El cierre de las 'embajadas' catalanas conllevará penalizaciones millonarias

El cierre de las legaciones diplomáticas impulsadas por el Govern catalán en el extranjero supondrá un coste millonario extra para las arcas públicas catalanas. Según ha podido saber El Confidencial, tras la aplicación del 155 el Gobierno central se ha topado con que algunas de estas embajadas catalanas estaban vinculadas a contratos con elevadas penalizaciones por cancelación del alquiler de los locales donde se alojaban.

Desde el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a finales de octubre, el departamento de Exteriores inició la labor de desactivar estas sedes, salvo la que se mantiene en la capital belga. La Generalitat de Cataluña disponía de una decena de delegaciones de representación en el exterior en puntos como Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea o Estados Unidos.

El área que lideraba el 'exconseller', Raül Romeva, complementaba la labor de las legaciones con el desarrollado por el patronato de Diplocat, una entidad público-privada al servicio del Govern para impulsar la proyección internacional de Cataluña. A finales de 2016, el ejecutivo regional anunció la apertura inmediata de cuatro nuevas delegaciones en Copenhague, Varsovia, Zagreb y Ginebra. Se alcanzaba así un listado de 14 locales.

Las fuentes consultadas apuntan que la cancelación de los contratos ha obligado a abonar cuatro años completos de arrendamiento al menos en una de las embajadas clausuradas. La Generalitat escogía para su representación internacional locales en las mejores zonas de cada una de las capitales. El mejor ejemplo es la representación de Bruselas, la única que se mantiene abierta, por la que se pagaban alquileres de más de 70.000 euros mensuales. Situada en el centro de la capital comunitaria el emplazamiento ocupa 2.391 metros cuadrados.

Aunque aún es pronto para realizar un cálculo y la cantidad total no se conocerá hasta que se haya completado el cierre, a ese coste habrá que añadir el derivado del despido del personal que trabajaba en cada punto, en muchas ocasiones nacionales de cada país. Las normas para la rescisión de contratos en cada territorio varían y, en algunos casos, se está dilatando el fin de los contratos o será necesario abonar indemnizaciones.

Como publicó El Confidencial, solo el coste de las delegaciones (sus alquileres y gastos corrientes) y el personal del departamento de Exteriores destinado a este fin supera los 23 millones. La prioridad de Puigdemont de internacionalizar la causa secesionista lo demuestra el fuerte incremento presupuestario en la acción exterior aprobado para 2017, que asciende a 39,6 millones de euros, incrementándose el 80% y sumando 18 millones más con respecto a 2015. Hasta el punto de que la actividad de la presidencia catalana para desarrollar su labor en el exterior quedó regada con 2,3 millones de euros, según los datos desprendidos de las cuentas públicas aprobadas para este año, reforzando especialmente la cuantía dedicada a viajes y transporte.

En febrero de 2015 Cataluña contaba con cinco instituciones propias en el exterior, y a día de hoy tiene 11 y otras tres que están pendientes de designar: Croacia, Marruecos y la Santa Sede. La Generalitat anunció, de hecho, su intención de abrir hasta 50 delegaciones en los próximos años.