La Inquisición desaloja los escenarios

La prohibición de un concierto de Soziedad Alkohólika que estaba previsto para este sábado en Vistalegre (Madrid) no es un caso aislado, sino el penúltimo de una larga cadena que cuestiona la libertad de expresión en nuestro país. Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno del Ayuntamiento y candidata del PP a la Comunidad de Madrid, es responsable de una decisión que pone en duda la gestión democrática del espacio público.

La persecución de Soziedad Alkohólika ha sido una de las más intensas que se recuerdan. Desde hace 13 años están bajo sospecha, cinco sin tocar en Madrid y nueve desde que fueron absueltos por la Audiencia Nacional. La Sala Primera de lo Penal hizo pública su sentencia exculpatoria el 22 de noviembre de 2006. Los magistrados recordaron que la doctrina del Supremo y del Constitucional pide "extremar el cuidado" en este tipo de delitos, con objeto de evitar que puedan "convertirse en un instrumento dirigido a controlar la disidencia política".

De las cinco canciones denunciadas, los magistrados llegaron a la conclusión de que una "roza el delito", pero sin caer en él. De poco sirvió la absolución de la Justicia, ya que el grupo siguió sufriendo el boicot político de sus conciertos.

¿Cómo empezó la criminalización? Nos lo explica el periodista Mariano Muniesa, autor del libro La caza de brujas: censura y persecución del rock vasco (Quarentena Ediciones, 2013): "El pistoletazo de salida mediático fue una intervención de Alfonso Rojo, en 2002, en el programa Protagonistas de Luis del Olmo. Se puso a leer unos fragmentos de letras que estaban mal traducidas. Dijo que la canción Síndrome del norte era de Su Ta Gar, cuando en realidad pertenece a Soziedad Alkohólika. Fue una argumentación chapucera, de pandereta".

El momento político favoreció el incendio inquisitorial: “Después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York,Aznardice que todos los terrorismos son iguales y que él va a encargarse del País Vasco. El objetivo es amedrentar a la gente joven de todo el país, que en ese momento se estaba apuntando a las protestascontra el militarismo de Estados Unidos y sus aliados", señala.

La persecución en un principio parecía vinculada al conflicto vasco, pero hoy “es una estrategia de criminalización de cualquier discurso crítico”. El periodista recuerda que salas de Madrid como Caracol y Rock Kitchen “han sufrido presiones para que no actúen este tipo de grupos”. “Es una práctica habitual del poder municipal en la capital. Llega la policía con una orden de inspección y se ponen a buscar cualquier pequeño detalle que justifique una multa, un cierre o la apertura de un expediente".

'Como ya no existe ETA, el círculo represivo se ha ampliado hasta el absurdo. Se reprime casi cualquier forma de disidencia política'

Estas eficaces presiones contra la libertad de expresión las confirma Nega, de Los Chikos del Maíz. Este dúo valenciano de hip-hop han sufrido censura en ciudades como Sevilla, Burgos o Getafe. "Te cuento cómo funciona: vas a hacer un bolo en Burgos, contratas con determinada sala. La extrema derecha dice que no puedes tocar porque bla bla bla, la derecha mediática les da cobertura en los diarios de la ciudad. Entonces, desde las instituciones -generalmente, ayuntamientos-, se presiona a la sala en plan "como toque esta gente tienes inspección todas las semanas". Y claro, el dueño es un empresario que vela por su negocio, así que adiós concierto. En realidad, es pura extorsión y un comportamiento mafioso, pero así son los demócratas de toda la vida. Como ya no existe ETA, el círculo represivo se ha ampliado hasta el absurdo. Se reprime casi cualquier forma de disidencia política", denuncia.

En enero de 2013, Los Chikos del Maíz (entre otros artistas) vivieron un claro episodio de censura al prohibirse el festival Irreductibles en la sala Rock Kitchen. Los dueños del local alegaron abiertamente "amenazas y presiones policiales". Para esquivar la prohibición, el concierto se trasladó al Centro Social La Traba de Arganzuela. El día del festival, sábado 19 de enero, la zona se llenó de furgonetas de la policía dispuestas a impedir la asistencia, a pesar de que bomberos enviados por el propio Ayuntamiento declarasen que las condiciones del inmueble estaban "mejor de lo que nos esperábamos".

Al menos 15 "lecheras" (furgones para disolver manifestaciones) cubrían el tramo entre el Museo Reina Sofía y la plaza de Legazpi. El festival no se pudo realizar por mandato policial. Los beneficios de taquilla iban a ser destinados a cubrir los gastos judiciales de los detenidos en la huelga del 14 de noviembre.

Otro de los artistas programados en el cartel era el rapero asturiano Arma X, que justo en ese momento era acosado por simpatizantes del Foro Asturias, formación del ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos. El motivo era la letra de Cascos FAC Asturies, donde critica a varios miembros del partido. "Carmen Moriyón, nuestra querida alcaldesa de Gijón y ex de Fuerza Nueva, partidaria de la privatización de la Seguridad Social, no lleva muy bien las críticas ni la hemeroteca en relación a su pasado fascista", afirma. El músico explica que le cancelaron los dos últimos conciertos en “Mordor” (en referencia a Madrid), “alegando las mismas cosas que con Soziedad Alkohólika".

"Yo soy Charlie" (cuando me conviene)

Esta polémica llega unos meses después de que los principales líderes políticos españoles enarbolasen la bandera de la libertad de expresión, tras el atentado a la revista Charlie Hebdo. "La campaña Je Suis Charlie ha servido para poner de manifiesto el grado de hipocresía de algunos gobernantes", resume Nega. El listado de casos de censura daría para varios artículos. Recordemos dos notables casos: el grupo de rap-metal Negu Gorriak publicó en 1991 la canción Ustelkeria (Podredumbre), cuya letra se inspiraba en una serie de reportajes de Diario 16, que denunciaban los vínculos del cuartel de Intxaurrondo con redes de narcotráfico.

La fuente de la información era el "informe Navajas", elaborado por el fiscal de la audiencia provincial de Guipuzcoa Luis Navajas. El Teniente Coronel Enrique González Galindo interpuso una demanda contra el grupo en mayo de 1993 y les tuvo enfangados en juicios hasta junio de 2000, cuando el Tribunal Supremo les absolvió de todos los cargos. Durante todo ese tiempo, se puso en peligro la supervivencia económica de su sello discográfico autogestionado, Esan Ozenki.

La sombra de censura también planea sobre el caso del rapero leridano Pablo Hasél, condenado a dos años de cárcel por las letras de sus canciones, donde se fantasea con la vuelta del Grapo o con atentados contra figuras del PSOE como Patxi López o José Bono. El pasado jueves 12 la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo. "La libertad de expresión termina cuando empiezas a molestar", explicó en esta extensa entrevistacon El Confidencial.