La amnistía fiscal no salvará a Emilio Botín del caso de las cuentas en Suiza

Emilio Botín no podrá acogerse a la regularización fiscal aprobada el viernes por el Gobierno para zanjar su caso de supuesto fraude fiscal por tener cuentas ocultas en el HSBC de Suiza. Esta amnistía fiscal parcial no se aplicará a aquellos contribuyentes a los que ya se hubiera notificado por parte de Hacienda el inicio de procedimientos de comprobación o investigación para determinar las deudas tributarias correspondientes, como es el caso del presidente del Banco Santander.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que este sábado publica el real decreto ley que recoge las medidas tributarias para reducir el déficit público aprobadas por el Consejo de Ministros.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció después del Consejo de Ministros de este viernes esta medida "excepcional" para este año. En concreto, la amnistía fiscal se aplicará para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un "gravamen especial" del 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización, sanción o responsabilidad penal derivada de un delito contra la Hacienda Pública, y por la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros.

Sin embargo, esta exoneración no será de aplicación en el caso de Emilio Botín, su hermano Jaime y 10 hijos de ambos, implicados en el escándalo de las cuentas ocultas en Suiza. Como se recordará,  el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el 16 de junio del año pasado una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra todos ellos ante la inminente prescripción de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El motivo era la ocultación en el banco HSBC en Suiza de un patrimonio que superaría los 2.000 millones.

La familia Botín reconoció ese mismo día haber ingresado en Hacienda 200 millones por este caso y sus abogados insisten en que con eso han cumplido todas sus obligaciones tributarias. Sin embargo, los inspectores de Hacienda no se dieron por satisfechos y encontraron indicios de que podría no ser suficiente. Además, el auto del juez Andreu señala que el volumen y la complejidad de la documentación aportada requiere más tiempo para investigar. De ahí que se diera traslado al fiscal para evitar que el ejercicio 2005 prescribiese el 30 de junio de 2011.

Este caso ha tenido como consecuencia la imposición de una sanción muy grave por parte de la CNMV a Jaime Botín por ocultar su participación real en Bankinter, la cual sigue siendo hoy un misterio. No obstante, el Ministerio de Economía ha congelado su inhabilitación como banquero.

Este mismo viernes, el propio Emilio declaró públicamente que espera que la Audiencia Nacional "archive pronto" esta causa, si bien en el último auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el pasado 14 de marzo sobre el caso, el tribunal recordó a los investigados que sí existe una demanda presentada contra ellos por parte de la Agencia Tributaria y que de las regularizaciones practicadas de forma extemporánea "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública"

Sólo hay que pagar por el capital inicial, no su rentabilidad

Otra de las novedades que introduce el citado Real Decreto es que el gravamen del 10% se aplica al valor de adquisición de los bienes en que esté invertido el dinero. Eso significa que, si se trata de dinero negro con bastante antigüedad, los defraudadores podrán librarse de sanciones pagando sólo por el dinero original, sin tener en cuenta la rentabilidad acumulada a lo largo de los años.

Si han pasado suficientes años o el dinero está invertido en activos que han producido elevadas rentabilidades a largo plazo (inmuebles, bolsa, etc.), las ganancias acumuladas pueden ser muy superiores al capital inicial. Sin embargo, estaran exentas de tributación a la hora de regularizarse, según especifica también e BOE.