forma ya explicada [es decir, interviniéndolo ilegalmente]”

El caso de Du Pont

El mismo equipo que trabajó para Unilever se encargó de intervenir también los ordenadores de tres empleados de la multinacional Du Pont, a los que la compañía quería despedir: Daniel C., Lourdes G. y Tomás C. Quien encargó las investigaciones en esta ocasión fue el director del gabinete jurídico, José Luis Badia, que tiene su despacho en Ginebra. Tal era el volumen de los datos analizados en esta ocasión que en septiembre pasado accedieron a los discos duros de los correos, que contenían 13 gigas de documentación. Los informes que obran en el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos electrónicos de los empleados se realizan para “motivar el despido”.

Sara D., una de las detectives que intervino en las operaciones, reconoció a El Confidencial las investigaciones realizadas, pero negó que hubiesen pinchado ilegalmente los correos. “Lo que hicimos fueron análisis forenses ordenados con garantías procesales. Realizamos capturas de correos con un notario presente y con el consentimiento siempre de los afectados. Existen las actas notariales que lo certifican. Lo que pasa es que si hay transcripciones telefónicas de conversaciones, pueden haberse sacado de contexto algunas afirmaciones”. Además, subraya que “el asunto de Du Pont llegó ya a los tribunales y la sentencia nos fue favorable”.

*Nota de redacción:

El chef Martín Berasategui se ha puesto en contacto con 'El Confidencial' para aclarar lo siguiente:

"Ante la noticia aparecida en El Confidencial con fecha 8 de junio de 2012, bajo el título “Unilever pinchó el correo a uno de sus directores por dar trato de favor al chef Martín Berasategui”, el citado Sr. Berasategui desea manifestar que no ha existido trato de favor alguno por parte de ningún directivo de Unilever ni de cualquier otra empresa. El cocinero donostiarra quiere dejar constancia de que a lo largo de su carrera no ha recibido ni trato de favor ni presiones por parte de nadie y que todos los contratos comerciales que ha mantenido se atienen a la ley y son de una transparencia y honradez fácilmente verificables".