El plan de Obama para arreglar la educación pública: exigir más a los profesores

“En Estados Unidos decir 'profesor'equivale a decir 'mal profesor'y ese es el principal problema de nuestras escuelas”. El aforismo es de John Owens, un escritor que pasó seis meses trabajando en un instituto del Bronx y que, horrorizado por la experiencia, decidió redactar lo que había visto. En su libro (Confessions of a Bad Teacher, Paperback 2013), describe con detalle el deterioro de la educación pública americana y contribuye a hundir la reputación de uno de los colectivos profesionales más criticados del país.

Después de años culpando a los padres, la televisión, los inmigrantes, los planes de estudio o el número de alumnos por clase, la sociedad estadounidense responsabiliza ahora a profesores y maestros del fracaso escolar de sus hijos y de los pésimos resultados en los ranking internacionales. Entre otras cosas, se acusa a los sindicatos de haber hecho imposible el despido (sólo uno de cada mil pierde su trabajo, una tasa muy inferior a la de los médicos –uno de cada 100– o la de abogados –uno de cada 60–, y a las universidades de estar regalando los títulos de magisterio y enseñanza.

A ojos de la sociedad estadounidense, los docentes son hoy los responsables de los graves problemas que enfrenta la educación pública. El Gobierno propone ahora endurecer las pruebas de acceso y someterlos a controles

En los periódicos se ha llegado a citar a abogados laboralistas que reconocen “haber defendido a profesores que no serían capaces ni de trabajar en una gasolinera”. En respuesta, muchos profesionales de la enseñanza asumen que el sistema hace agua, pero dicen sentirse agotados e impotentes, añadiendo otros elementos a la ecuación: las prioridades absurdas impuestas desde la política, la falta de recursos para defenderse de sus propios alumnos, los sistemas de evaluación que no fomentan la educación sino la resolución de test y unos salarios cada vez menos competitivos (entre 39.580 y 75.279 dólares, según el estado).

Con este telón de fondo, enderezar la educación pública se ha convertido en un asunto electoralmente rentable que la mayoría de los políticos mantienen desde hace tiempo en sus programas. También la Administración Obama, a pesar de que los demócratas son el socio tradicional de los sindicatos educativos. En las últimas semanas, el Departamentode Educación ha aireado un borrador de reforma que podría ser firmado este mismo verano y que estira como puede las atribuciones de la Casa Blanca para intentar meter mano a las facultades de Magisterio y los centros que preparan a los profesores.

“Tenemos que cambiar un modelo que apenas ha evolucionado en los últimos 100 años y que ya está obsoleto. En la primera mitad del siglo XX, el de maestro era un trabajo para mujeres con un título muy básico. No se les exigían muchos conocimientos para entrar, era muy ligero en contenidos, casi bastaba con saber leer, escribir y hacer operaciones matemáticas sencillas. El problema es que ese modelo no ha madurado y hoy los maestros se educan igual y no reciben una formación competitiva”, argumenta Charles Barone, director de programas de la organización Democrats for Education Reform(DFER).

El experto augura un proceso de cambio “radical” comparable a la revolución médica que se produjo en los años 20 en Estados Unidos y que cambió para siempre la manera de formar doctores. “En aquel entonces se reconoció que la educación que recibían los médicos no era muy científica y se modificó la ruta drásticamente. Se cerraron escuelas de Medicina y se abrieron otras nuevas en las que se aplicaban nuevos principios. Ahora es imperativo hacer lo mismo con los profesores”, insiste.

Muchos profesores añaden otros elementos a la ecuación: las prioridades absurdas impuestas desde la política, la falta de recursos para defenderse de sus propios alumnos y unos salarios cada vez menos competitivos

Los propios alumnos de las escuelas de Magisterio se quejan de recibir clases excesivamente teóricas, muy heterogéneas entre unos estados y otros, con programas anticuados y livianos. “Sales de la facultad sin saber nada y te das cuenta de ello cuando entras por primera vez a un aula. Yo el primer día estaba tan perdido que nada más volver a casa me metí en Internet y busqué en Google métodos de enseñanza. He tenido que aprender a hacer mi trabajo sobre la marcha y por mi cuenta, consultando compañeros y libros”, reconoce Gregory Bennett, profesor con siete años de experiencia que ha dado clase en Maryland, Illinois e Indiana.

Si bien se ha generado un cierto consenso a la hora de hacer el diagnóstico, resulta más complicado acertar con la cura. “A grandes rasgos, la idea del Gobierno es utilizar la legislación existente para establecer mediciones de calidad distintas a las que se han utilizado hasta ahora, con el objetivo de asegurar la calidad de la enseñanza”, resume Arthur McKee, director de planificación de estudios del National Council of Teacher Quality (NCTQ), una organización que lleva años exigiendo endurecer la educación que reciben profesores y maestros.

Lo que prevé la reforma impulsada desde la Casa Blanca es evaluar la evolución de las clases impartidas por profesores graduados recientemente, lo que a su vez permitiría determinar la calidad del equivalente a las facultades de Magisterio. “Se aplicarán las llamadas 'medidas de evolución' para determinar cuánto aprendió una clase con un profesor determinado. No necesitamos hacer muchos exámenes, ya que se realizan muchas pruebas a lo largo de un año académico. Muchos estados ya lo están haciendo y está dando resultados. Creemos que llevarlo a nivel federal es buena idea”, dice McKee.

La Secretaría de Educación sugiere que la puntuación final de cada centro sea una combinación de medidores que incluya pruebas de retención de contenidos para los profesores, estadísticas sobre colocación de los recién titulados, notas en el examen de licencia, etcétera. Para conseguirlo sin abrir un tortuoso proceso legislativo (con el riesgo de que se empantane en el Congreso), se prevé instrumentalizar los 100 millones de dólares de fondos federales que anualmente se envían a las escuelas de formación de profesores. “La idea es que el dinero se reparta exclusivamente entre los centros que forman a los profesores más capaces. Los centros cuyos profesores saquen malas notas se quedarán sin subvenciones”, añade McKee.

Sales de la facultad sin saber nada y te das cuenta de ello cuando entras por primera vez a un aula. Yo el primer día estaba tan perdido que nada más volver a casa me metí en Internet y busqué en Google métodos de enseñanza

Se asume que muchas de estas “facultades” (públicas, semipúblicas o privadas, hay de todo) sufrirán sin fondos federales y que algunas se verán obligadas a cerrar. El planteamiento, además, ha sido duramente criticado por expertos en políticas educativas. Se teme, por ejemplo, un incremento de las desigualdades, ya que sólo se premiaría a centros cuyos profesores acaben enseñando en las mejores escuelas. "Si van a evaluar a los profesores por la evolución de sus alumnos, está claro qué va a ocurrir con aquellos que enseñan en las escuelas más problemáticas y los barrios más marginales. Nadie va a querer ir ahí. El Gobierno va a acabar subvencionando los centros donde se forman los profesores de los ricos, es un contrasentido", comentó Bennett.

Otros educadores cuestionan que exista una metodología apropiada para evaluar la calidad de la enseñanza que recibe un profesor. "No estoy seguro de que haya algo remotamente parecido a un sistema estadístico estándar apropiado para determinar cuándo un programa es más efectivo que otro", dice Michael Morehead, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Nuevo México.

Un estudio reciente publicado en una revista de la American Educational Research Association asegura que no hay correlación entre la calidad de la enseñanza y las puntuaciones obtenidas en los exámenes. “La de estos test y de estas maneras de evaluar a los profesores no parecen asociadas con lo que definimos como una buena enseñanza”, explicó, en declaraciones al New York Times, Morgan S. Polikoff, profesor de la University of Southern California y uno de los autores del estudio.