Loterías del Estado derrocha y contrata de forma irregular en plena privatización

Despilfarro, argucias para eludir la normativa de contratación, concursos con deficiente publicidad sobre los criterios de adjudicación... No es oro todo lo que reluce en Loterías y Apuestas del Estado, joya de la corona por cuya privatización parcial el Gobierno pretende obtener en torno a 5.000 millones de euros. El último Informe de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Economía de Elena Salgado, no sólo exige mayor transparencia en los contratos, sino que denuncia la externalización de actividades para las que hay personal habilitado en la casa.

“La Intervención Delegada en la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado destaca en su informe un significativo incremento en los gastos de asesoría profesional y de investigación de mercados, cuando una amplia parte de los servicios facturados por contratos de asesoría y consulta externa forman parte de las funciones encomendadas a varias de las direcciones de la entidad”, subraya el documento. Un aparente derroche cuando el Gobierno ha hecho bandera de la austeridad. Más todavía si se tiene en cuenta que “en ningún caso se ha acreditado insuficiencia de medios para proceder a dicha externalización”.

No se quedan ahí las anomalías detectadas por el IGAE. Y es que también hay irregularidades en los concursos públicos. “En Loterías y Apuestas del Estado se viene recomendando reiteradamente una mejor y más detallada publicidad de los criterios de adjudicación”, subraya el informe, publicado hace apenas días por Economía y que audita las finanzas del sector público empresarial en 2008. La Intervención recuerda que fijar de forma imprecisa los criterios de valoración en un concurso limita la concurrencia e insiste en que “los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concreto de dichos criterios”.

Convenios que son contratos

Eso cuando al menos se convoca un concurso. Loterías recurre en ocasiones a otros métodos para evitarse el engorro de la competencia. “La entidad está utilizando la forma jurídica de convenio para formalizar lo que en realidad son contratos, eludiendo con ello la aplicación de la normativa de contratación y, en particular, la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia”, apunta el informe. De hecho, se recuerda que la fórmula del convenio de colaboración “debe cuidarse al máximo” y restringirse a los casos en que haya una colaboración efectiva entre las partes, ya que si no se podrían estar amparando bajo esa fórmula “otras figuras como contratos o subvenciones”.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 3 de diciembre la privatización de una participación de Loterías y Apuestas del Estado, que el Gobierno ha estimado en torno al 30%. Una medida que, junto a la reestructuración de Aena, permitiría al Ejecutivo aliviar en alguna media el deterioro de las arcas públicas. En una entrevista con el diario Financial Times, Salgado explicaba que el Gobierno espera obtener alrededor de 8.000 millones con la venta del 49% de Aena y otros 5.000 con la desinversión de Loterías, una de las sociedades de juego más “antiguas y lucrativas del mundo”, según el propio rotativo. La valoración de la empresa, cuyo origen se remonta a 1763, estaría entre los 15.000 y 20.000 millones de euros.

Ante la posible movilización de los administradores de lotería, la ministra de Economía y Hacienda quiso dejar claro que el Gobierno va a ofrecer a los mismos que participen “en ese capital privado”. También ha subrayado que el cambio de modelo se va a producir dentro de un proceso “competitivo” y que se tendrá en cuenta “la mejor oferta”. Por su parte, el PP ha puesto en valor que Loterías aporta al Tesoro Público 3.000 millones de beneficio cada año y tiene unos ingresos anuales de 10.000 millones de euros. Razón por la que no comparte la valoración del Ejecutivo, al que ha acusado de “malvender la gallina de oro del Estado”.

Las críticas a la auditoría de Loterías no son las únicas por las que debería lamentarse la vicepresidenta segunda. De las 127 entidades del sector público administrativo analizadas en el ejercicio, tan sólo 68 reciben el visto bueno sin matices del IGAE. Apenas la mitad. El resto, cuando menos, presentan salvedades, lo cual implica que “existen circunstancias que afectan a la imagen fiel del patrimonio y los resultados que las cuentas deben mostrar”. El porcentaje no varía demasiado en el caso del sector público empresarial. El 50% de las 52 entidades auditadas presenta irregularidades de alguna índole, subrayando el documento las anomalías en sociedades adscritas al Ministerio de Fomento, como Adif, Feve o Sepes.