Ofensiva de las CCAA contra los implicados en el escándalo del HSBC para llenar sus arcas

Los implicados en el escándalo de las cuentas opacas en Suiza van a sufrir un acoso mucho más duro que los del anterior caso similar: el de Liechtenstein. En septiembre van a sufrir una doble ofensiva: por un lado, Hacienda los ha citado a todos para pasar por la inspección, independientemente de que hayan regularizado o no su situación; por otro, las comunidades autónomas van a tratar de sacar una buena tajada a cuenta de las cantidades defraudadas en el Impuesto de Patrimonio, que antes de su desaparición en 2009 estaba transferido a los gobiernos regionales.

La ofensiva de las autonomías responde a la crítica situación de sus arcas, agravada por las limitaciones a su gasto introducidas por el Gobierno central. Así que han visto en el fraude de las cuentas opacas en el HSBC una oportunidad de oro para recaudar un dinero extra. Y, según distintos expertos consultados, tienen bastantes probabilidades de salirse con la suya.

"El fraude en el IRPF puede minimizarse si los implicados justifican el origen del dinero, ya que sólo tendrían  que pagar a Hacienda por la rentabilidad obtenida por las inversiones realizadas con el mismo, no por el total. Pero es muy difícil explicar por qué no incluyeron todo en su Declaración de Patrimonio, a la que estaban obligados casi todos los presuntos defraudadores", explica uno de estos expertos. Por tanto, parece difícil esquivar el pago de este impuesto ya desaparecido, junto a los recargos y sanciones correspondientes.

La Agencia Tributaria da marcha atrás

Respecto a las inspecciones, se trata de un giro de 180 grados de la Agencia Tributaria que viene a reconocer el fracaso del famoso requerimiento enviado a los implicados y a dar la razón a los críticos con su gestión de este asunto, empezando por los propios inspectores y técnicos de Hacienda.

Cuando la Hacienda española recibió la información de la francesa en junio, optó por enviar un requerimiento de su unidad de gestión en el que invitaba a los supuestos defraudadores a regularizar su situación antes del fin de la campaña de la Renta. Este requerimiento recibió duras críticas por el agravio comparativo que suponía con el común de los contribuyentes y llegó a ser calificado de "amnistía fiscal encubierta". La reacción de Hacienda fue negar trato de favor y decir que el requerimiento no eximía de las sanciones correspondientes o de ser acusado de delito fiscal, lo que desincentivó totalmente la presentación de estas regularizaciones -de hecho, los grandes bufetes, aconsejaron no hacerlo-.

El resultado es que, según fuentes conocedoras de la situación, apenas un par de decenas de los 1.500 implicados han presentado declaraciones complementarias. Ante este fracaso, el nuevo director de la Agencia, Juan Manuel López Carbajo, destituyó a los dos máximos responsables de ivestigar este fraude y, a finales de julio, decidió acabar con las contemplaciones y citar para inspección a todos los implicados, hayan regularizado o no. Unas inspecciones que se llevarán a cabo en la segunda mitad de septiembre, según las fuentes consultadas.

Puede haber sanciones para todos

La Agencia Tributaria comprobará el origen de los fondos y la cantidad defraudada en los casos que no han regularizado. En los casos que sí lo han hecho, revisará que el contribuyente ha incluido todo el dinero que tenía en Suiza y que la declaración está bien hecha; si no es así, sufrirá las mismas sanciones que si no hubiera regularizado.

Uno de los expertos consultados destaca que uno de los principales elementos que ha disuadido a los implicados de regularizar es el precedente de Liechtenstein, donde sólo pagaron los que regularizaron mientras que los demás "se fueron de rositas". "Pero entonces no estábamos en crisis y el déficit público no se había disparado; ahora hay que recaudar dinero de debajo de las piedras".

En todo caso, el procedimiento que se inicia con estas inspecciones puede durar años y con toda probabilidad terminará en los tribunales. Y no está nada claro que el Estado pueda ganar, puesto que la prueba es un listado robado al HSBC por un empleado, cuya licitud podría ser anulada por el juez. Esta debilidad también ha incentivado la actitud de no declarar las cantidades defraudadas.