El CSD remite al TAD una nueva denuncia contra el presidente del taekwondo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha remitido una nueva denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellano y su junta directiva. La denuncia fue realizada por Eugenio Granjo, el técnico al que la Federación ha tratado de retirar la licencia en varias ocasiones y cuya primera denuncia llevó a la apertura de una investigación y a la detención en junio de 2016 de Castellanos.

A la espera del informe de la fiscalía, el CSD, a través de su presidente, José Ramón Lete, envía esta denuncia al TAD contra "los máximos responsables económicos" de la RFET "al entender que las conductas denunciadas podrían ser tipificadas como infracción disciplinaria según el artículo 76 de la Ley del Deporte", según el escrito de la denuncia al que ha tenido acceso El Confidencial.

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En la denuncia se detallan cinco presuntas irregularidades de los dirigentes de la federación: empleo de fondos federativos para fines particulares de la defensa jurídica del presidente; ocultación de los ingresos obtenidos por la entrada en la celebración de campeonatos deportivos; incumplimiento de los fines de la federación al no sufragar o colaborar con los gastos de algunos equipos en competiciones durante 2014 y 2015; ocultamiento de parte de ingresos derivados del patrocinio de Marina D'or en las cuentas de 2013; y falsificación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 al incluir deudas inexistentes.

Además, Granjo también presentó otro escrito en el que denunciaba la "supuesta irregularidad de las cuentas anuales de la RFET correspondientes al ejercicio 2016". Según el mismo, "se volvieron a falsear los ingresos para reflejar unos resultados más positivos ante el CSD".

En la actualidad, Castellanos y otros dirigentes de la federación están siendo investigados en diligencias previas por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante por la posible comisión de los delitos de fraude a las subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Al contrario de lo que sucedió con Ángel María Villar, suspendido de forma cautelar un año a pesar de que la investigación que le llevó a prisión también está en diligencias previas, la Comisión Directiva del CSD decidió aplazar la decisión de suspender o no a Castellanos "a la espera de la calificación de un documento de conclusiones del Ministerio Fiscal", según la nota de prensa posterior a la reunión de la Comisión.