El Gobierno tramitará antes de verano la ley para privatizar las TV autonómicas

El Gobierno ha incluido en sus proyectos de reformas más urgentes para ser enviadas al Congreso antes del verano una nueva ley general audiovisual que permita la privatización total o parcial de las televisiones autonómicas. Será otra medida adicional para frenar el despilfarro de los ejecutivos regionales que en el último ejercicio gastaron 808 millones de euros en subvencionar sus canales de TV.

En la Moncloa cuentan ya con los informes favorables de los órganos reguladores, las comisiones de la competencia y del mercado de las telecomunicaciones que han sido refundidas en una sola instancia, más las sugerencias de las Comunidades autónomas afectadas. Con esos elementos trabaja ya en un texto de reforma de la ley correspondiente que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas, según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial. 

La nueva normativa será muy flexible para no entrar en colisión con los estatutos de Autonomía pero se basará en el principio de que las televisiones regionales, sin dejar de ser un servicio público, pueden ser gestionadas con intervención privada, tanto por la entrada de capital ajeno a las administraciones como por la vía de la subcontrata de las funciones. Ya hay de hecho, como en el caso de la TV de Aragón, canales autonómicos que tienen contratados con empresas privadas hasta los servicios informativos.

La mayoría de los gobiernos autonómicos controlados por el PP, el primero el de Madrid, reclaman facultades privatizadoras para reducir sus gastos en televisiones, pero hay estatutos más estrictos que otros en la materia. La actual ley audiovisual general, elaborada por los socialistas, considera la televisión casi como si fuera un órgano constitucional o un servicio básico como la sanidad, la justicia o la educación. Por ello establece que "corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público".

Lo que no quiere el Gobierno es que las televisiones autonómicas sigan siendo un agujero por donde se va el dinero público sin medida. Las cadenas regionales pierden audiencia desde hace años y por la vía de la publicidad también han visto reducidos sus ingresos un 30%. Acumulan deudas por valor de 1.600 millones de euros, algunas de ellas, como la valenciana o la catalana, tienen más plantilla que todas las privadas juntas y su sostenimiento vía subvención alcanzó los 808 millones en el último ejercicio. La Junta de Andalucía sumó este año de elecciones autonómicas una partida adicional de 40 millones para que Canal Sur cumpliera con los presupuestos de la temporada.

La Comisión Nacional de la Competencia estima que la privatización de las televisiones autonómicas, además de suponer ventajas para la gestión del erario y los recursos públicos por el ahorro que puede suponer, también contribuiría a introducir un mayor grado de competencia.