Podemos quiere que la cultura no sea un juguete en manos de los gobiernos

Podemos baja de las musas al escenario y concreta su política cultural. En el informe que se debate y discute hoy en la asamblea queda claro que el objetivo es independizar la cultura de los intereses gubernamentales, es decir, trabajar a favor de una cultura libre de deudas políticas. Libre del todo, empezando por la red clientelar de subvenciones y la dependencia institucional que se ha generado con “las políticas culturales de las últimas décadas”. “Han servido para la consolidación de élites y redes clientelares”, explica el plan al que ha tenido acceso El Confidencial, que defenderá en los próximos días en una rueda de prensa el Consejo Ciudadano, formado por Eduardo Maura, Germán Cano y Jorge Lago. El plan ha sido elaborado por la subcomisión del círculo de cultura.

El documento denuncia que la cultura “mantiene una alta dependencia institucional”, que con los recortes públicos ha agudizado un estado comatoso. Se lamenta de la inestabilidad en la que ha quedado y del rechazo social que ha generado una política cultural basada en la utilización política de la cultura. “Políticas de grandes gestos vacíos, de edificios infrautilizados, de nombres y acontecimientos excepcionales” que no revierten en la ciudadanía, explican.

El proyecto es más un catálogo de buenas intenciones que de actuaciones concretas, pero queda claro que tratan de cambiar la estructura por completo. El propósito es darle la vuelta al calcetín y hacer de la cultura un asunto de Estado y no un adorno floral, “con independencia de los gobiernos”: contra el cortoplacismo, por una cultura sostenible autónoma. Creen en la tutela administrativa, pero no en la dependencia de la administración. Tampoco, bajo su opinión, se ha logrado preservar “una escena cultural diversa, autónoma, sostenible y deseable para la ciudadanía”.

Proponen para lograr una cultura sostenible y autónoma: “Redimensionar y racionalizar los presupuestos culturales”, aunque no indican cómo lo harán. “Replantear el carácter de las ayudas económicas públicas a la creación y a las manifestaciones”, como por ejemplo “permitir el acceso de la ciudadanía a los eventos financiados con dinero público mediante precios populares”. También se devolverán las cantidades subvencionadas cuando se alcance un techo de beneficio”.

Quieren reordenar los impuestos directos e indirectos y aplicar a todos los productos y manifestaciones culturales el IVA superreducido (el 4% que se aplica a los bienes de primera necesidad) para conseguir “mayor facilidad de acceso a la ciudadanía” debido a la reducción de precios. Pero, además, esperan un incremento de los ingresos a favor de los profesionales de la cultura, por “el aumento de los márgenes y del consumo”.

Uno de los principales puntos del documento es la inclusión del ámbito educativo entre las propuestas de política cultural, para fortalecer y fomentar dos mundos vinculados de manera natural y separados a la fuerza. “Integrar en todos los ámbitos de la educación, de manera transversal, materias y disciplinas que fomenten el acercamiento a las prácticas artísticas y culturales, contempladas desde múltiples enfoques”, apuntan. Pretenden otorgar a las enseñanzas artísticas superiores la equiparación a enseñanzas universitarias, así como favorecer las inversiones en I+D+I.

Uno de los aspectos más novedosos es la mención a la política de comunicación de los medios para consolidarlos como “promotores de la creatividad en todos los espacios”, así como territorios “para la diversidad y el pluralismo informativo, cultural y de entretenimiento”. ¿Cómo se hará esto? Para empezar, “evitar la presencia de grandes poderes financieros y el duopolio existente”. Pretenden “equilibrar el panorama de medios públicos y privados”. Apoyo a la comunicación de la cultura sistemático.

Para garantizar la ejecución del punto anterior, crearán una autoridad reguladora e independiente que supervise las leyes del sector audiovisual. Un Consejo del Audiovisual, cuya finalidad es “garantizar la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural y los derechos de la audiencia”, en medios públicos, privados y comunitarios.

Plantean la modificación de la legislación presente en materia de propiedad intelectual, a partir del diálogo con los sectores y la ciudadanía. “Evitar que recaigan cánones sobre las arcas públicas y hacer que se atribuyan a las grandes corporaciones”, pero ¿cuáles? Las empresas de telecomunicaciones, porque ellas son las que más beneficios obtienen “por las nuevas vías de distribución”.

Las sociedades encargadas de gestionar los derechos de autor deben transformarse. Para empezar, explican que deben encargarse “exclusivamente” del repertorio reconocido, no del Maná de las obras huérfanas. Además, exigen transparencia y redistribución adecuada de las ganancias generadas por los derechos. Y lo más importante, pretenden reducir el número de intermediarios para aumentar los ingresos de los autores y crear licencias que permitan a los autores “controlar y adaptar sus derechos” para que reciban una “compensación adecuada y ajustada”.

Proponen el fomento de la colaboración de particulares y entidades privadas en el apoyo de la creación artística y las actividades. Sin embargo, la reforma de la legislación de financiación de la cultura no la basan exclusivamente en las ventajas fiscales. “Que vaya más allá de objetivos cosméticos o de amortización fiscal, y se inserte en la construcción de un tejido cultural estable y sostenible”. Es decir, el trabajo a favor del fomento de una conciencia de mecenazgo.

Entre los puntos aparece la defensa del patrimonio histórico para impedir su deterioro. “Limitar la apropiación del espacio público y el patrimonio por iniciativas privadas y marcas comerciales con fines puramente mercantiles o publicitarios”. Además, pretenden fomentar y recuperar el “espacio público en desuso para prácticas culturales plurales, no tuteladas por las administraciones y desarrolladas para y por la ciudadanía”.

Podemos también se detiene en la gestión de las instituciones culturales públicas para demandar transparencia y gestión responsable. Quieren que sean accesibles, transparentes, participativas y flexibles con las demandas del contexto y la ciudadanía. Pero sobre todo proponen “instituciones autónomas e independientes del poder político”.

Exigen total transparencia en la gestión de los recursos a aquellas instituciones culturales públicas y privadas que reciban financiación pública. Proponen la creación de comités para distribuir los fondos públicos que sean plurales y acaben con el amiguismo y el clientelismo.

Quizá sea uno de los puntos más específicos y rotundos porque hablan de la racionalización de la gestión y aseguran que controlarán “la externalización de los servicios culturales públicos para que no implique su privatización encubierta o mercantilización ni la precariedad de las y los profesionales de la cultura”. Este periódico ha informado de este tipo de prácticas.