La Conferencia Episcopal se planta ante Rajoy por no sacar a concurso canales
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tras el 'apagón' al que obliga el supremo

La Conferencia Episcopal se planta ante Rajoy por no sacar a concurso canales

El Gobierno no tiene prisa en ejecutar la sentencia del Supremo que le obliga a llevar a negro nueve canales. Para indignación de la Conferencia Episcopal

placeholder Foto: El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo (EFE)
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo (EFE)

El Gobierno parece no tener prisa en ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a llevar a negro nueve canales de televisión, una pasividad que tiene víctimas indirectas. Una de ellas, la Conferencia Episcopal, ha puesto pie en pared y ha reiterado al Ejecutivo en las últimas fechas su indignación por la falta de definición del actual marco audiovisual. Y es que, según aseguran fuentes próximas a la institución de los obispos, esta no entiende el retraso en cumplir con el mandato del Alto Tribunal, que –en su análisis jurídico– debe llevar de forma inmediata al apagón y a la convocatoria de un concurso para la concesión de nuevas licencias, equivalentes a los canales que dejarán de emitir.

La Conferencia Episcopal está actualmente arrendada en una frecuencia de Unidad Editorial y desde hace años busca la concesión de un canal propio para emitir 13TV, cadena de la que atesora más de un 60%. La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta la factura que afronta actualmente por el alquiler de la frecuencia. Como publicó El Confidencial, el acuerdo con la editora de El Mundo le obligó a desembolsar un canon de seis millones de euros en 2011, cifra que se rebajó hasta los 2,2 en 2012, según consta en las últimas cuentas publicadas por la sociedad. En todo caso, se trata de cuantías que la sociedad podría ahorrarse si contara con su propia licencia.

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012 abría una puerta legal a la reivindicación de la Conferencia Episcopal. El fallo anulaba la última entrega de canales de la era Zapatero, al no haberse realizado mediante la convocatoria de un concurso. A partir de ahí, toda una maraña de intereses. Al punto que el Gobierno anunciaba en marzo de 2013 la anulación de la concesión, peropermitía de forma temporal que las cadenas continuarán emitiendo “por el interés general” hasta que se resolviera el plan del dividendo digital.Esteamagar sin dar–una decisión en su día vista como una forma deganar tiempo para alcanzar un acuerdo con las compañías afectadas– era puesta en solfa por el Supremo a finales de diciembre de 2013, cuando en un nuevo auto obligaba al apagón.

De hecho y según aseguran fuentes próximas al Ejecutivo, este tiene claro que no caben ya más juegos de manos y que la única salida que tiene pasa por aplicar la sentencia y convocar los pertinentes concursos. Más dudas hay sobre el calendario. Con flecos y presiones de los grupos de medios, que tienen sus propios intereses aunque, según admiten sotto voce, cada vez con menos margen de maniobra. Por ejemplo, Atresmedia pierde tres canales, uno más que Mediaset, algo que le gustaría resolver. Y los pequeños, Vocento y Unidad Editorial, se dejan por el camino la mitad de los suyos –dos–, lo que les supone un severo quebranto en tanto obtienen pingües beneficios por esos activos vía alquiler.

Un canal en antena

Precisamente, uno de los argumentos tradicionalmente esgrimidos por la Conferencia Episcopal para justificar su demanda es que, al menos, ellos tienen en antena 13TV, cuando otros grupos poseen licencias sin ser capaces de emitir. Y recuerdan a quien quiere escucharlos que grandes conglomerados que recibieron del Gobierno Aznar el preciado múltiplex, allá por el año 2000, han fracasado por ahora en sus proyectos audiovisuales y han quedado como meros comercializadores de canales. Con estas tesis, gabinetes populares y socialistas han sido objeto sin excepción del reclamo de los obispos, que hasta ahora sólo han obtenido buenas palabras, pero pocos hechos.

“El Ministerio de Industria sabe desde hace tiempo cuál es la pretensión de la Conferencia Episcopal”, aseguran a este diario fuentes próximas a la cadena de la Iglesia en junio de 2012. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha acusado recibo de la petición, aunque no ha movido ficha. La institución eclesiástica espera al menos poder paliar con esa licencia la delicada situación financiera que atraviesa 13TV, en la que la ha tenido que poner toda la carne en el asador. Este diario ya publicó que la cadena registró pérdidas de 9,92 millones de euros en 2012, después de anotarse también números rojos por importe de 15,11 millones en 2011. Un agujero de 25 millones en dos años que situaba a la compañía en causa de disolución y con graves problemas de tesorería. Ante ello, su accionista de referencia daba un paso al frente, en forma de ampliaciones de capital y pólizas de crédito varias.

En este sentido, los gestores de la Conferencia Episcopal son conscientes de que la obtención de una licencia supone un alivio vía ahorro, pero no resuelve el problema financiero de fondo para garantizar la supervivencia de la cadena. Aquí el problema se complica, ya que los pequeños operadores desarrollan su actividad en un mercado en que dos players, Atresmedia y Mediaset, rozan el 90% de la inversión publicitaria. Una de las pocas vías que atisban los pequeñospara paliar ese duopolio es que la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revise la prohibición de que los grandes grupos comercialicen supublicidad.

La Conferenciaya tienen camino recorrido, en tanto el Ejecutivo deJosé Luis Rodríguez Zapaterocertificaba el 22 de octubre de 2010 que KW Televisión, antigua denominación de la actual 13TV, cumplía con todos las exigencias para explotar un canal. “Una vez analizada la solicitud de arrendamiento, se ha comprobado que reúne todos los requisitos exigidos en la legislación, por lo que el Consejo de Ministros ha procedido a emitir su autorización. El arrendamientoimplica la subrogación de KW Televisión en todos los derechos y obligaciones de Veo Televisióncomo prestador de servicios de comunicación audiovisual y como responsable editorial del canal arrendado”, subrayaba la referencia publicada por Moncloa.

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