Trama del 3%: uno de los detenidos ayudó a Jordi Pujol Jr. a esconder sus coches de lujo

Algo queda claro con la operación realizada en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) este miércoles: las ‘mordidas’ pagadas por la empresa Teyco, propiedad de Carles Sumarroca (Jordi Sumarroca, uno de los hijos de este empresario convergente e íntimo amigo de Jordi Pujol, fue detenido el 24 de julio y puesto en libertad a mediados de agosto tras pagar una fianza de 600.000 euros), eran solo una anécdota, una parte pequeña inmersa en el proceloso océano de la corrupción institucionalizada de Cataluña.

Pero, además de Teyco, otra reducida lista de empresas están bajo la lupa de los investigadores: Urbaser (del mismo grupo que ACS, de Florentino Pérez), Copisa, Rogasa (del mismo grupo que Rehac, constructoras con multitud de adjudicaciones) y Oproler, del Grupo Soler, así como otras empresas de sus respectivos grupos, o uniones temporales de empresas en las que habían participado.

Fuentes cercanas a las investigaciones señalan también a El Confidencial que hay otras empresas bajo sospecha en esta investigación, especialmente constructoras que han tenido numerosas adjudicaciones por parte de ayuntamientos gobernados por Convergència.

La operación ha supuesto también la detención no solo del tesorero de CDC, sino la del director general de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Antoni Rosell, del secretario del patronato de la Fundación CatDem, Carles del Pozo, de una administrativa de Convergència y la de seis directivos empresariales: Xavier Tauler (Copisa), Juan Luis Romero (Rogasa), Jordi Soler (Grupo Soler), Antonio García-Bragado (Gerona de Aparcamientos y Servicios), Josep Manel Bassols (Oproler) y Sergio Lerma (Grupo Soler).

¿Quiénes son estos empresarios implicados, que se han de sumar a los Sumarroca? Para empezar, tanto Sumarroca como Xavier Tauler son no solo grandes cotizantes de Convergència, sino del hijo mayor de Jordi Pujol. Ambos mantenían con Jordi Pujol Ferrusola una relación tan estrecha que le pagaron cientos de miles de euros por ”informes verbales” sobre posibilidades de negocios. Y no solo eso: Tauler habilitó durante un tiempo una nave de Copisa para que el hijo del ‘expresident’ pudiese esconder su flotilla de coches de lujo.

Xavier Tauler y los empresarios Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol fueron imputados el 22 de octubre de 2014 por presunto blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil merced a sus relaciones con Jordi Pujol Ferrusola.

Cotizantes de CDC

Romero, por su parte, es el propietario de un conglomerado de empresas que ha tenido cientos de adjudicaciones de obras públicas a través de Rogasa y de Rehac. Un informe de la policía española fechado el 30 de octubre de 2012 detallaba una serie de constructoras que podían estar financiando a Convergència por métodos calcados del utilizado por Ferrovial en el Palau de la Música. Entre las empresas citadas, se encontraban Rehac y Copisa. Ambas eran cotizantes habituales de la Fundación CatDem.

Urbaser, por su parte, es una empresa del grupo de Florentino Pérez que ya lleva años haciendo negocios en Cataluña y que ha disparado las adjudicaciones el último lustro. Antes de eso, se asoció con la compañía Comsa (propiedad de los Sumarroca) y Emte (de la familia Miarnau, a quien también se sitúa en la órbita convergente) para hacerse con la adjudicación del primer ecoparque de la zona portuaria de Barcelona, con una inversión de casi 50 millones de euros.

Cuando el viernes 28 de agosto agentes de la Guardia Civil se dirigieron a la sede de la Fundación CatDem y, posteriormente, a la sede de CDC, no sabían lo que se iban a encontrar. El registro, que duró hasta primeras horas de la noche (si hubiese continuado, se necesitaría otra orden judicial adicional) de aquella jornada consistió en reunir el máximo de información y documentos relacionados con el caso y llevárselos para estudiarlos.

Documentos en la caja fuerte

Y la caja fuerte del administrador de la Fundación y del partido, Andreu Viloca, resultó ser una mina de información. En ella, se encontraron documentos que hacían sospechar de suculentas y continuas comisiones que aparecían, a simple vista, en papeles hablando de adjudicaciones de obra pública: en uno de ellos se desglosaba perfectamente el 3% de la cantidad adjudicada.

Los agentes se incautaron de todo ese material para estudiarlo con tranquilidad y elaborar los correspondientes informes dirigidos al juez Josep Bosch Mitjavila, que es quien instruye diligencias.

Desde CDC, se insiste en ver algo oscuro tras las actuaciones. “No es casual que en un día tan señalado como la constitución del Parlament haya una operación de estas características”, se quejó Josep Rull, coordinador general de Convergència. El propio Artur Mas sacó a colación que lo que hay es “una operación de caza mayor” contra el soberanismo. Nada más lejos de la realidad: el enemigo está en su casa. Solo tiene que mirar hacia el tesorero de Convergència.