La privatización de AENA abre una nueva brecha entre Gobierno y CiU

El modelo escogido por el Ministerio de Fomento para privatizar un 30% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) puede abrir otra brecha entre el Gobierno y CiU, ya enfrentados en la negociación de la financiación autonómica y con el debate de los Presupuestos Generales del Estado a la vuelta de la esquina. El grupo catalán fue ayer muy claro al asegurar que no apoyará en el Congreso la nueva propuesta al “contradecir los acuerdos del Parlamento de Cataluña que reclaman una posición mayoritaria y determinante de las administraciones catalanas en El Prat”.

La iniciativa del Ejecutivo pasa por separar la navegación aérea de la gestión aeroportuaria, ámbito éste último para el que creará una nueva sociedad en la que pretende dar cabida hasta un 30% de capital privado. Un porcentaje que, en todo caso, hace que el Estado mantenga la mayoría y el control de la gestión. Según explicó la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, un banco de negocios elabora en estos momentos un estudio del proyecto y la fórmula para dar entrada poco a poco al capital privado. El Gobierno también contempla la entrada en esa sociedad de las comunidades autónomas, pretensión que no deja de ser un mero eufemismo ya que sólo podrán participar aquellas con aeropuertos con un tráfico anual superior a 30 millones de pasajeros. Es decir, sólo dos. Madrid y Cataluña, Barajas y El Prat.

Según Pere Macias, portavoz de Fomento de CiU en el Congreso, la iniciativa “no favorece la gestión individualizada de los principales aeropuertos. Se trata de un mero maquillaje”. Y fue más allá en sus críticas. Según el político catalán, con este modelo el Gobierno “parece responder más a las necesidades de financiación del Estado que a un modelo racional y coherente”. Y es que, en tanto el Ejecutivo estima que el gestor aeroportuario vale 30.000 millones de euros, con ese 30% que privatiza las arcas del Estado harían caja por valor de unos 9.000 millones en los dos años que Fomento se ha dado para implementar definitivamente el sistema.

Otros tiempos

En todo caso, es normal que CiU haya torcido el rictus al conocer los primeros apuntes de la nueva Aena. La formación que preside Artur Mas acarició un principio de acuerdo durante la negociación del Estatuto para que Cataluña se hiciera con la gestión de los aeropuertos de Sabadell, Girona y Reus, así como para la formación de un consorcio paritario para la gestión de El Prat. Este punto estaba incluido en la propuesta de Estatut que llegó a Madrid y quedó pendiente en el encuentro que desbloqueó la negociación del documento entre Mas y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Después en la tramitación no logró cerrarse un acuerdo y ahora CiU se enfrenta a planteamientos mucho más duros.

En el fondo, el grupo catalán no quiere que la participación de las comunidades quede reducida a meros consejos asesores sin ningún peso en las decisiones. “España es el único Estado desarrollado en el que se mantiene una gestión centralizada de los aeropuertos. En El Prat tan sólo supondría una participación, en un porcentaje que aún se desconoce, de la Generalitat. El resto de aeropuertos catalanes, como Reus, Sabadell y Girona, siguen vinculados a la gestión centralizada sin ningun tipo de posibiildad de intervención de la Generalitat”, lamentó.

Las piedras que el Gobierno pueda poner en el zapato de CiU de aquí a septiembre no son menores si tenemos en cuenta que el PSOE necesita sumar a los suyos siete votos para sacar adelante los Presupuestos más complicados de los últimos años, en plena crisis económica. Sólo CiU puede darle vía libre a las cuentas por sí solo, sin tener que recurrir a formaciones minoritarias. Y las cosas no van por buen camino. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, dejó claro la semana pasada que no habrá Presupuestos sin acuerdo en financiación autonómica, compromiso para el que el vicepresidente Pedro Solbes tiene poco margen financiero.