Cuando el periodismo fracasa

Cuando el periodismo falla: así intentamos descubrir un contrato del Gobierno sin éxito

Los medios españoles llevamos meses pidiendo al Gobierno la publicación de los pliegos del contrato adjudicado a Indra para crear y mantener Radar Covid. Hemos fracasado, pero ese no es el problema

Foto: Imagen: Laura Martín.
Imagen: Laura Martín.

Hay un contrato público que está ahora mismo entre los más buscados por la prensa española. Es el que ha adjudicado el Gobierno a Indra por el mantenimiento y evolución de la 'app' Radar Covid. En total, más de 1,4 millones de euros en dos años por algo que nadie, salvo el Gobierno e Indra, conoce exactamente. El Ejecutivo ha recibido numerosas peticiones para publicar el pliego con los detalles del acuerdo y la respuesta siempre ha sido la misma: no. Es el ejemplo que mejor define la estrategia digital pública de los últimos meses, una opacidad de puertas hacia fuera e incluso hacia dentro que no sería preocupante si solo estuviera en juego un contrato. Está en juego un millonario 'plan Marshall' de digitalización que arranca en 2021.

España está a punto de recibir una lluvia de millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, destinados a ayudar a los estados miembros a capear la crisis del covid. Hablamos de 72.000 millones hasta 2023, de los cuales nada más y nada menos que el 33% irá destinado a proyectos de digitalización. Se trata de la mayor inversión pública en el terreno digital realizada en nuestro país en las últimas décadas. Y, pese a ello, conocemos todavía muy pocos detalles concretos de cómo, quién y para qué se va a realizar semejante desembolso de dinero.

Por el camino hemos ido recogiendo las migas. El Plan España Digital 2025, presentado este verano, dejó caer las primeras pinceladas: 20.000 millones de euros de inversión pública en los próximos tres años (15.000 vendrán de Europa), para objetivos aceptablemente definidos, como tener el 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G, pero para muchos otros objetivos que siguen en el aire, como tener un "25% de empresas que usen IA y big data". Publicar una frase así, totalmente hueca e irrealizable, en el plan estratégico que debe pilotar 20.000 millones euros de inversión pública, es sumamente preocupante.

"Esto puede acabar como un nuevo pelotazo de la construcción... solo que esta vez en digital". Así me lo explicaba una fuente conocedora de la estrategia digital del Gobierno que, como muchas de las que hemos consultado sobre este tema durante los últimos siete meses en El Confidencial, prefieren mantener el anonimato. Todo lo que tiene que ver con el impulso de digitalización del Ejecutivo y, en concreto, con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), es o tabú o delicado. Hay contratos millonarios, puestos de trabajo y carreras profesionales en juego. Nadie quiere arriesgar. Pero bajo la seguridad de la confidencialidad prácticamente todos transmiten un mismo mensaje que desde este diario hemos venido desgranando en múltiples publicaciones: hay un serio riesgo de que la lluvia de dinero procedente de Europa, ese 'plan Marshall' digital, acabe en saco roto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) a comienzos de diciembre. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) a comienzos de diciembre. (EFE)

La creación y desarrollo de Radar Covid es el precedente más preocupante de lo que puede ocurrir el año que viene con los fondos europeos y los proyectos de digitalización en cartera. Es un proyecto que arrancó con opacidad, se desarrolló con opacidad y languidece ahora envuelto en opacidad, como demuestra la negativa del Ejecutivo a publicar el pliego del contrato con Indra amparándose en "secretos propiedad de la empresa", cuya revelación, aseguran, podría suponer graves perjuicios a Indra. La gestación de esta 'app', todas las decisiones tomadas entre abril y mayo sobre innumerables aspectos, desde por qué se quiso inicialmente apostar por un sistema centralizado en lugar de uno descentralizado al equipo asesor y decisor detrás, no solo permanecieron siempre ocultas de puertas hacia fuera, sino que también ocurrió algo parecido en las tripas de la administración.

"La estrategia que se ha llevado a cabo desde enero es de un secretismo inusual, nunca he visto algo así en la Administración pública. Si pones en marcha una estrategia de inteligencia artificial y proyectos para ayudar a frenar el covid, hay que evaluar las acciones para saber si se ha llegado a un buen fin. Aquí se están llevando a cabo pequeñas acciones de manera discrecional y ocultista, no se consulta a nadie, nadie sabe cómo y por qué se contratan unas empresas sí y otras no y cuáles son los resultados". Así me lo dibujaba el pasado junio un exempleado de la Sedia con conocimiento directo de todo lo que se estaba gestando allí a comienzos de año.

El núcleo del proyecto, el famoso piloto en la isla de La Gomera, tampoco fue muy diferente: pese a las peticiones de la prensa, incluido este medio, y las CCAA, jamás se llegó a publicar un informe detallado con los resultados de efectividad del piloto, para el que el Gobierno contrató de nuevo a Indra de emergencia y sin publicidad por 330.000 euros. "Nunca llegamos a ver ningún dato adicional a lo que publicaron en abierto. Y hubiera sido muy útil para afinar mejor nuestro propio lanzamiento", me comentó meses después una fuente del Gobierno Balear. Luego llegó la publicación del código de la 'app', tras reiteradas peticiones de transparencia por parte de cientos de investigadores internacionales. Fue un gran paso, pero sin la documentación necesaria para una evaluación exhaustiva e independiente. Un gran paso de cara a la galería.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. (EFE)
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. (EFE)

Por el camino, la AEPD publicó un inusual comunicado quejándose de esta misma falta de transparencia y de no haber sido tenida en cuenta en el proceso de desarrollo de la 'app'. La adjudicación a Indra del mantenimiento de Radar Covid por 700.000 euros anuales y la negativa del Gobierno a publicar los pliegos del contrato es el último episodio de un proyecto del que hoy tampoco sabemos su efectividad real. El Ejecutivo solo confirma que la 'app' ha recibido 5,6 millones de descargas, pero, a diferencia de otros países como Suiza, no publica ni un solo dato sobre usuarios activos o estadísticas por CCAA que ayuden a medir el retorno de la inversión. Y esto es precisamente lo que preocupa, y mucho, a quienes siguen de cerca los proyectos de digitalización del Gobierno para los próximos años.

"Creo que el problema está en la falta de estrategia. Cuando eso ocurre, firmas proyectos y proyectos y, al acabar, se quedan olvidados en un cajón, no se evolucionan. Es una infraestructura que no puedes reutilizar porque no lo has planificado desde el inicio. Además, solo se habla de tecnología, de cómo se va a crear, pero no se reservan fondos para integrarla con los sistemas existentes o para formar a quienes deben usarla. Si algo nos ha enseñado Radar Covid y las 'apps' de 'contact tracing' es que la tecnología solo no es suficiente", explica una fuente consultada conocedora de la estrategia digital del Ejecutivo. En otras palabras, millones de euros dilapidados.

Esta y otras fuentes ponen varios ejemplos más allá de Radar Covid. Uno de ellos es el chat Hispabot-Covid19, un canal de consulta a través de WhatsApp "basado en inteligencia artificial" lanzado el pasado abril para ofrecer respuestas a la ciudadanía sobre el covid en plena pandemia. Hoy, ocho meses después, el chat está inactivo y no hay plan conocido para reutilizar la inversión ni la infraestructura desplegada.

(EFE)
(EFE)

"No sabemos nada sobre este proyecto: qué tipo de inteligencia artificial usa, qué hace exactamente, cómo funciona, qué estadísticas de uso hay, por qué no se sigue utilizando... Nada". El otro ejemplo más reciente y que suscita las mismas dudas es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Se basa en 6 ejes estratégicos sin concretar que recibirán 600 millones de euros para los próximos cuatro años (de 2021 a 2025).

Especialistas en IA lo califican como un buen intento, pero de momento insuficiente. Y señalan de nuevo a la clave: falta la estrategia a largo plazo para que esto no acabe en una mera fábrica de proyectos inútiles solo para justificar la inversión recibida. Carmela Troncoso, investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), experta en privacidad y una de las personas que creó el protocolo tecnológico de las 'apps' de rastreo de contactos para luchar contra el covid, me comentó recientemente en abierto lo que muchos especialistas piensan en privado. "La ENIA habla de mejorar la productividad de las empresas a través de la IA, pero eso no es una estrategia de IA, es un objetivo en general. ¿Qué va a abordar la IA? ¿Por dónde se va a empezar y por qué? Otro ejemplo es el eje de "promover la creación de repositorios de datos y facilitar el acceso". ¿Qué datos y para qué? Eso es lo primero que hay que pensar, no al revés".

Así pues, el 2020 se cierra con una noticia excelente: tenemos un millonario 'plan Marshall' digital en marcha que debería servir para modernizar el país como nunca antes. La mala noticia: conducimos sin rumbo y a ciegas, sin estrategia definida a largo plazo ni transparencia. Bienvenidos a 2021.

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