Novagalicia paga 50 millones con dinero público para evitar otro pleito judicial

Novagalicia empieza a acostumbrarse a solucionar los problemas de gestión de su pasado más reciente con dinero público. La entidad gallega ha abonado 75 millones de euros a Manuel Añón para solventar un litigio por el que el empresario reclamaba los 100 millones que invirtió en Corporación Caixagalicia en noviembre de 2007, en pleno boom de los mercados financieros.

La entidad presidida por José María Castellano envió el pasado viernes una escueta nota en la que aseguraba que, fruto de un arbitraje extrajudicial, había acordado con el dueño de Hierros Añón la recompra de su participación del 5,57% en el brazo industrial de Novagalicia Banco. Además, ambas partes habían pactado la reinversión parcial de la cantidad recibida por el empresario gallego en acciones de Novagalicia Banco.

En concreto, un 1% del capital del nuevo banco fruto de la fusión de Caixagalicia y Caixanova actualmente en manos del Estado –tiene el 93% del capital- a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ese porcentaje del capital está valorado en 26 millones de euros si se toma como referencia los 2.640 millones en los que se tasó la institución financiera cuando el Banco de España le inyectó el dinero público el pasado 30 de septiembre.

Sin embargo, el comunicado omitía cualquier referencia al dinero pagado a Añón, el cual había llevado a los tribunales a Novagalicia por las discrepancias sobre la recuperación de los 100 millones que aportó a Corporación Caixagalicia hace cinco años. El empresario exigía toda la inversión al denunciar que la entidad financiera no había cumplido con sus compromisos de rentabilidad.

Para cerrar el proceso judicial, Castellano ha acordado pagarle 75 millones a Añón, 26 millones mediante acciones de Novagalicia y cerca de 50 en dinero en metálico. Ese desembolso sale de la aportación que hizo el Estado en el banco dirigido por el exvicepresidente de Inditex. El resto, hasta llegar a los 100 millones de inversión inicial, han sido descontados de los dividendos que recibió su sociedad mercantil durante los cuatro primeros años.

De esta manera, Añón consigue lo que tenía firmado en el contrato que selló con José Luís Méndez, presidente de Caixagalicia en 2007. Según aquel acuerdo, la caja le compraría su participación en cinco años sin pérdida de valor y se comprometía a encontrarle un comprador a su participación si tras un plazo de dos años expresaba su deseo de deshacer su inversión o si la caja formaba parte de alguna operación corporativa, como así ocurrió.

El caso de las indemnizaciones millonarias

Corporación Caixgalicia tenía un valor de 2.400 millones cuando Añón entró en su capital, si bien el empresario aportó sus 100 millones con un descuento del 25%. Por lo tanto, la jugada parecía perfecta y el riesgo totalmente acotado conforme a la letra del documento. Sin embargo, el valor de la cartera industrial y financiera de Novagalicia es actualmente muy inferior, sobre todo por los desplomes de inversiones como Sacyr Vallehermoso, Caser y Banco Etchevarría. Y eso que la corporación consiguió grandes plusvalías con las ventas de participaciones históricas como la de Unión Fenosa o más recientes como la de Galp, Brisa y EDP.

Novagalicia también ha utilizado la chequera del Estado para retribuir con indemnizaciones millonarias a varios de los primeros ejecutivos de las dos cajas fusionadas. En concreto, se ha gastado cerca de 30 millones en retribuir a los dos primeros espadas de Caixgalicia y Caixanova –Javier García de Paredes y José Luís Pego-, así como al responsable del negocio inmobiliario –Gregorio Gorriarán- y a uno de los directivos encargados de la integración, Óscar Rodríguez. Además, Mendez percibió cerca de 11 millones de euros brutos por su plan de pensiones. Hasta la fecha, el único que ha devuelto parte de esos pago ha sido García de Paredes, que redujo su retribución a cerca de 4 millones frente a los 10 que le correspondían.