El taekwondo español: debut en Tokio y nuevas denuncias en Madrid

El Consejo Superior de Deportes (CSD) acordó esta semana instar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que incoe un expediente disciplinario a varios directivos de la Real Federación Española de Taekwondo. El titular ha aparecido ya tantas veces en los últimos años que ni siquiera viene recogido en la prensa nacional (salvo Iusport), aburrida y acostumbrada a un deporte que conjuga éxitos deportivos internacionales con un penoso y dividido panorama federativo: los últimos cinco secretarios de Estado para el Deporte (Miguel Cardenal, José Ramón Lete, María José Rienda, Irene Lozano y José Manuel Franco) han pedido al TAD que investigue y sancione por diversas corruptelas a los gestores de la entidad que preside Jesús Castellanos desde 2005. Sin embargo, no se ha tomado nunca una medida punitiva.

Castellanos, que llegó incluso a ser retenido varias horas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en 2016 para interrogarle por un caso de presuntos delitos de blanqueo y malversación no resuelto aún por los tribunales, volvió a ganar las elecciones celebradas en mayo de este año. El alicantino se defiende de las acusaciones de fraude y corrupción proclamando su inocencia, aduciendo que jamás se ha demostrado nada más allá de "errores administrativos" después de varios años de investigaciones y acusando al sector opositor, que lidera el valenciano Eugenio Granjo, de obrar por enemistad personal.

Esta última petición de expediente pide evaluar a los vicepresidentes de la Federación Antonio Toledo Munuera (también presidente de la federación catalana) y Santiago Maroño (también presidente de la madrileña), a la Directora Técnica, Elena Benítez, y a Antonio Toledo Aroca, todos ellos también miembros de la Junta Directiva y/o de la Comisión Delegada de la RFET. Todos ellos, por presunta vulneración del deber de neutralidad en unas elecciones que fueron celebradas a cara de perro entre dos bandos irreconciliables.

El TAD ya resolvió en marzo que Toledo Aroca había cometido "una flagrante interferencia en el desarrollo del proceso electoral" al intermediar en las solicitudes de voto por correo de los deportistas del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, vulnerando el deber de neutralidad. El campeón olímpico Joel González denunció que desde la federación se habían dado instrucciones a los taekwondistas de que las solicitudes de voto por correo debían ser enviadas a los entrenadores de los Centros de Alto Rendimiento, en lugar de a la Junta Electoral, como es preceptivo. (El propio Joel González había mandado de esta manera también su candidatura a la Asamblea; por algún motivo, su candidatura nunca llegó a destino).

La exclusión de Tortosa júnior

La decisión del CSD llega cuando no se han apagado los ecos de la más sonada y polémica resolución de la nueva Junta Directiva, que hace dos meses excluyó a Jesús Tortosa, hijo del conocido entrenador del mismo nombre, de los Juegos de Tokio pese a haberse clasificado por méritos propios. Tortosa padre formaba parte de la Junta Directiva del candidato opositor en las recientes elecciones; denunció la aparente injusticia por toda vía posible, pero no le ha servido de nada: la plaza de su hijo ha sido ocupada por Adrián Vicente en medio del escándalo. (El caso seguirá su vida paralela en los tribunales).

Mientras tanto, las previsiones deportivas son muy buenas para los luchadores y luchadoras españoles en Tokio: el equipo ha clasificado por primera vez a cuatro taekwondistas a unos Juegos Olímpicos y aspira a superar las tres medallas de Londres y las dos de Río. Este mismo sábado, Adriana Cerezo (-49 kilos, con 17 años la más joven de la selección) y Adrián Vicente (-58 kilos) podrían dar a nuestro país el primer metal de Tokio.

La Federación esgrime estos magníficos guarismos como principal aval de su discutida gestión. Pero este verano, según ha podido averiguar El Confidencial, se espera que aparezca finalmente el informe que la UDEF prepara desde hace un lustro sobre las acusaciones de fraude y malversación. Su contenido no se conoce aún, pero si alguno de los cargos se demostrara cierto, no habría medallas suficientes para detener la renovación de un ente que da problemas y titulares preocupantes desde hace probablemente demasiado tiempo. Si quedase libre, Castellanos tendría argumentos y vía libre para completar su nuevo mandato sin obstáculo alguno.