Los editores recurren a Marlaska para asegurar el reparto de periódicos

El paro patronal de los repartidores de prensa llega al Gobierno. Este jueves por la mañana, representantes de las principales editoras del país han mantenido una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicarle de primera mano un problema que ya resiente las cuentas de los quioscos y que amenaza con anquilosarse.

Según explican fuentes del sector, al encuentro han asistido Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Alejandro Martínez Peón, consejero delegado de Prisa Noticias, y Santiago Barreno, presidente del consejo de administración de 'La Razón'. En él, los editores han pedido al ministro que asegure que los periódicos puedan llegar a los quioscos en aras de proteger el derecho de la información, ya que para los editores se trata de un boicot y no de un paro patronal.

El encuentro, que ha durado apenas media hora, se ha saldado sin ningún compromiso concreto, si bien la policía ya ha tenido que intervenir en los últimos días, según ha señalado Asociación de Medios de Información (AMI) en varios comunicados. La reunión, que no ha sido publicitada ni figuraba en la agenda oficial del ministro, fue acordada este miércoles sobre la marcha en vista del cariz que está tomando la situación.

Por su parte, Boyacá, la empresa distribuidora de las principales cabeceras, ha solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno (con quien los editores mantienen un contacto fluido) para contratar seguridad privada que acompañe a los repartidores. "Esta medida se entiende imprescindible y necesaria, dada la situación de indefensión legal y operativa en que se encuentra la compañía", explica la empresa en un comunicado, que considera que la actitud de los repartidores es "peligrosa" e "irracional".

Y es que este viernes se cumple ya más una semana de un conflicto que no tiene visos de solucionarse. Los 'ruteros' de la Comunidad de Madrid mantienen su pulso y no repartirán, un día más, ni periódicos ni revistas a los 1.500 puntos de venta distribuidos por toda la región.

De todos ellos, unos 700 son quioscos en vía pública que viven casi exclusivamente de la venta de diarios y revistas. Rafael Artacho, presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de la Comunidad de Madrid (Avecoma), explica a este diario que estiman que los ingresos de estos quioscos han caído un 80% desde que comenzó el conflicto, lo que pone en el alambre la viabilidad de los mismos.

El origen del problema está en los contratos de los 240 repartidores autónomos de Boyacá. El próximo 30 de agosto expiran los contratos, y la compañía ha anunciado su intención de prescindir de 130 personas (más del 50% de la actual plantilla) y rebajar un 55% la remuneración diaria, que actualmente es de unos 200 euros por repartidor. Los trabajadores se han plantado y se resisten a aceptar unas nuevas condiciones que consideran precarias.

Por su parte, Boyacá ha señalado que la huelga es un intento de "coaccionar" a la empresa "para imponer la firma de nuevos contratos en condiciones privilegiadas". A juicio de la empresa, los cambios en los modelos de consumo de prensa (donde el papel es el principal damnificado) obligan a reajustar los contratos de los trabajadores. En este sentido, los repartidores recuerdan que ya hicieron una propuesta para ahorrar unos cinco millones de euros.

Actualmente, cada repartidor ingresa al mes unos 4.500-4.300 euros, si bien a esa cifra hay que descontarle una batería de gastos que incluye la cuota de autónomos a la Seguridad Social, la gasolina, la compra de la furgoneta de reparto, los seguros y cualquier otro imprevisto derivado del trabajo.