La prensa reclama al Gobierno más control sobre Google News y el resto de agregadores

“Debe protegerse la propiedad intelectual de los creadores de la información frente a los meros agregadores de noticias en Internet. Y queremos que el Gobierno afronte el problema por la vía legislativa”, se asegura a El Confidencial desde uno de los principales periódicos de este país. De hecho, ésa fue una de las inquietudes que el presidente de los editores, Antonio Fernández-Galiano, a la sazón consejero delegado de Unidad Editorial, transmitió a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la reunión que ambos mantuvieron el 29 de diciembre en Moncloa para retomar el plan de ayudas a la prensa, abortado antes del verano.

 

Una preocupación que se entiende a la vista de las cuentas de resultados de los diarios y la necesidad que tienen de rentabilizar sus web. Según los propios datos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), hechos públicos a mediados de diciembre, el beneficio conjunto de la prensa escrita cayó un 95% en 2008 –se quedó en 11,9 millones frente a los 232,9 millones de 2007- y registrará globalmente pérdidas en 2009. Los editores creen que parte de ese hundimiento tiene que ver con el auge de herramientas como Google News, que se limitan a agregar sus informaciones "sin pasar por caja" y que se aprovechan de los contenidos de la prensa.

De la Vega -que quiere anunciar el plan de ayudas durante la Presidencia española de la UE- acordó con Fernández-Galiano que AEDE remita de nuevo al Gobierno una batería de propuestas, en las que, según estas fuentes, la principal novedad será la demanda de que se regulen los agregadores de noticias. Los editores ya apuntaron en junio pasado esta posibilidad, después de que un juzgado madrileño prohibiera a una empresa de resúmenes de prensa distribuir contenidos de periódico sin contar con la autorización de los editores. Una base jurídica que, según AEDE, se puede perfectamente trasladar a la Red.

El debate no sólo está en España. En noviembre, el magnate Rupert Murdoch, dueño de News Corporation, acusaba a estos buscadores de robarle los contenidos que producían sus medios. “Google, Microsoft o Ask.com no deben tener acceso gratuito a esos contenidos”, aseguraba en una entrevista en su cadena Sky News, en la que amenazaba con empezar a cobrar. Google News salió inicialmente al paso asegurando que la empresa periodística que lo desee puede pedir que sus contenidos no aparezcan en su buscador. Días después, apuntó la posibilidad de limitar la lectura a cinco artículos gratuitos por medio, dirigiendo después a los lectores a la publicación en cuestión para una eventual suscripción.

La materia es de especial importancia ahora en AEDE, en tanto alguno de sus integrantes –veáse la propia Unidad Editorial- tienen previsto empezar a cobrar este año por parte de sus contenidos en la Red. “En ese caso, es evidente que habrá una información en abierto, pero la de pago, la del periódico en papel, no debería poder ser reproducida por agregadores”, exponen estas fuentes. El propio Fernández-Galiano aseguraba recientemente que el desarrollo futuro del sector pasa por conciliar el papel con Internet, para lo cual “ciertos tipos de productos serán de pago en la Red”.

Ayudas para un sector en crisis

No hay muchas novedades en el resto del paquete de ayudas. “No es una cuestión de ayudas directas. No queremos que nos den nada que no nos corresponde. Simplemente lo que se ha ofrecido a otros sectores en crisis. En el planteamiento a la vicepresidenta se incluirá la petición de ayudas para la modernización de la prensa, para la distribución, etc.”, apuntan fuentes de AEDE. La iniciativa que en su día planteó Moncloa no incluía ayudas directas ni la reducción del IVA para la prensa a un tipo mínimo, como defendieron en su día los editores de prensa. Fuentes de la Vicepresidencia Primera consultadas por este diario no quisieron hacer ninguna aclaración sobre la nueva negociación.

Entonces, el planteamiento de De la Vega, que también ha mantenido ya contactos informales con otras organizaciones del sector, consignaba líneas específicas del ICO para la modernización prensa por valor de 300 millones de euros, más el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social durante un año a aquellas empresas no inmersas en expedientes de regulación de empleo. Una propuesta valorada en otros 300 millones de euros. “Incluye innovación tecnológica, implica a todos los ministerios, toda una política de suscripciones. Es mucho más completo que el plan francés, que aporta 600 millones, pero en cuatro años”, se aseguraba desde el departamento de De la Vega.

La prensa también plantea dar la batalla en otros terrenos y pedirá al Gobierno que elimine el artículo que en la Ley de Economía Sostenible contempla el fin de la publicidad societaria obligatoria en prensa. “Es un auténtico rejón”, se asegura desde una de las principales cabeceras nacionales. Por ejemplo, y como explicó este periódico, para los diarios económicos supone de media un 11% de la inversión publicitaria total, aseguran fuentes del sector. Desde AEDE ya se criticó este medida durante la presentación de Libro blanco de la prensa diaria 2010, en tanto “genera tanta inseguridad jurídica como oscurantismo”.