Ley de Emprendedores: el proyecto estrella de Rajoy... que nunca termina de llegar

Era el proyecto estrella de Rajoy, pero aún sigue en stand by: casi siete meses después de la victoria del PP en las elecciones generales, la famosa Ley de Emprendedores sigue sin ver la luz. Y, lo que es peor: tampoco se sabe muy bien en qué consistirá, ya que solo se conocen algunos detalles aislados que llegan en forma de goteo.

Fue una de las grandes promesas del ahora presidente del Gobierno en época electoral: ante la crisis galopante era necesario crear empleo desde abajo y facilitárselo a los que mejor saben hacerlo: los pequeños empresarios. El PP se colgaba el emprendimiento como bandera y anunciaba una ley que ayudaría a los emprendedores a liderar la creación de empleo en nuestro país.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las noticias sobre esta Ley se han sucedido más en forma de rumores e insinuaciones difusas que como medidas concretas y oficiales. Hasta ahora, el Gobierno ha tomado alguna medida aislada en aparente beneficio de los emprendedores, como algunos de los puntos de la reforma laboral (aplaudidos por los colectivos de autónomos, que fueron puestos posteriormente en duda) o la creación de un fondo de 40 millones de euros -que podría verse algo escaso- para invertir en startups, pero la Ley de Emprendedores sigue sin llegar a materializarse.

¿Qué cabría esperar de la Ley de Emprendedores?

Atendiendo a las promesas que Rajoy hizo en periodo electoral y algunos anuncios esporádicos que han ido surgiendo, de la futura Ley de Emprendedores podríamos (o deberíamos) esperar medidas como las siguientes:

- Liquidación de IVA por facturas cobradas. La eterna lucha: trimestre tras trimestre, autónomos y empresas liquidan el IVA de todas sus facturas, independientemente de que las hayan cobrado o no. Incluso si se sabe que no se va a cobrar. La Unión Europea instó hace más de un año a España a suprimir esta práctica para que solo se liquide el IVA de las facturas que hayan sido cobradas. El Gobierno ha anunciado varias veces que modificará el reglamento, pero aún no lo ha hecho.

- Despenalización del fracaso empresarial. En muchas ocasiones hemos reflejado que en España el fracaso empresarial quizá se castiga más que en otros países. Las teorías a favor de la despenalización social cada vez van cobrando más protagonismo (apoyadas, incluso, por figuras televisivas como Andreu Buenafuente o Pablo Motos) y en el PP se han contagiado de ellas: en el último Spain Startup, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que la Ley de Emprendedores incluirá una regulación de 'segunda oportunidad', para que los empresarios que no hayan tenido éxito en un primer negocio puedan liberarse de las cargas financieras y emprender de nuevo, una medida en apariencia positiva pero que podría resultar bastante polémica.

- Responsabilidad limitada del autónomo. En línea con lo anterior, fue el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el que filtró el pasado marzo que el Gobierno quería que los autónomos pasasen de tener responsabilidad ilimitada (respondiendo con su propio patrimonio ante las deudas) a la responsabilidad limitada, como tienen otras empresas.

- Acceso a crédito. Según los colectivos de autónomos, el acceso al crédito es poco menos que imposible. En la inyección de dinero público en la banca que hizo el Gobierno de Zapatero, se dijo que empezaría a fluir el crédito, un mensaje que se ha repetido con el reciente rescate de las entidades bancarias por parte de la Unión Europea. Por el momento, lo cierto es que el crédito sigue siendo casi inexistente.

- Fomento de la cultura emprendedora. Parece evidente que, en España, los emprendedores no tienen la buena prensa que se les concede en otros países. De hecho, la palabra 'emprendedor' casi actúa como eufemismo de 'empresario', un término que muchos ciudadanos asimilan de forma negativa. El PP siempre ha dicho que intentará cambiar esa mentalidad y, de hecho, la Ley de Emprendedores de Castilla-La Mancha incluye el fomento de la cultura emprendedora en los centros educativos. No obstante, hasta ahora no se ha especificado de qué forma se hará.

- Morosidad de las administraciones públicas. Las últimas descargas de dinero público a las administraciones han ido precisamente destinadas a que éstas salden sus deudas con proveedores. Parece que así se está haciendo, aunque aún queda muy lejos la Ley de Morosidad, vigente en España desde junio de 2010 e incumplida de forma sistemática por todas las administraciones.