Jaime Ignacio Muñoz Llinás abandona su cargo

Primera víctima de Canalejas: cae el 'padre' de la Ley de Patrimonio inconstitucional

El Director General de Patrimonio Histórico de la CAM, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, abandona su cargo tras aprobar la Ley con 8 artículos inconstitucionales

El Director General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, abandona su cargo después de que Tribunal Constitucional definiera como inconstitucionales ocho artículos (de los diez que fueron recurridos) de la reforma de la Ley de Patrimonio de la CAM, de la que el cargo fue el principal responsable.

A finales de julio se hacía pública la sentencia del organismo, que ejecutaba a favor de las asociaciones de ciudadanos que demandaron –vía Senado– parar una reforma, aprobada en junio de 2013, con varios artículos inconstitucionales. La transformación planteada por el Gobierno de Ignacio González legitimaba la rebaja del grado de protección de los edificios sin tener en cuenta al Estado, justificaba el desplazamiento sin autorización estatal de los bienes inmuebles protegidos y, entre otras, razonaba la reducción de las visitas públicas a los bienes de interés cultural.

El ex director de Patrimonio, a la derecha, en Alcalá de Henares.
El ex director de Patrimonio, a la derecha, en Alcalá de Henares.
El responsable de la Ley de Patrimonio de la CAM, con 8 artículos anticonstitucionales, abandona su cargo y pasa a la división jurídica del Ministerio de Hacienda

Ahora el BOE hace público que Muñoz Llinás renuncia y llega a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, invitado por el Director de la División Jurídico-Institucional, José Luis Martínez-Almeida (también ex director de Patrimonio), para convertirse en su gerente. Lo más llamativo es que el nuevo nombramiento sucede el 28 de julio de 2014, sólo unos días después de que el TC emitiera la sentencia contra la espina dorsal de la ley que él promovió y firmó. De esta manera, el responsable de preparar una ley señalada como inconstitucional en ocho artículos recala en el área jurídica de un ministerio, el de Hacienda y Administraciones Públicas.

Políticas ultraliberales

Las asociaciones de ciudadanos aseguran que González ha creado un instrumento jurídico “para facilitar la expoliación del patrimonio histórico”. Javier García Fernández, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y responsable de la argumentación del recurso ante el TC, explica que “el germen de estas políticas ultraliberales es la disminución de lo público, la reducción de la acción pública del Estado al núcleo más pequeño posible, potenciando, al mismo tiempo, los intereses privados a los que no se debe poner la menor traba administrativa”.

Destrucción de la fachada del antiguo edificio de Credit Lyonais esta semana. (EC)
Destrucción de la fachada del antiguo edificio de Credit Lyonais esta semana. (EC)

De hecho, el movimiento del órgano constitucional cuestiona las intervenciones que Juan Miguel Villar Mir –actual dueño de la manzana que prevé un centro comercial y hotelero- realiza sobre el área de Canalejas y que engloba los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la Calle Alcalá y el 7 de la Carrera de San Jerónimo. Con el visto bueno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, el constructor empezó hace un año a demoler uno de los ejes emblemáticos del centro de la ciudad. Los especialistas en conservación de patrimonio definen esta operación especulativa como “el acontecimiento más grave que ha ocurrido en la España democrática en el campo de la protección de los bienes culturales”.

El ex director de Patrimonio llegó a criticar a los que acusaron de anticonstitucional su norma

Meses antes de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la nueva Ley, Muñoz escribía un polémico artículo, en la revista del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, en el que criticaba a aquellos que acusaban de inconstitucional, ante los tribunales, su norma. Además, aseguraba que la protección de los bienes estaba consolidada: “Resulta un poco arriesgado, en mi opinión, afirmar que la Ley Autonómica reduce la protección en comparación con la Ley Estatal, cuando de la literalidad de ambas leyes se desprende exactamente lo contrario”.  

Imagen del estado anterior al derribo del edificio de Credit Lyonais (Google Maps)
Imagen del estado anterior al derribo del edificio de Credit Lyonais (Google Maps)

Para Muñoz Llinás, algunas de las medidas de la Ley estatal, 28 años después, “han dejado de ser eficaces, provocando incluso el efecto contrario: el abandono y la destrucción del patrimonio histórico”. Añadía que “la segregación” es “la única solución para mantener ese edificio o palacio de un modo íntegro en su aspecto exterior y asegurar su conservación”. Es justo la segregación lo que está acabando con parte de los edificios de Canalejas.

Esta semana, El Confidencial ha podido comprobar la destrucción de una fachada para la que la empresa no tiene licencia concedida. OHL tiene permiso, tal y como informan fuentes de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, para demoler parcialmente la fachada de Alcalá 14, el 20 de diciembre de 2013. El resto de edificios no tiene licencia de demolición: “Sólo de consolidación y restauración”. Además, Alcalá 6 y 10 tienen una modificación de licencia que no se especifica.

Sin embargo, el derrumbe que se ha llevado a cabo sobre Alcalá 6 (antiguo edificio Hispano Americano) no cuenta con esa licencia. “Creemos que las demoliciones son ilegales. El Hispano Americano también lo están demoliendo, a pesar de haber tenido una catalogación integral. Pero la catalogación parcial tampoco lo permitiría. Es un atropello de dimensiones inimaginables”, explican las mismas fuentes, que anuncian un recurso ante la fiscalía si se confirma el estado de la licencia.

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