El juez ordena rastrear pagos a los observadores del 1-O en cuentas de Diplocat

El juez de Instrucción 13 de Barcelona continúa sus pesquisas sobre la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos durante el desarrollo del 'procés' y en el referéndum del 1 de octubre. En un auto dictado hace unos días, el magistrado accede a la solicitud de la Guardia Civil, que le reclamaba en un oficio rastrear las cuentas del consorcio público-privado Diplocat en busca de pagos destinados a los observadores internacionales desplazados a Cataluña para la consulta.

La Guardia Civil transmitió al juez sus sospechas de que desde el consorcio impulsado por la Generalitat de Cataluña dedicado a la proyección internacional se participó de forma directa "en la contratación y el pago de gastos de viaje y alojamiento" de estos verificadores del 1-O. Los dos equipos de expertos desplazados para la ocasión, uno encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, y otro por el exembajador holandés Daan Everts, pudieron haber percibido además "gratificaciones y otros importes en concepto de dietas". Solo el grupo de Catt estaba integrado por 17 personas que se trasladaron a Cataluña un mes antes de la consulta.

El Instituto Armado pone de manifiesto que las solicitudes formales dirigidas a la Generalitat para conocer los costes económicos del referéndum resultaron infructuosas. El departamento de Asesoría Jurídica de la Generalitat contestó a los requerimientos indicando que no se había producido ningún gasto en ningún departamento del Govern que presidía Carles Puigdemont vinculado con el 1-O.

"Dada la opacidad de la Generalitat para esclarecer la posible malversación y, concretamente, el papel desarrollado por Diplocat", los agentes reclamaron en un inicio acudir al conocido como 'punto neutro judicial' —una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales accesos directos a aplicaciones y bases de datos de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones— para identificar las cuentas del organismo y de su ex secretario general Albert Royo. También querían identificar un listado de trabajadores del consorcio.

Esta primera línea de investigación resultó infructuosa, por lo que la Guardia Civil reclamó al juez que pidiera los datos a la propia Agencia Tributaria. El magistrado lo acordó en un auto fechado el pasado 1 de febrero en el que, además, da carta blanca a los agentes para proceder a nuevas peticiones de datos en caso de ser necesario. Autorizó, también, la obtención de cualquier otra información vinculada a los depósitos, como los autorizados o los movimientos de divisas.

Se da la circunstancia de que, días después del 1-O, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, pidió por carta al fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, que investigara los fondos con los que Diplocat financió los gastos de este grupo de expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum. Hacienda reclamaba una investigación por si de estos hechos "se deducen indicios de criminalidad" y posibles responsabilidades penales "contra autoridades y funcionarios de la Generalitat".