Alierta se opone a la eliminación de los blindajes impuesta por Zapatero

Mientras en el Senado se negocian las fuerzas para sacar adelante la nueva ley de auditoria, que incluye la eliminación de los blindajes en las empresas cotizadas, Telefónica  ha enviado un documento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que justifica el mantenimiento de la limitación del voto de los accionistas hasta el 10% del capital.

 

El archivo, enviado el pasado 21 de mayo, es la respuesta a una petición del organismo regulador, que pidió explicaciones a la operadora por el contenido de su Informe Anual de Gobierno Corporativo, publicado a mediados de marzo. La CNMV le solicitó a Telefónica aclaraciones por su decisión de mantener la medida de blindaje y por la política retributiva del equipo directivo y del consejo.

Sobre la primera cuestión, Telefónica justifica su decisión “por ser una medida que tiene por finalidad la búsqueda de un adecuado equilibrio y protección de la posición de los accionistas minoritarios”. El grupo presidido por César Alierta considera que impedir votar por más del 10% del capital, con independencia del número de acciones que se posea, evita “una eventual concentración del voto en un número reducido de accionistas, lo que podría afectar a la persecución del interés social de todos los accionistas”.

La multinacional añade que tener esa limitación “no constituye un mecanismo de bloqueo de las ofertas públicas de adquisición”. Al contrario, estima que es “más bien una garantía de que la adquisición del control necesitará, en interés de todos los accionistas, una oferta por el 100% del capital, puesto que, como es natural y enseña la experiencia, los potenciales oferentes pueden condicionar su oferta al levantamiento del blindaje”.

Es decir, la misma teoría con la que Ignacio Sánchez Galán se defiende del interés de ACS, que pretende llegar al 20% del capital (tiene el 12%) para controlar Iberdrola. El presidente de la eléctrica ya retó a Florentino Pérez a lanzar una OPA por la totalidad del accionariado para hacer con el mando de la primera grupo energético español. Curiosamente, la CNMV no ha enviado ese requerimiento de información a Iberdrola y a Repsol, que también tienen la limitación de voto al 10%.

Pese a su oposición, las tres empresas deberán acatar la nueva normativa si finalmente se aprueba en el Senado y entra en vigor en 2011, como se prevé. El PSOE, motivado por las presiones de Florentino Pérez y de Luís del Rivero /Sacyr Vallehermoso), sacó adelante la eliminación de los blindajes en la Mesa de Economía del Congreso gracias al apoyo de CiU. Pero ahora tiene que refrendarlo en el Senado para que después sea ratificada en el Congreso. Y el paso por la Cámara Baja puede estar lleno de dificultades. Tanto PP como el PNV han introducido enmiendas que desactivan la medida pactada en el Congreso entre Zapatero y Durán i Lleida.

 Los argumentos del presidente

 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió el pasado 28 de abril que la supresión de los límites de los derechos de voto en las sociedades cotizadas "hará más responsables a sus gestores, porque han de tener el respaldo de los auténticos accionistas, aquellos que han comprometido su inversión".  El líder del PSOE  opinó que no se puede justificar que los directivos de empresas cotizadas acumulen sin límite votos delegados por sus propietarios y que, en cambio, se pongan topes a los derechos de voto de los inversores en la misma compañía.

"Sabemos que pasa y que tiene consecuencias en muchos aspectos, como la gestión y la capacidad de actuación de una compañía", señaló José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió que con esta enmienda se elevará la "legitimidad" de los gestores de las empresas que cotizan en Bolsa. Asimismo, justificó que se legisle en esta materia dada la imposibilidad de que las juntas de accionistas acuerden voluntariamente renunciar a los blindajes. "O hay una ley, o el blindaje impide votar a una parte de los accionistas y pronunciarse sobre la conveniencia de tales limitaciones", manifestó, tras defender que la medida es "razonable y positiva" para las empresas.