Las TV se confían 'in extremis' a Sáenz de Santamaría para evitar el apagón de canales

El Tribunal Supremo decía su última palabra a mediados de diciembre y obligaba al Gobierno a mandar a negro nueve canales concedidos sin concurso en la era Zapatero, un mandato que no ha arredrado a las cadenas, que buscan una solución in extremis al embrollo. Según aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de los contactos, la patronal de las televisiones (Uteca) ha apostado en las últimas fechas por tender puentes con la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la única que –según estiman– tiene peso político suficiente y puede ejercer de interlocutora válida para dar una salida lo menos traumática posible al desaguisado. Atresmedia perdería tres canales y Mediaset, Vocento y Unidad Editorial, dos por cabeza.

Aunque la posición oficial de las cadenas no ha variado pese al último golpe judicial –e insisten en no moverse del acuerdo de agosto de 2012 para comprimir la señal sin perder frecuencias–, la situación para ellas es límite. Algunos lo admiten sotto voce. Por ejemplo, un alto ejecutivo aseguraba ayer a este periódico que el impasse no es sostenible y que el Gobierno no puede hacer más que cumplir con el incidente de ejecución lo antes posible. De hecho, por mucho que las cadenas hayan presentado un recurso de reposición ante el Supremo, lo cierto es que la sentencia del Alto Tribunal es firme y lo que sorprende es que el Ejecutivo no la haya ejecutado ya, en el sobreentendido que ya ha recibido la notificación de la misma. Es lo que se espera en un Estado de derecho.

Es más, el último auto en cuestión propinaba al Gobierno un soberano varapalo, al advertir que la Administración popular se había arrogado competencias del poder judicial en la gestión del caso. “La suspensión o inejecución de una sentencia, sea de manera definitiva o meramente transitoria, como es el caso, no es una decisión que puedan adoptar las partes ni siquiera el Consejo de Ministros en pretendida defensa de intereses generales. En efecto, la Ley de la Jurisdicción es taxativa, como no podía dejar de ser, en que la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al tribunal sentenciador (…), mientras que las partes están obligadas sin más a cumplirlas en los términos en que éstas se consignen”, expone la resolución. Todo un revolcón.

El conflicto arrancaba en noviembre de 2012, cuando la sentencia del Supremo ponía en solfa el acuerdo alcanzado por televisiones y Gobierno para acomodar los canales a la puesta en marcha del dividendo digital. El ejecutivo, en una resolución de marzo de 2013, anulaba la concesión, pero permitía de forma temporal que las cadenas continuarán emitiendo “por el interés general”. Este sí pero no –una decisión en su día vista como una forma de ganar tiempo para alcanzar un acuerdo con las compañías afectadas– fue lo que el Supremo rebatió en respuesta al recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros interpuesto por la demandante original, Infraestructuras y Gestión 2002. Al punto de declarar nulo ese acuerdo del Gobierno, lo que obligaba al apagón inmediato de los canales. 

Bruselas, la última palabra

La cuestión volvía a la palestra esta semana, casi un mes después del fallo, cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejaba claro el miércoles que el plan técnico para el despliegue del dividendo digital irá en breve al Consejo de Ministros. El proceso para la liberación de esa parte del espectro radioeléctrico, actualmente ocupado por las televisiones, permitirá a las compañías de telecomunicaciones utilizarlo para servicios de banda ancha (4G). Eso sí, el político canario se guardó la respuesta a dos preguntas claves y disparó las especulaciones. Primero, ¿incluirá la nueva hoja de ruta la reducción de canales? Y segundo, ¿convocará el Ejecutivo un concurso para reasignarlos?

La respuesta a esas preguntas puede meter al Gobierno en un embrollo fenomenal. Otro más. Y es que si, como el sector se teme, Industria aprovecha el plan técnico para eliminar los nueve canales de marras, evitando la convocatoria de nuevos concursos, tendrá que vérselas con la justicia europea. Según aseguran fuentes conocedoras del proceso, la citada Infraestructuras y Gestión 2002 seguirá esa vía para hacer valer las directivas europeas, que obligan a que la gestión del espectro debe efectuarse mediante procedimientos “abiertos, transparentes y no discriminatorios” y de forma que se fomente la competencia. Atresmedia y Mediaset concentran el share y el mercado publicitario en cuotas elevadísimas.

Según un escrito remitido por la demandante a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones el pasado 4 de julio, no hay duda de que será un escollo a superar. “Adelantamos que mi representada solicitará la intervención de las autoridades europeas si no se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación nacional y, en consecuencia, se procede de forma inmediata al cese de las emisiones de los canales adjudicados ilegalmente sin concurso y a la consiguiente convocatoria del oportuno concurso para la adjudicación del mismo número de canales de televisión digital terrestre, aun después de la reestructuración habida como consecuencia del proceso conocido como ‘dividendo digital’”, exponía el documento.

Y remataba: “La adopción de una nueva planificación que reduzca el número de canales (…) para limitar con subterfugios el número de licencias (…) no puede entenderse más que como un incumplimiento de la normativa europea que será inmediatamente denunciada a las autoridades comunitarias”.  Este desarrollo incomodaría aún más a los operadores actuales, en tanto la eliminación de los canales sobrantes no compromete su posición de dominio en el sector. Otra cosa es que los concursos permitieran la entrada de otros operadores actualmente arrendados, como podrían ser Paramount, Discovery, MTV o la propia Conferencia Episcopal (13TV).