Cifuentes exige 42 millones a dos alcaldes del PP por un fiasco urbanístico del año 87

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha "puesto en marcha los mecanismos legales" para reclamar una deuda de 42 millones de euros a dos municipios controlados por su propio partido, Colmenar Viejo (47.000 habitantes) y Tres Cantos (43.000 vecinos). El Ejecutivo autonómico quiere que los dos consistorios del PP abonen su parte (21.084.784 euros cada uno) de la sentencia que condena a las tres administraciones (Comunidad y los dos ayuntamientos) a resarcir económicamente a los propietarios de los terrenos de la finca El Tagarral, 200 hectáreas de suelo rústico situadas en la localidad de Tres Cantos junto al Soto de Viñuelas, un importante pulmón verde de la región con una destacada población de animales.

La Comunidad decidió en octubre de 2014 (cuando gobernaba Ignacio González) adelantar toda la indemnización fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 63,2 millones de euros, después de siete años de infructuosas negociaciones entre Tres Cantos, Colmenar Viejo y el Gobierno regional para ver cómo se hacía frente al pago. De hecho, la sentencia del TSJM, de 2003, solo estipulaba una indemnización de 19 millones de euros. Pero la dilación en el pago ha acumulado intereses de demora elevando la indemnización a los 63,2 millones de euros. Los terrenos pertenecían en su mayor parte a las promotoras Martinsa y Nozar, y en una pequeña proporción a la familia Masaveu, uno de los imperios empresariales más importantes de España.

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David Fernández

No obstante, Martinsa y Nozar no han recibido un euro. Las dificultades económicas que han pasado estas dos otrora importantes promotoras españolas provocaron que los terrenos fueran cedidos a los bancos que las habían financiado. Según ha podido saber El Confidencial, el suelo pertenece ahora a cuatro entidades bancarias: Bankia, Banco Popular, Caja Duero y La Caixa. Para el PSOE todo esto ha sido un disparate. "La sentencia del TSJM es de 2003, luego el Supremo resolvió los recursos en 2007. Hasta que se pagó pasaron siete años, un periodo en el que los dos ayuntamientos y la Comunidad no han sido capaces de ponerse de acuerdo para pagar, lo que ha incrementado los intereses. Ahora, los dos municipios no tienen capacidad financiera para pagar esa deuda sin colapsarse", señala Agustín Vinagre, diputado del PSOE.

Los terrenos pertenecían a Martinsa y Nozar, y en una pequeña parte a la familia Masaveu, uno de los imperios empresariales más importantes del país

Cifuentes quiere recuperar el dinero. Así lo ha exigido la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. El problema es que 21 millones es mucho dinero para los dos ayuntamientos. El presupuesto de Colmenar Viejo (donde precisamente su alcalde acaba de dimitir por estar procesado por prevaricación) fue el año pasado de 32,1 millones de euros. El de Tres Cantos para este año es de 45,7 millones de euros. "La Comunidad quiere recuperar el dinero. Es un tema delicado. Los dos municipios alegan que la deuda no hay que repartirla en tres partes, sino en dos entre el Gobierno regional y ellos. Colmenar cree que como Tres Cantos se independizó ahora los terrenos son suyos. Un lío. Los municipios dicen que no tienen dinero y ofrecen suelo a cambio. Un lío", señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

El origen de todo este conflicto data de enero de 1968, cuando el Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprobó el plan parcial de ordenación de El Bodonal. Pero en marzo de 1987 el equipo municipal de entonces (del PSOE) cambió la clasificación del suelo. El Tagarral pasó de urbanizable programado a no urbanizable de protección agrícola y ecológica. La Comunidad de Madrid (también en manos del PSOE) ratificó la revisión del plan urbanístico que se había propuesto. Este cambio supuso un mazazo para los propietarios, que veían como sus terrenos se devaluaban al no poder ya construir unos 2.000 chalés y decidieron acudir a los tribunales. Eso se produjo en 1991, cuando Colmenar Viejo perdía la titularidad de los terrenos en detrimento de Tres Cantos, que se independizó como localidad.

Tres Cantos y Colmenar Viejo alegan que la deuda no hay que repartirla en tres partes, sino en dos entre el Gobierno regional y los dos ayuntamientos

La Comunidad de Madrid, primero presidida por Ignacio González, y ahora por Cristina Cifuentes, ha intentando sin éxito negociar con los dos ayuntamientos en una especie de comisión tripartita para que paguen lo que adelantaron las arcas regionales. Sin éxito. La última vez en marzo de 2016. La Comunidad ha tenido que pagar porque el TSJM amenazó con embargar bienes e imponer sanciones. Lo que llama la atención es que en 2007, cuando el Supremo ratificó la sentencia del TSJM y condenaba a las tres administraciones a pagar la indemnización, Martinsa y Nozar se hicieron con un suelo que no era urbanizable tras pagar 180 millones de euros, según publicó entonces 'El Mundo'. La familia Masaveu posee todavía allí (no vendió) unos 100.000 metros cuadrados, según fuentes municipales.

El Tagarral seguirá siendo campo. La sentencia que obliga a indemnizar a los propietarios de los terrenos no obliga en cambio a recalificar los terrenos y convertirlos en urbanizables. La intención del Ayuntamiento de Tres Cantos y de la Comunidad de Madrid es que sigan siendo protegidos.