Pacto educativo antes de las elecciones: ¿colegios concertados, sí o no?

Revisando los programas de los partidos políticos, los únicos que se oponen frontalmente al sistema de conciertos son Podemos e Izquierda Unida. Si el PP se enroca, difícil

Foto: Alumnos de primaria. (EFE)
Alumnos de primaria. (EFE)

Tal vez ya estén hartos de que les hable de la necesidad de establecer al menos una hoja de ruta para el pacto educativo antes de las elecciones. Pero la tenacidad es imprescindible si queremos despertar al dinosaurio. Debemos repensar el articulo 27 de la Constitución -el único pacto educativo que hemos sido capaces de armar-, aprovechando la experiencia de estos años. Por eso, siento que Rajoy haya enarbolado en precampaña uno de los temas que deberían ser debatidos seriamente: la escuela concertada. Al hacerlo, polariza la cuestión, lo que siempre favorece una estrategia del enfrentamiento y dificulta una búsqueda de consenso. Revisando los programas de los partidos políticos, los únicos que se oponen frontalmente al sistema de conciertos son Podemos e Izquierda Unida. Si el PP se enroca en la defensa de la concertada, y Podemos e IU en su condena, resultará muy difícil llegar a un acuerdo.

Pacto educativo antes de las elecciones: ¿colegios concertados, sí o no?

Dentro de pocos días, presentaremos los 'Papeles para un pacto' que estamos elaborando. De la documentación revisada se desprende que la mayoría de los enfrentamientos que dificultan el acuerdo son muy viejos. Eso es malo, porque los avatares históricos añaden capas de complejidad, agravios, derrapes, malentendidos, que dificultan el tratamiento riguroso de los problemas. Al final, en la lucha política, no se enfrentan teorías, sino estereotipos. En el caso que nos ocupa, el enfrentamiento se da entre la obligación estatal de proteger el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza, que permite, por una parte, que los ciudadanos abran centros educativos y, por otra, que los padres elijan el modelo de educación de sus hijos. 

Los demonios de la historia enredan las ideas, porque la intervención eclesial en el sistema educativo público, desde 1875, ha estado plagada de excesos

Son dos derechos fundamentales, ninguno de los cuales puede eliminarse, pero que necesitan una cuidadosa ponderación, como ocurre con otros derechos: la libertad y la seguridad, el derecho a la intimidad y el derecho a la expresión, por ejemplo. Pero esta discusión se mezcla con otros factores diferentes que introducen confusión, entre ellos un concepto competitivo de la escuela. Algunos piensan que si la competencia es un mecanismo que mejora el funcionamiento del mercado, lo mismo sucederá en el mundo educativo. Otros, en cambio, piensan que eso supondría una mercantilización de la escuela. También interfiere en el debate la religión, porque una parte importante de la enseñanza concertada es confesional. De nuevo, los demonios de la historia enredan las ideas, porque la intervención eclesial en el sistema educativo público, desde el lejano decreto Orovio de 1875, ha estado plagada de excesos, que ocultan a veces sus contribuciones positivas. De hecho, como han reconocido dos prestigiosos sociólogos de la educación -Julio Carabaña y Mariano Fernandez-Enguita-,  la polémica publica/concertada es anticuada, y lo que preocupa y moviliza no es tanto la titularidad privada como la confesionalidad. 

El enfrentamiento entre escuela pública-escuela concertada se manifiesta, por supuesto, en el tema de la financiación. En todos los países democráticos, los estados han comprendido la importancia de crear unos sistemas educativos eficientes y justos. Pero esa decisión la han llevado a la práctica de diversas maneras. Hay sistemas centralizados y otros municipalizados; hay sistemas en que el Gobierno administra directamente las escuelas y hay otros con más autonomía; hay sistemas en que hay un 'public-private partnership', una colaboración entre el sector público y privado, pero organizado de formas muy variadas: el Estado financia escuelas de gestión pública y de gestión privada, o se encarga de las infraestructuras, o deja la gestión de centros públicos a equipos privados, o financia a las familias directamente mediante 'cheques escolares', etc. Para ver la complejidad del tema, pueden leer el informe 'EURYDICE. La financiación de los centros educativos en Europa'. 

La LODE fue impulsada durante el mandato de Felipe González. (EFE)
La LODE fue impulsada durante el mandato de Felipe González. (EFE)


En España, la LODE, elaborada por el Gobierno de Felipe González, implantó el sistema de conciertos. El Estado financia centros educativos de titularidad privada, siempre que se adecúen a las condiciones fijadas por las leyes. Hay dos fundamentales: tienen que ser gratuitos y tener los mismos criterios de admisión que las escuelas públicas. Los gobiernos determinan el importe de los conciertos. Hasta ahora, la cantidad pagada por plaza escolar a los centros concertados ha sido menor que la que se paga por plaza en los colegios públicos, aunque este cálculo ha estado sometido a interpretaciones diferentes. También se autorizó a cobrar por servicios o actividades extracurriculares, siempre que no tuvieran carácter lucrativo, es decir, que se cobraran a precio de coste. Posteriormente, se aceptó que los posibles beneficios se aplicaran a amortizaciones de edificios, lo que implicaba que los padres -que eran la única fuente posible de ese beneficio- colaboraban al mantenimiento del centro. Aunque esas cuotas o aportaciones son voluntarias, puede darse una presión psicológica para pagarlas. En la mente del legislador ha estado siempre presente la idea de que el sistema concertado no tiene una finalidad lucrativa. Eso lo distingue de las escuelas privadas, que pueden ser, en efecto, un mero negocio.  

Los detractores de la escuela concertada la acusan de detraer fondos de la pública, para favorecer intereses privados, económicos o ideológicos, y de seleccionar a su alumnado. Los defensores de la concertada opinan que es una forma de defender la libertad de elección, la pluralidad de modelos y también la participación de la sociedad en la gestión de la educación. Creo que en este tema, como en otros que dificultan el pacto educativo, la solución está en elevar el nivel del debate, olvidarnos de agravios históricos y pensar rigurosamente en el futuro.

Aquellos agentes sociales que puedan ayudar a mejorar el sistema público (aunque sea mediante iniciativas privadas), sean bienvenidos

Necesitamos un 'sistema público de educación' que garantice los derechos fundamentales, que incluyen la libertad, sin duda, pero también la calidad y la equidad. Ese 'sistema público' ha de ser gestionado, promovido y garantizado por el Estado, que sin embargo no tiene por qué ser agente directo en todos los niveles ni en todos los casos. El es el único que puede garantizar que la escuela llegará a todos los lugares y a todos los alumnos, cosa que no puede hacer la iniciativa privada, que es voluntaria y circunstancial. Pero el Estado, como he dicho, puede cumplir su obligación por procedimientos variados, en los que priman los resultados y el modo más eficiente de utilizar los fondos. Aquellos agentes sociales que puedan ayudar a mejorar el sistema público (aunque sea mediante iniciativas privadas), sean bienvenidos. Este debería ser el criterio para la concesión. ¿Cómo pueden mejorar el sistema público? De muchas maneras: por el lugar donde se abran, por la calidad de su proyecto educativo, porque permitan una pluralidad beneficiosa, porque aporten recursos económicos y personales al sistema público, porque sirvan para comparar modos diferentes de gestión. 

Creemos que el sistema de conciertos ha funcionado razonablemente bien, pero que ha dado lugar a algunos excesos, abusos y disfunciones. Por ello, en vez de ir a una defensa a ultranza o a un rechazo a ultranza también, debemos debatir lo que es mejor para conseguir los objetivos de un sistema educativo: la calidad y la equidad, un socialismo de las oportunidades y una aristocracia del mérito, un modelo que en colaboración con otros servicios estatales ayude a los niños en peor situación económica, un modelo potente de becas, un sistema que atraiga hacia la escuela todo tipo de ayudas (de fundaciones, empresas, familias, etc.), y un modelo que permita la pluralidad de enfoques pedagógicos y la libertad de elección de los padres. Solo si desarrollamos el talento necesario para superar -por elevación- esos enfrentamientos, podremos mejorar nuestra escuela. Por eso, necesitamos un pacto creativo, integrador, superador, que no se contente con meras concesiones recíprocas. Y los partidos deberían comprometerse a conseguirlo ahora, cuando las uvas del poder están aún verdes. 

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