La lucha contra el fraude fiscal, en manos de ‘caza-recompensas’

No son mayoría, pero sí una cifra alarmante. El 43% de los españoles justifica el fraude fiscal. No sólo eso, sino que los ciudadanos también perciben que, en los últimos años, la evasión de impuestos ha aumentado. Sin embargo, este problema no es sólo español y otros países con arcas afectadas por una contabilidad imaginativa se han puesto manos a la obra, como es el caso de Reino Unido.

El Gobierno Cleggeron (acrónimo para definir la alianza entre David Cameron y Nick Clegg) ha puesto precio a las cabezas de los defraudadores. El chivatazo sobre prácticas fiscales fraudulentas por parte del vecino supondrá una recompensa del 5% de lo que se ahorren las arcas de la seguridad social de Su Graciosa Majestad. Los perseguidos serán aquellos que defrauden en sus reclamaciones al Estado. Por ejemplo: una persona que reciba pensión por invalidez y, sin embargo, siga trabajando en negro.

El fraude a la seguridad social se estima en unos 5.700 millones de libras (unos 7.000 millones de euros) frente a los 87.000 (105.000) que suponen los gastos en el Estado del bienestar británico. Una cifra que el Ejecutivo pretende recortar hasta en un 15%.

Los británicos se han mostrado receptivos a esta idea. Una posibilidad que no es nueva en España. El experto fiscal Félix Bornstein, consultado por El Confidencial, señala que en los años 60, los denunciantes españoles también podían acceder a una recompensa, sin embargo, con el paso del tiempo esta opción fue desechada.

Este experto se muestra contrario a la retribución por denuncia. Esta acción supondría “un engorro administrativo” e, incluso, “disfuncionalidades en el seno de la empresa”. “Habría que atar muy bien la responsabilidad del denunciante por si su denuncia es falsa”, indica. “Denuncia, sí, pero retribución, no”, concluye.

Por su parte, Rubén Manso, profesor de la Universidad de Alcalá e inspector del Banco de España en excedencia cree que esta medida es mucho ruido y pocas nueces. “Es llamativa más que otra cosa. Algún caso encontrarán, pero en el conjunto, la recaudación será más bien escasa”, afirma a este diario. Al igual que Bornstein, considera que puede tener un “efecto peligroso por denuncias-venganza”.

Mientras tanto, en España, el barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales, señalaba esta semana que el 43% de los ciudadanos justifica la evasión fiscal. La muestra elegida para este estudio son 1.500 personas repartidas por diferentes criterios de hábitat, género, edad o categoría socioeconómica.

“Se debería inculcar educación cívica sobre la necesidad de cobrar impuestos, porque se percibe como algo negativo. El otro día en la radio, una locutora señaló que era una gran noticia que, finalmente, no se subiesen los impuestos”, señala. En este punto no coincide con Manso, quien cree que para aumentar la recaudación habría que optar por “bajar los impuestos y plantear recortes”.

Además, el barómetro afirma que los españoles también perciben que el fraude ha aumentado en los últimos años. Los motivos citados por los encuestados para este aumento son varios: la impunidad de los evasores, la falta de honradez y de moral de los evasores y lo que los encuestados consideran una excesiva carga fiscal.

“Una mayor percepción no supone una mayor evasión de facto, ya que la mayoría del impuesto de la renta lo pagan los asalariados”, con lo que resulta mucho más complicado evadir, indica Bornstein. Una opinión que no coincide con un informe de PriceWaterHouseCoopers que señalaba un fuerte aumento de esta clase de delitos.

“Hay una percepción de malestar hacia los políticos y hacia cómo se han llevado los asuntos económicos durante la crisis”, añade por su parte Manso. “El contribuyente mezcla escándalos inmobiliarios, corrupción, decisiones políticas, y eso es lo que se percibe”.

En cuanto a las cargas de quienes sostienen, mayoritariamente, que los empresarios son el colectivo que más defrauda (47%), mientras que el resto de culpas se reparten entre otros miembros de la sociedad.