La anulación del concurso eólico en Galicia enfrenta a Xunta, nacionalistas y empresas

El concurso eólico gallego es como el Cid: sigue dando guerra incluso muerto. La Xunta ha anulado dicho concurso, aprobado en la anterior legislatura por la coalición de nacionalistas y los socialistas. El proyecto, que preveía 5.000 millones de inversión y por el que se adjudicaron 2.290 megavatios (MW) de potencia, era el de mayor envergadura de Europa, lo que había generado un inusual interés entre las empresas del sector, que llegaron a presentar casi 1.000 ofertas.

Además de derogar el decreto, el Gobierno del PP ha anunciado un anteproyecto de ley para dotar de un nuevo marco legal al sector, que establece un canon eólico medioambiental que servirá para el establecimiento de un fondo destinado a los ayuntamientos en los que haya parques instalados. Está previsto que el dinero recaudado mediante el canon, que según el PP no tiene un carácter fiscal, sirva para promover energías alternativas, como el aprovechamiento de biomasa o generación de plantas energéticas en el campo.

Como no podía ser de otra forma, tanto el BNG -verdadero padrino de este decreto- como las empresas eólicas han puesto el grito en el cielo por las nuevas medidas. Concretamente, el diputado nacionalista y ex conselleiro de Industria, Fernando Blanco, ha asegurado que la derogación se resolverá en los tribunales y declaró ante los medios de comunicación que lo que le sorprende es que “sea la participación de todos los gallegos en los beneficios del sector eólico lo que parece que induce al PP a derogar el decreto”. Además, aseguró que, al llevar este proceso a los tribunales, “se paralizará el sector”, lo que “producirá una pérdida de actividad industrial y de empleo en Galicia”.

Por su parte, las empresas del sector consideran que la derogación del decreto eólico era “el camino más adecuado”, tal y como recoge la prensa local, pero no ven con buenos ojos el canon previsto en la nueva ley, porque “habrá empresas obligadas a tributar hasta seis millones de euros al año”, según comentaron fuentes de Acciona a La Voz de Galicia. Por este motivo, los empresarios no descartan llevar a cabo medidas conjuntas contra dicha ley.

Un proceso con tachas graves de legalidad

El conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, explicaron en rueda de prensa que la decisión de revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.3000 megavatios se tomó porque, según informes jurídicos, el proceso presenta “tachas graves de legalidad”.

Por ello, apuntó Guerra, sería una “grave irregularidad” mantener el proceso anterior, ante lo que el Gobierno gallego trata de otorgar seguridad jurídica a la adjudicación de megavatios, dijo.

Según explicó Ángel Bernardo Tahoces, el informe de la asesoría jurídica de la Xunta observa que el decreto que convocó el concurso contiene una “tacha de legalidad directa e infranqueable” respecto a la participación pública de la Xunta en las eólicas, porque vulnera un artículo de la Constitución que proclama la libertad de empresa.

También conculca, dijo, la ley del sector eléctrico, ya que está liberalizado, por lo que es incompatible su presencia en el sector público, mientras también se conculca una norma según la cual se estipula que para la participación de capital público de las empresas el acuerdo debe pasar por el Consello de la Xunta, apuntó Tahoces.

Otra vulneración de este decreto, señaló el responsable de Industria, se refiere a la inseguridad jurídica que crea, ya que no exige garantía de ejecución de los proyectos ni establece plazos. Por todos estos motivos, los responsables de la Xunta insistieron en que tenían que anular el concurso, porque en caso contrario “tramitaría a sabiendas un procedimiento ilegal”.

Concesiones a manos amigas

El enfrentamiento surgió cuando el anterior Gobierno gallego, el bipartito, adjudicó los 2.290 megavatios en un proceso que, según algunas empresas del sector y del Partido Popular, estaba lleno de anomalías. Refiriéndose a este asunto, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, aseguró que “algo huele a podrido en la Xunta de Galicia”.

Y fuentes del sector denunciaron que las concesiones habían favorecido a los amigos de los nacionalistas. De hecho, las grandes empresas del sector, como Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural y empresarios gallegos como Amancio Ortega o Manuel Jove se quedaron fuera del proyecto.

El PP anunció antes de las elecciones gallegas que derogaría este concurso y llevó esta promesa en su programa electoral, por lo que los grandes grupos eólicos ya contaban con que la medida se llevaría a cabo.