Los derechos de los inquilinos, en jaque con la nueva ley del alquiler

Recortar los derechos de los inquilinos. Esta es la fórmula que ha encontrado el Gobierno para fomentar el mercado del alquiler. Poder desahuciar a un arrendador rápidamente si se retrasa en el pago de su renta o rebajar de cinco a tres años la prórroga forzosa de los contratos son algunas de las medidas estrella del anteproyecto de ley  para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, que se aprobó este viernes en el Consejo de Ministros.

Según el Ejecutivo, las nuevas medidas “flexibilizarán y agilizarán el mercado del alquiler”. Un segmento que si se dinamiza-actualmente solo un 17% de la población vive en régimen de arrendamiento frente al 30% de la media europea- puede contribuir notablemente a la reactivación del mercado inmobiliario. No en vano, las estimaciones oficiales apuntan a que existen aproximadamente tres millones de viviendas desocupadas, además de las 600.000 casas que hay en ‘stock’.

Precisamente, lo que el Gobierno pretende con las modificaciones es que los propietarios de dichas viviendas desocupadas las pongan en alquiler. Para ello, ha decidido favorecer las condiciones de los arrendatarios y que se sientan más protegidos ante un posible impago. “Con este anteproyecto aumentará la oferta de viviendas disponibles lo que permitirá "encontrar pisos en alquiler a mejores precios, aseguró el viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor.  

En este sentido, la nueva ley fija en 10 días el plazo que tiene el inquilino para abonar la deuda una vez que el arrendatario recibe el requerimiento de pago, ya que transcurrido ese tiempo, el juez podrá dictar una resolución forzosa del contrato y ordenar el desahucio.

Y, como era previsible, las voces críticas con este aspecto de la ley no se han hecho esperar. A juicio de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), la reforma supone un desequilibrio en la relación contractual en beneficio del propietario y, además, implica acelerar determinados trámites, lo que supondrá "la limitación de las garantías y derechos procesales de los inquilinos".

Sin embargo, los expertos consideran también que esta medida es inviable debido al atasco que existe en los juzgados españoles y creen que se convertirá en papel mojado. “Los procesos de desahucio seguirán durando meses e incluso años, lo único que se va a reducir es el plazo para pagar la renta atrasada o para presentar alegaciones ante el juez", señala Gerardo Neistat, portavoz de la compañía Alquiler Seguro.

“Los juzgados son el gran cuello de botella que reduce la seguridad en el mercado de alquiler de viviendas, ya que están tan colapsados que tardan mucho tiempo en dictaminar resoluciones en estos casos", subraya Nestat.

Otro e los aspectos más delicados de la nueva ley es el de la venta de la vivienda, ya que a partir de ahora el comprador solo deberá mantener al inquilino si el acuerdo está inscrito en el registro de la propiedad. Un trámite que pueden llevar a cabo tanto el arrendador como el propietario, pero que conlleva un desembolso económico. 

Acuerdos bilaterales

Asimismo, la nueva normativa recorta de cinco a tres años la prórroga forzosa del contrato e introduce mayor libertad para que propietario e inquilino negocien otros aspectos del mismo, como la actualización de las rentas independientemente del IPC. También modifica el régimen de avisos para abandonar o solicitar la vivienda: los inquilinos solo tendrán que avisar con un mes de antelación para salir de la misma, mientras que el casero deberá comunicarlo dos meses antes y solo podrá hacerlo cuando la necesite para uso familiar.

 "Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras", expone el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que "los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto tendrán ahora vía libre”.