Iberdrola le gana el pulso a ACS al desestimar el juez su entrada en el consejo

Iberdrola ha ganado el primer asalto a ACS en la batalla legal que dirimen ambos grupos. El titular del Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Bilbao ha desestimado la petición de la constructora presidida por Florentino Pérez de impugnar la pasada junta general de accionistas de la eléctrica, que le negó su entrada en el consejo de administración pese a ser el mayor inversor individual. El juez apoya la tesis del grupo energético, que se ha opuesto al holding de los March por considerarlo un claro competidor.

 

Apenas una semana después de las vistas, Marcos Bermúdez ha fallado que “debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Residencial Monte Carmelo SA contra Iberdrola”. Además, le condena a pagar las costas del juicio, cuya resolución puede ser ahora apelada en un máximo de cinco días.

 

Según el dictamen del juez, los grupos Iberdrola y ACS  “son competidores en los sectores de energías renovables e ingeniería industrial, estratégicos para Iberdrola”.Además, sostiene que “mantienen intereses económicos contrapuestos en otras áreas de negocio, concretamente en el desarrollo del coche eléctrico, en los servicios de ahorro energético y en sus relaciones comerciales como cliente/proveedor”. 

 

Por tanto, el cese de los consejeros que fueron nombrados por el grupo ACS  en el ejercicio de su derecho de representación proporcional en el consejo de administración de Iberdrola (previsto en el art. 137 de la entonces vigente LSA) encuentra amparo legal en el art. 132.2 LSA. Dicho artículo indica que “los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en sus cargos a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general”.

 

A la Junta de accionistas de Iberdrola celebrada el pasado 26 de marzo, acudió ACS con la intención de designar a un representante en el consejo de administración de la eléctrica. En ese momento, contaba con el 12,6 por ciento de las acciones, un porcentaje que se ha elevado hasta el actual 20,2%  En concreto, el grupo constructor impugnó dos de los acuerdos de esa Junta, uno de ellos fue la decisión de los accionistas de Iberdrola de destituir al consejero que había designado en esa misma Junta (José María Loizaga). El otro acuerdo era la reducción a 14 del número de miembros del consejo de administración.

 

Informes no válidos

 

De esta manera, el juez considera inválidos los informes presentados por Deloitte, Forest Partners y Solana&Huera en los que se defendía la no competencia de ACS. Según dichos estudios,el negocio de generación de energía eléctrica renovable en el año 2009, representó unas ventas de 187,01 millones de euros y un beneficio, después de impuestos de 17,75 millones. Y acepta las explicaciones de Pricewaterhouse en nombre de Iberdrola, la cual expuso que ACS ha invertido más de 5.000 millones en el sector de la energía desde 2004. Precisamente, para evitar esa comptencia, la constructora ha decidido vender sus activos en renovables, valorados en cerca de 4.000 millones con la deuda incluída. Sin embargo, el juez entiende que ambas compañías compiten en otros sectores como la ingenieria.

 

Ganado este primer asalto, la próxima semana continuará la pelea en los tribunales. Natixis, banco a través del cual ACS tiene un 5% de Iberdrola, debe presentar ante el juzgado los documentos acreditativos del contrato firmado con el holding para aclarar quien es el titular real de esa participación. La entidad francesa, defendida por Cuatrecasas, se había opuesto firmamente a esa petición, pero al final ha tenido que claudicar.

 

El último capítulo de la serie se vivirá el próximo 5 de abril por la impugnación que la eléctrica presentó sobre las cuentas de 2009 de ACS, al estimar que existe una duda muy razonable de que sean "ilícitas". Ese día la constructora deberá aportar los documentos necesarios para cuantificar las infracciones denunciadas por Iberdrola. Fuentes jurídicas aseguran que esa demanda puede caer en saco roto.