Cerco judicial a Alfonso Barón, el 'sobrinísimo' de Ruiz Mateos

A los Ruiz-Mateos se les complica cada día más su futuro en los juzgados. Una nueva querella interpuesta ayer en la Audiencia Nacional por Joaquín Yvancos, el que fuera jefe de la asesoría legal de la familia durante 27 años, afirma que gran parte de los casi 400 millones de euros que 4.000 ahorradores invirtieron en pagarés han podido terminar en paraísos fiscales. La denuncia aporta nuevas líneas de investigación y pide cárcel para los seis hijos varones, que ya están imputados junto a José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero en el Juzgado Central número 5.

La querella también va dirigida contra otro integrante de la familia, Alfonso Barón Rivero, sobrino de la matriarca del clan y la persona de confianza encargada de dirigir el entramado internacional financiero desde los tiempos de la antigua Rumasa. Según las fuentes consultadas, grandes cantidades de dinero han sido enviadas a lo largo de los últimos 30 años, una operativa que dentro de la estructura del grupo de la abeja se conocía como el "fondo Barón", la cuenta a la que se destinaba el dinero.

Director en Frankfurt de uno de los bancos de la antigua Rumasa y supervisor de la cartera de negocios internacionales que se libraron de la expropiación de 1983, Barón ha "funcionado desde siempre con despacho fiduciarios de abogados en Ámsterdam, Ginebra y Frankfurt, y ello ha sido de vital importancia para materializar tales desvíos dinerarios, para lograr la salida del dinero de los inversores, hacia el exterior de España, con un fin de ocultación o sustracción al control de las autoridades", según consta en el texto de la querella.

Según estas acusaciones, Alfonso Barón sería el responsable de la creación y supervisión de un "fondo de reservas" que tendría como función atender las necesidades y deudas de Nueva Rumasa en tiempos de crisis económica o financiera. Cada vez que las sociedades del grupo obtenían plusvalías en las ventas de sociedades en el extranjero, como un viñedo en Argentina por unos 40 millones de euros u hoteles en Estados Unidos de unos 30 millones, estos beneficios se transferían a cuentas en bancos suizos.

El esquema internacional de Nueva Rumasa descansaría sobre un triángulo en el que Barón es la cabeza visible. Sin embargo, además del papel del sobrino, la denuncia presentada en la Audiencia Nacional va también dirigida contra una de las hijas, Rocío, a pesar de estar jurídicamente apartada de las gestiones del grupo, y contra su marido Luis Ojeda, responsable de banca privada en Ginebra para Deutsche Bank, “al cual visita periódicamente su cuñado José María Ruiz-Mateos Rivero”, según aporta la denuncia.

El entramado internacional de Nueva Rumasa es de una complejidad mayúscula. Incluye decenas de sociedades mercantiles radicadas en lugares como Belice, Panamá o las Antillas Holandesas. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, la familia Ruiz-Mateos manejaba una red de 212 sociedades activas, entre las nacionales y las extranjeras, a través de las cuales realizada compraventa de acciones, transacciones corporativas y flujos de capital entre sociedades controladas por la familia.  

El 'liquidador' Angel de Cabo, también denunciado

Entre los denunciados también está Ángel de Cabo. El liquidador de algunas de las empresas de los Ruiz-Mateos es acusado de haber participado en la falsificación de pagarés. "En la primera semana de agosto de 2011, y por orden directa de D. Ángel de Cabo, antes incluso de producirse la compraventa del Grupo, los hermanos Ruiz-Mateos Rivero, enviaron a las oficinas de Valencia todos los ordenadores, impresoras, y documentos originales de las 13 sociedades emisoras de pagarés, junto con las firmas originales de sus administradores y avalistas. Se sospecha, con fundamento, que se pretende la elaboración de pagarés falsificados, para su puesta en circulación entre personas de confianza, quienes tras proceder ante el Juzgado correspondiente, instarían las correspondientes periciales caligráficas, y provocarían el caos entre todos los inversores, al simular  que muchos de los reclamantes por el incumplimiento de los pagarés, estarían procediendo de modo ilícito o injusto contra la familia Ruiz Mateos Rivero".

La querella atribuye a los denunciados los delitos de apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes, administración desleal y falsificación de documento mercantil, pero deja fuera de responsabilidad al patriarca y a su esposa. El texto incluye también informaciones reveladas por El Confidencial, como un posible delito de alzamiento de bienes en la venta de obras de arte propiedad de una empresa embargada o los cuantiosos donativos a congregaciones religiosas que se habrían realizado con cargo al dinero que los inversores pusieron en los pagarés y que cifran en más de 10 millones de euros.