Los acusados Se enfrentan a penas de 5 años de cárcel

¿Delito o "chapuza policial"? Arranca el juicio a la 'cúpula' española de Anonymous

El 18 de mayo comienza el juicio a tres acusados de haber tumbado la web de la Junta Electoral Central en 2011. La defensa denuncia irregularidades en la investigación

Foto: (Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)

Queda poco más de una semana para que arranque un juicio sin precedentes en España: el que sentará en el banquillo a los miembros de la supuesta 'cúpula' de Anonymous en nuestro país, acusados de tumbar en 2011 la página web de la Junta Electoral Central (JEC) y el Congreso. Tras el incidente se sucedió una investigación policial que desembocó en el arresto de tres personas, acusadas de orquestar los ataques, causar daños informáticos y pertenecer a una organización criminal. Se enfrentan a una pena de cinco años de cárcel cada uno. La defensa pedirá la nulidad del juicio por considerar que no hay pruebas inculpatorias y, aún más grave, por "errores flagrantes" durante la investigación.

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"Desarticulada la 'cúpula' de Anonymous en España". Así anunció la policía el 10 de junio de 2011 el desenlace de una operación de meses. Ese mismo día organizó una rocambolesca rueda de prensa que se hizo viral al instante. En ella, el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Manuel Vázquez, y el comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, posaron sonrientes ante las cámaras con una máscara de Guy Fawkes, símbolo de la organización de activistas y 'hackers' Anonymous.

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La foto, la frase, la detención y la investigación causaron sorna e indignación a partes iguales en internet y las redes sociales. Todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿cómo es posible hablar de 'cúpula' para referirse a una organización como Anonymous que, por definición, carece de estructura jerárquica, organizativa y hasta funcional? ¿Fueron los tres detenidos de verdad los culpables del ataque a la web de la JEC? ¿Fue un ataque tan grave como para pedir cinco años de cárcel? ¿Cuáles fueron los daños reales?

Estas cuestiones se abordan en las casi 1.600 páginas del sumario judicial al que ha tenido acceso Teknautas, y se verán también en el juicio que arranca el próximo día 18 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. La Fiscalía sostiene todos los cargos. Parte de la defensa habla de "chapuza policial".

Los ataques y el supuesto delito

Los tres acusados que se la juegan a partir del próximo día 18 son Yuri David López, José María Zaragoza y Rodrigo Tuero. Este último fue detenido en Almería en 2011, pero reside en Gijón, y sobre él ha girado buena parte de la investigación. La policía encontró en su domicilio el servidor desde el cual se organizaron supuestamente los ataques (de ahí que el juicio se haya trasladado a la ciudad asturiana). Los otros dos acusados habrían colaborado y ayudado en su ejecución.

Según el fiscal, los tres acusados "formaban parte del colectivo Anonymous y prepararon ataques DDoS contra la Junta Electoral Central"

Los hechos se remontan al 18 de mayo de 2011, en pleno movimiento del 15-M y justo antes de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar el 22 de mayo. Según el escrito de acusación, los tres administradores "formaban parte del colectivo Anonymous y prepararon ataques de denegación de servicio (DDoS) contra el entorno informático de la Junta Electoral Central, la página web del sindicato UGT y la del Congreso. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la web de la JEC, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral", explica el fiscal Alberto Rodríguez Fernández.

El 19 y el 20 de mayo, la web de la JEC recibió casi 345.000 'emails' y, "en algunos momentos", dos millones de peticiones en menos de un minuto lanzadas desde la misma dirección IP. Es decir, un ataque de 'mail bombing' en toda regla (inundar un correo con 'emails') y DDoS (inundar un servidor con peticiones). Como consecuencia, la web quedó innacesible "de forma intermitente durante días". ¿El perjuicio económico? Según la investigación, 700 euros, "correspondientes a dos jornadas de un consultor externo en seguridad".

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)

El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de delitos graves según el artículo 264.2 del Código Penal. La defensa habla de conclusiones "delirantes".

"¿Considerar un delito grave que una web haya estado intermitentemente innacesible y con un perjuicio de 700 euros? ¿Pedir cinco años de cárcel por esonbsp;No tiene ningún sentido. El propio fiscal se dio cuenta de que no había elementos suficientes para considerar esto un delito grave, pidió un informe al juzgado, y fue la propia JEC quien respondió con la cifra de 700 euros. No hay pruebas inculpatorias, y no solo eso: se pincharon las conversaciones entre mi cliente y yo para incorporarlas a la causa. Pediremos la nulidad del juicio, tenemos serias dudas sobre la legalidad de la investigación", explica David Maeztu, abogado del acusado Rodrigo Tuero.

Carlos Sánchez-Almeida, abogado de Yuri David López, va más allá. "El caso apesta a nulidad por todas partes. La policía no precintó los ordenadores que requisó, se rompió la cadena de custodia. Tampoco revisó el servidor de la JEC para saber qué ocurrió. La única forma de saber por qué se cae un sistema es analizando el servidor, y eso no se hizo. Sobre el bombardeo con 'emails', no se ha aportado ni una sola prueba que demuestre que fueron enviados o escritos por los acusados".

Estábamos en pleno 15-M, con un Gobierno nervioso y unas elecciones. Se intentaba criminalizar a Anonymous y relacionarlo con el 15-M

La Fiscalía les señala como los coordinadores de los ataques, asegurando que "administraban el canal de IRC (chat) de 'Anonymous anonnet', donde se ejecutaban y planificaban las acciones y, además, se prestaba asesoramiento técnico a otros usuarios de Anonymous para que tomaran medidas de seguridad para impedir su identificación". Según Maeztu, "mi cliente sí tenía un servidor y albergaba un chat, pero eso no le hace ni miembro de Anonymous, cosa que en cualquier caso no sería un delito, ni responsable de los ataques. No se ha podido probar quién ha hecho los ataques. Y, aun así, falla la base: no se trata ni siquiera de un delito grave". 

La 'cúpula' de Anonymous

El escrito de acusación del fiscal insiste en asegurar que los tres acusados forman parte de Anonymous, a quien define como "una pluralidad de usuarios informáticos, tanto en España como de otros países, que, entre otras actividades, organizaban ataques de denegación de servicio (DDoS). Para la realización de estos ataques, este colectivo utiliza una herramienta informática llamada LOIC; la coordinación de los numerosos usuarios que intervienen en el ataque se realiza a través de diversos blogs de internet y sus redes de servidores IRC (chats)".

Según la defensa, el intento de relacionar a los acusados con la 'cúpula' de Anonymous es, por un lado, "erróneo y surrealista" y, por otro, una muestra de las verdaderas intenciones de la investigación policial. "Anonymous no tiene jerarquía, no hay relación entre las personas, no es una organización criminal, es un ente, una idea. Es un intento de querer agravar el asunto, como si pertenecieran a un grupo terrorista", explica Maeztu.

(Foto: Reuters)
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Según Sánchez-Almeida, solo se puede entender este caso dentro del contexto político en el que se produjo. "Estábamos en pleno 15-M, con miles de personas protestando en las plazas, con un Gobierno nervioso y unas elecciones a la vuelta de la esquina. Se intentaba criminalizar a Anonymous y relacionarlo con el movimiento 15-M. Es más, tenemos indicios de que la policía ha podido haber permitido y alentado el ataque a la JEC". 

¿Delito provocado?

Entre las pruebas inculpatorias aportadas en el sumario judicial de 1.600 páginas, se encuentran algunas de las conversaciones por chat mantenidas entre uno de los tres acusados, José María Zaragoza (que usaba los 'nicks' de Mugen, Seraf y Sipias) y otros usuarios. Uno de ellos es un policía infiltrado bajo el 'nick' de Sprocket.

Según la defensa, las conversaciones demuestran dos puntos clave: uno, que la policía venía investigando desde hace tiempo a los acusados, mucho antes de los ataques, y dos, que en muchos puntos de la conversación el policía infiltrado parece "animar" a los investigados a cometer el delito.

A continuación, reproducimos una de las conversaciones aportadas en el sumario, en la que Sprocket es un policía infiltrado y Mugen el acusado José María Zaragoza.

may 12 13:47:52 sprocket   estoy profundizando en esto
may 12 13:48:09 sprocket   y necesito info sobre los ataques del dia 20
may 12 13:48:23 sprocket   no se los que seremos
may 12 13:48:28 sprocket   pero bueno
may 12 13:48:34 sprocket   teoricamente
may 12 13:48:48 sprocket   con poquitos podriamos hacer algo grande jeje
may 12 13:49:04 Mugen      bueno
may 12 13:49:08 Mugen      no se cuantos seremos la verdad
may 12 13:49:19 sprocket   pero muchos partidos hay puestos
may 12 13:49:29 Mugen      tu podras poner la botnet?
may 12 13:49:33 Mugen      para el 20
may 12 13:49:51 sprocket   ayer hable con mi colega
may 12 13:49:53 sprocket   sobre ese tema
may 12 13:50:21 Mugen      y que dice?
may 12 13:50:23 sprocket   y a ver
may 12 13:50:31 sprocket   la bot la llevan entre varios
may 12 13:50:37 Mugen      logico
may 12 13:50:50 sprocket   tienen la opcion ddos
may 12 13:50:56 sprocket   en el c&c
may 12 13:51:10 sprocket   teoricamente funciona
may 12 13:51:18 Mugen      si eso lei

Según la Fiscalía, este y otros chats demuestran que hay un intento de organizar ataques informáticos. Tal es así, argumenta, que el acusado José María Zaragoza reconoció los hechos en su declaración policial, facilitando el ordenador portátil que utilizaba. No así los otros dos acusados, Yuri David López (que utilizaba los 'nicks' de Wicker, Némesis e Irae) y Rodrigo Tuero (que empleaba los 'nicks' de Tuerinator y Devnuller). Estos dos últimos se declaran inocentes de cualquier acusación. 

"Cuando el policía infiltrado dice 'con poquitos podríamos hacer algo grande', está incitando a que se cometa un delito. Por eso tenemos sospechas de que ha podido ser un delito provocado, con una estrategia policial detrás. Dadas las fechas y el movimiento del 15-M, creo que esto ha sido más bien una operación del Ministerio del Interior, que fuera la policía quien pidiera a la JEC interponer la denuncia para arrancar todo el proceso", apunta Sánchez-Almeida.

Todo está listo para que el próximo miércoles 18 de mayo, justo cinco años después de los ataques, arranque el juicio en Gijón. Tras las vistas iniciales, la jueza podría decretar la nulidad o no de las pruebas y del proceso o manifestarse sobre ellas al final. En juego está una posible sentencia de cinco años de cárcel para cada acusado. La batalla legal, fuera de internet, comienza ahora.

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