La asfixia financiera de las residencias de ancianos

Reducciones de plantilla, impagos a los trabajadores, bajas de usuarios... Las noticias sobre los servicios de atención a dependientes de la tercera edad parecen haberse instalado en los últimos meses en un peligroso crescendo dramático. No es una situación distinta a la que atraviesan otros sectores, pero la axfisia financiera de las residencias de ancianos afecta, en última instancia, a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Ahora que muchos centros de mayores privados empiezan a cerrar sus puertas acosados por las deudas, la advertencia que hacen las voces del sector es sencilla: no está en juego su ratio de beneficio, sino la viabilidad a largo plazo del modelo asistencial y de servicios especializados que hoy conocemos. 

Según el Informe sobre precios de residencias privadas en España que publica Inforesidencias.com, la tarifa de los centros para mayores bajó el año pasado por primera vez desde que se registran los datos. En 2011 se situó en una media de 1.724 euros al mes, casi un 3% menos que el año anterior.

La agudeza de la crisis que atraviesa el sector se evidencia, entre otros síntomas, en este descenso de unas tarifas que, según los expertos, deberían estar subiendo. El porqué es sencillo; la entrada en vigor de la llamada ley de dependencia en enero de 2007 incrementó el número de plazas concertadas –plazas en centros privados reservadas y subvencionadas por las Comunidades Autónomas– que la Administración, no obstante, paga a un precio por debajo del de mercado. Esto obliga a subir precios en las restantes para compensar el déficit.

Uno de los desajustes más pronunciados lo encontramos en la Comunidad Valenciana. A finales del año pasado, un estudio de la Universidad de Valencia para Lares CV revelaba que los centros privados de la Comunidad asumían un déficit de más de 6 euros por plaza concertada y día; el precio real era de 56,48 euros pero el concierto fijado por la Generalitat ascendía a 50 euros. A este déficit habría que sumar el impago de la deuda contraída por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social con los centros, que en 2011 llegaba a un total de 4,7 millones de euros –que a día de hoy siguen pendientes de abono–. Situaciones parecidas se repiten a lo largo y ancho de todo el país.

Así, los centros de mayores deben subir los precios de sus plazas no concertadas para hacer frente al "déficit de tarifa pública" y los retrasos en los abonos de la Administración. Es lo que ocurrió entre 2008 y 2010, lapso en que los precios subieron un 3,8% por el efecto, según los analistas, de esta ley.

Plazas libres en todas las residencias

Pero la recesión económica parece estar empezando a vencer la resistencia. El paro, la caída del poder adquisitivo y la prolongada insolvencia de las familias están vaciando literalmente las residencias de ancianos. Hoy ya son una inmensa mayoría –un 98,4%, según el informe– los centros españoles que cierran su balance anual con plazas libres. Hace un año eran el 85% y en 2009, tan solo eran el 76%. La bajada de precios no parece estar frenando, de momento, esta tendencia.

"Que haya plazas libres en prácticamente todas las residencias es algo que no ocurría desde principios de los 90", explica a El Confidencial Josep de Martí, director de Inforesidencias.com. Un hecho, según el experto, que pone a los centros en una situación más comprometida de lo que parece a simple vista: "Para alcanzar el equilibrio en su cuenta de resultados, las residencias deben tener cubiertas el 90% de sus plazas. Hoy la ocupación de muchas no sobrepasa el 70%".

Menos usuarios y más caros

Los usuarios de los geriátricos privados no sólo son menos, sino también más caros. "Tradicionalmente", explica De Martí, "el 40% de los usuarios de las residencias eran personas con alto deterioro cognitivo, pero hoy esta proporción llega en muchos centros al 60%".

La razón, según el experto, es que las familias “esperan cada vez más” para internar a sus abuelos, de modo que cuando llegan a la residencia “son personas que requieren una mayor atención y especialización”. Y por supuesto, pasan menos tiempo en la residencia. "Una media de dos años", precisa Josep. "Hace tiempo era de hasta cuatro años".

Es el caso de Marta, que ha iniciado los trámites para percibir la subvención de la ley de dependencia para su suegro, de quien cuida en su casa. Su marido acaba de encontrar un trabajo, aunque mal remunerado y temporal. "Ahora mismo no podría llevarlo a una residencia", explica a El Confidencial esta madre de tres hijos en edad escolar, "no hay dinero para todo". Confiesa estar asustada por el futuro –su suegro sufre una enfermedad degenerativa–, pero asegura que si el abuelo empeora sensiblemente con el tiempo y la situación económica no mejora, tendrá que elegir entre "su bienestar o los estudios de mis hijos".

La de Marta es la situación tipo a la que se refiere Josep de Martí, que resta importancia al fenómeno de la baja voluntaria en los centros por parte de internos ya ingresados: el verdadero problema de la ocupación, explica, es que “las plazas que se quedan vacías no se ocupan”. Según datos que aporta el informe, actualmente desiste durante el proceso un “20% de las familias que empiezan a buscar una residencia”. Entre los motivos destaca, en más de la mitad de las ocasiones, que la familia haya “solicitado la ayuda de la ley de dependencia, por lo que dejan de buscar residencia privada”.

Caída del sector privado

Y en esta ecuación falta la que es quizás la variable de más peso: el grueso de potenciales usuarios que, acuciados por las circunstancias económicas, nunca acuden al geriátrico. La ley de dependencia contempla el supuesto de subvencionar el cuidado del anciano en casa, de forma no profesional y por un familiar, aunque siempre “en casos excepcionales”. La realidad, de momento no expresada en cifras oficiales, es que el criterio de excepcionalidad no se cumple con rigor y son muchos los que reciben esta ayuda, que en algunos casos contribuye a la mejora de las cuentas familiares. Según el informe, “ha acabado siendo la prestación que reciben casi el 60% de los dependientes".

Y mientras los ingresos de las residencias caen, sus gastos no hacen más que subir. "En los últimos 20 años se ha doblado el ratio de personal por paciente. Hoy la media es de un profesional cada dos usuarios; enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas...". Los empresarios, cuenta De Martí, "han hecho grandes inversiones en ampliación y mejoras" animados sobre todo por el mensaje tranquilizador que venía de la Administración.

La precariedad financiera en la que se está instalando el sector no es una buena noticia para un país, el nuestro, que cuenta con 1.456 centros públicos pero casi 4.000 privados. De las 344.300 plazas residenciales que hay en España, más del 70% lo son en centros privados, porcentaje que en algunos casos –Barcelona, Málaga o Cantabria– supera el 80%.