El Gobierno hace la vista gorda con otros 30.000 millones de morosidad corporativa

Reyal Urbis anunció en junio de 2011 el inicio de los trámites para refinanciar por tercera vez en menos de tres años una deuda de 4.665 millones. Un proceso del que once meses después no se sabe nada. Eso sí, la compañía en el último ejercicio perdió 216 millones. Un préstamo que fuentes financieras dan por hecho que la banca nunca cobrará.

Este tipo de créditos sindicados son los que el Gobierno ha dejado fuera de la reforma bancaria anunciada el pasado viernes, lo cual ha suscitado críticas entre los principales bancos de inversión del mundo. A ninguno de ellos se le escapa que la mayoría de las refinanciaciones llevadas a cabo en los últimos dos años se hicieron en falso porque gran parte de las compañías no son capaces de pagar.

El caso de Reyal Urbis no es una excepción. Más bien, una norma. En marzo, Uralita consiguió alargar hasta 2014 el vencimiento de deuda bancaria por casi 300 millones de euros que llevaba meses sin abonar. Un acuerdo facilitado por Banco Santander, la misma entidad que en diciembre asumió la mayor responsabilidad en el aplazamiento de 2.500 millones de euros a Sacyr Vallehermoso por su fallida inversión en Repsol.

“Lo que está haciendo Santander es dar patadas para adelante con poco sentido, salvo el de no quedarse con las acciones del moroso en ejecución de la garantía”, explican fuentes de una firma internacional especializada en situaciones de alto riesgo. La maniobra tiene como objetivo evitar hacer provisiones millonarias y quedarse con el activo, como ocurrió en los fallidos procesos de Metrovacesa y Colonial.

Lo mismo han hecho BBVA, Bankia y Caixabank con préstamos por más de 4.000 millones de euros a ACS. La constructora ha conseguido no tener que hacer frente a líneas de financiación por la compra de Iberdrola y Hochtief hasta diciembre de 2014 y principios de 2015.  Estas tres entidades, junto a otras internacionales, han sido flexibles con el grupo presidido por Florentino Pérez pese a que el holding arrastra estos sindicados desde 2006 y tan solo ha podido amortizar cerca de un 10% del importe.

Las constructoras, en el punto de mira

Las constructoras son las mayores protagonistas de estos créditos corporativos que la banca se resiste a ejecutar. La mayoría estás implicadas en el capital de las autopistas de peaje que se desarrollaron en la época del boom. Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr e Isolux tiene participaciones en estas obras de infraestructuras que lleva más de un año en situación técnica de quiebra. Un agujero que supera los 2.000 millones de euros y que el Gobierno, como garante final ante la banca, no consigue dar solución.

Los casos de préstamos de dudoso cobro son muchos más. GAM, la empresa de maquinaria para la construcción que lleva varios años en pérdidas, también ha conseguido árnica por 500 millones. Su principal competidor, HUNE, ha dejado un agujero de 500 millones con Banesto como principal acreedor.

Vallehermoso, que apenas consigue vender viviendas, hizo lo propio en 2011 por 1.600 millones. Quabit, la antigua Astroc, firmó en enero su tercera refinanciación por 1.300 millones. Cementos Portland tiene un vencimiento de 500 millones en junio, cuyas condiciones ya ha incumplido. Su matriz, FCC, firmó hace unos meses extender 438 millones de deuda de otro sindicado.

El sector de la distribución es otro foco de riesgo de gran dimensión, especialmente de aquellas empresas que fueron adquiridas por firmas de capital riesgo. Telepizza está negociando con la banca más tiempo para hacer frente a 600 millones de deuda, mientras Eroski tiene un problema similar, pero por el doble de volumen. Algo parecido sucedió con los 300 millones impagados de Dinosol.

Fuentes financieras apuntan a que estos préstamos corporativos de difícil cobro superan de largo los 30.000 millones, un problema que el Gobierno ha dejado de lado en la reforma. Solo Gas Natural tiene 19.000 millones pendientes de la compra de Unión Fenosa, un activo que ahora vale la mitad. “Se sabe que muchos son incobrables, pero reconocerlos supondrían pérdidas de gran dimensión y quedarse con acciones de empresas de dudosa solvencia”, expone el expresidente de un banco internacional en España.

Otro ejecutivo expone que “los valoradores independientes que elija el Ministerio de Economía deberían de poner de manifiesto esta morosidad latente. Tiene que hacer una auditoria exhaustiva y reconocer los impagos aunque eso suponga hacer ejecuciones de acciones como las de Iberdrola, Reyal, Sacyr Vallehermoso , Repsol y otras parecidas”. Un tercer banquero recuerda que no hay que olvidar que los principales accionistas de estas empresas, como Esther Koplowitz, los Albertos, Florentino Pérez, Juan Abelló, Manuel Manrique, también tienen serios problemas de pago.