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La trampa del Córdoba: ¿seguir en Segunda B con otro nombre y sin pagar su deuda?
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La decisión final, en manos de la Federación

La trampa del Córdoba: ¿seguir en Segunda B con otro nombre y sin pagar su deuda?

De los 102 equipos de Segunda DIvisión B, hay uno inscrito con un asterisco ("pendiente de resolución"). Su historia de quiebra y recompra puede cambiar el fútbol español

Foto: Presentación de Juan Sabas como nuevo técnico del Córdoba, en marzo de este año. (Fuente: página web oficial del club)
Presentación de Juan Sabas como nuevo técnico del Córdoba, en marzo de este año. (Fuente: página web oficial del club)

El tifón informativo del coronavirus y el ‘caso Fuenlabrada’ han tapado un conflicto larvado en el siempre convulso fútbol español: la posibilidad de que el Córdoba pueda participar en alguna competición oficial (la liga de Segunda B y la Copa del Rey) esta próxima temporada.

El Córdoba ya no se llama Córdoba CF: se llama Unión Futbolística Cordobesa. Sus nuevos dueños son Abdulla Al-Zain (presidente del club y director general del fondo de inversión Infinity) y Mohammed Al-Nusuf (vicepresidente y secretario general del Comité Olímpico de Bahréin), ambos bareiníes. Compraron la “unidad productiva” del Córdoba en 2019, cuando se encontraba en concurso por una deuda neta estimada de diez millones de euros. Esta semana la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha incluido en el nuevo calendario de Segunda B al Córdoba sin apellido y con un asterisco: “Pendiente de resolución”.

Se trata de un caso cuya solución podría tener repercusiones muy relevantes para otros equipos en situación de quiebra concursal. Es más, para cualquier club con deudas: si la Unión Futbolística Cordobesa fuera autorizada a jugar, sería el primer equipo español que logra conservar (vía cambio de nombre y propietarios) su plaza sin haber pagado a todos sus acreedores previamente. Un agravio comparativo de difícil justificación, si se recuerda (por ejemplo) el caso de la Unión Deportiva Salamanca, que se vio abocada a desaparecer en 2013 cuando la Federación (dirigida entonces por Ángel María Villar) vetó una operación prácticamente idéntica liderada por Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa y Halcón Viajes.

A la espera del recurso

La Federación tiene la potestad exclusiva de otorgar las plazas de sus competiciones (Segunda División B, Tercera, categorías inferiores y Copa del Rey) a los equipos participantes. En el caso del club cordobés, pese a haber mostrado su tajante rechazo a admitirlo la próxima temporada, la entidad que preside Luis Rubiales despliega ahora una extraordinaria prudencia: el enredo judicial, como de costumbre, es gigantesco y se desvía en varios afluentes paralelos de denuncias penales y medidas cautelares que parecen haber aplacado su ánimo inicial. La Federación está a la espera de que el recurso judicial les de la razón: justifican su pasividad con el argumento de que no quieren arriesgarse a contravenir un fallo judicial y exponerse a futuras querellas por parte de los propietarios del nuevo Córdoba.

Antonio Fuentes Bujalance, titular del Juzgado Mercantil de Córdoba, sentenció el año pasado que el nuevo Córdoba tenía derecho a seguir jugando en Segunda B: entre los intangibles adscritos a la nueva “unidad productiva” figuraba su plaza en la competición. La Federación recurrió inmediatamente el auto del juez, a quien también recusó por ser aficionado del club cordobés, con el argumento de que el régimen competitivo del fútbol español se podía ver “gravemente perjudicado”, causando “un gravísimo quebranto de la normativa deportiva de aplicación, así como de la propia normativa concursal”.

Unión Futbolística Cordobesa

Según el fallo del juez Fuentes Bujalance, la entidad (en este caso, la Unión Futbolística Cordobesa, de nueva creación) podía acceder directamente a la Segunda División B y jugar con los colores, el escudo y la bandera del antiguo Córdoba CF (creado en 1954, nueve temporadas en Primera), como si no hubiese llegado a la quiebra. Eran "elementos intangibles adscritos a la unidad productiva”, como explica un exdirectivo del antiguo club que no quiere dar su nombre.

La Federación consideró la intención del nuevo Córdoba (respaldada por el juez mercantil) “un fraude, un manifiesto engaño que genera desconfianza de los competidores, que ven como mediante operaciones mercantiles es más fácil prosperar deportivamente que mediante el esfuerzo en el terreno de juego” [...] “También genera desconfianza en la competición y en el organizador, que permite que una entidad de nueva creación pase directamente a la antesala del fútbol profesional". La Audiencia Provincial de Córdoba aceptó la recusación del juez, y hoy el caso depende de la Justicia. Todo gira sobre el concepto de “Unidad Productiva” (que es lo que compraron los empresarios del Golfo Pérsico): el estadio, las instalaciones, la bandera, la camiseta, el himno, etc… ¿Pero incluye eso el derecho a jugar en Segunda B cuando no has satisfecho todas las deudas del club original?

En la mirilla

El estamento del fútbol opina que no, pero nadie (o casi nadie) habla abiertamente: otra complicación del caso son las previsibles reclamaciones y quejas de diversos clubes, como los dos actuales de Salamanca y otros con mayor historia y graves problemas económicos que miran con lupa este proceso: entre ellos, el Murcia, Hércules, Zaragoza, Racing o Recreativo de Huelva, con deudas inasumibles a corto plazo. En este sentido, y aunque la Liga ha declinado comentar oficialmente este asunto, todas las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que el organismo presidido por Javier Tebas nunca admitiría al Cordoba en un eventual ascenso a Segunda División el año próximo.

El retraso de la Federación se justificó inicialmente por la intención de no crear problemas en la campaña electoral (a pesar del control absoluto de la federación andaluza por parte de Rubiales), y no es descartable que se vuelva en contra de la Federación: no sólo los inversores que compraron la “unidad productiva” del club, sino la afición y la prensa cordobesa, esperan una decisión favorable que les evite descender a la Regional Preferente andaluza.

El conflicto necesita una solución pronto: la Segunda División B, que este año tendrá 102 equipos, comienza el próximo 18 de octubre. Nadie se atreve a decir qué ocurrirá con el asterisco que acompaña al Córdoba si no hay fallo judicial antes de esa fecha. Los nuevos inversores (que en privado afirman sentirse engañados, pero guardan un pulcro silencio) compraron la unidad productiva con la esperanza de que incluyese un derecho a conservar su plaza y dicen sentirse “tranquilos” en la espera de la decisión federativa, a pesar de que el fallo del juez mercantil fue una excepción: la plaza en la competición, dice la jurisprudencia, no pertenece a la unidad productiva, sino a la Federación (una entidad privada de Derecho público).

"Irresponsable"

El expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, que perdió el control del club onubense por una expropiación del Ayuntamiento (en fase de revisión judicial desde hace cuatro años), muestra a El Confidencial su “absoluto escepticismo ante todo lo que tiene que ver con las resoluciones judiciales y lo que rodea al fútbol…” Pero afirma que “si se permite que el Córdoba compita en 2ªB este año, se estará saltando a la torera las propias resoluciones de la Federación”.

“Ni que decir tiene que el efecto dominó que se producirá en otros clubes (Murcia, Sabadell, Zaragoza, etc.) será devastador para sus acreedores. Al ‘Recre’, que como es lógico es el que me interesa, no le afectaría finalmente si el juzgado actúa como debiera y nos devuelven el club con una deuda pequeña. Pero me parece muy irresponsable que con el tiempo transcurrido desde que entraron estos nuevos inversores del Golfo Pérsico en el Córdoba la Federación no haya sido clara y contundente en su prohibición de competición. Muy al contrario, sus dudas les han permitido hacer campaña de abonados, fichajes, etc… Es un abuso de la buena fe de la gente, puesto que en buena lógica deportiva les debería valer solamente para empezar en categoría regional”.

Seis millones invertidos

Los nuevos inversores del Córdoba han inyectado hasta ahora seis millones de euros en el club y han cancelado todas las deudas con jugadores, Hacienda y la Seguridad Social (o al menos presuntamente: la Federación no ha confirmado a este periódico que hayan recibido ese certificado de buena conducta). La incertidumbre es absoluta en estos momentos, agravada por los plazos de la Justicia. Con estas dudas en la cabeza, el equipo entrenado por Juan Sabas sigue entrenando a la espera de una buena noticia desde los despachos en medio de un laberinto que afecta incluso a la tienda de ‘merchandising’ del estadio Nuevo Arcángel, declarada ilegal por no haberla autorizado la nueva directiva. Todo son indefinición y cuchicheos por teléfono en un club escindido en dos y envuelto en un pandemonio de denuncias.

“¿Tendrá la Federación la cosa menos atada de lo que parece?”, se preguntan retóricamente fuentes de máxima solvencia. “Los clubes mueren… Esto no es salvar un club. ¿Trampa? Yo diría fraude a medias... El Córdoba de toda la vida ha muerto, digan lo que digan. Puede que aquí haya factores ocultos que nunca conoceremos y yo no me atrevo a denunciar. El asunto chirría por todas partes, y la actitud de la Federación más. Porque esto, si lo piensas, no les beneficia en absoluto… Pero si sale adelante, significa un cambio radical que transforma el fútbol para los próximos años”.

El tifón informativo del coronavirus y el ‘caso Fuenlabrada’ han tapado un conflicto larvado en el siempre convulso fútbol español: la posibilidad de que el Córdoba pueda participar en alguna competición oficial (la liga de Segunda B y la Copa del Rey) esta próxima temporada.

El Córdoba ya no se llama Córdoba CF: se llama Unión Futbolística Cordobesa. Sus nuevos dueños son Abdulla Al-Zain (presidente del club y director general del fondo de inversión Infinity) y Mohammed Al-Nusuf (vicepresidente y secretario general del Comité Olímpico de Bahréin), ambos bareiníes. Compraron la “unidad productiva” del Córdoba en 2019, cuando se encontraba en concurso por una deuda neta estimada de diez millones de euros. Esta semana la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha incluido en el nuevo calendario de Segunda B al Córdoba sin apellido y con un asterisco: “Pendiente de resolución”.

Se trata de un caso cuya solución podría tener repercusiones muy relevantes para otros equipos en situación de quiebra concursal. Es más, para cualquier club con deudas: si la Unión Futbolística Cordobesa fuera autorizada a jugar, sería el primer equipo español que logra conservar (vía cambio de nombre y propietarios) su plaza sin haber pagado a todos sus acreedores previamente. Un agravio comparativo de difícil justificación, si se recuerda (por ejemplo) el caso de la Unión Deportiva Salamanca, que se vio abocada a desaparecer en 2013 cuando la Federación (dirigida entonces por Ángel María Villar) vetó una operación prácticamente idéntica liderada por Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa y Halcón Viajes.

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