El Gobierno reabre la ‘guerra de las banderas’ ante el desafío soberanista

Con el horizonte de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre a la vuelta de la esquina, la guerra de banderas ha vuelto a estallar en Cataluña, con dos ayuntamientos en el punto de mira: el de Vilassar de Dalt y el de Balaguer. El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, acaba de interponer una denuncia ante el tribunal de lo contencioso-administrativo para que el Ayuntamiento de la primera población ice la bandera española en su fachada, de donde falta hace veinte años. Y el concejal popular de Balaguer, Joan Maria Molins, denunció al consistorio de esta villa ante la subdelegación del Gobierno de Lérida para que haga lo mismo.

El caso de Vilassar de Dalt (donde, curiosamente, tiene casa el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol) viene de lejos: en marzo pasado, la concejal popular Laura Julià llevó al pleno una moción para izar la enseña española, pero todos los grupos del consistorio votaron en contra (CiU, PSC, ERC y varios partidos independientes). En mayo, entró en liza el delegado de la Generalitat en Barcelona, Salvador Jorba, quien se solidarizó con el consistorio y apoyó su postura. En el mes de agosto, Ablanedo advirtió por escrito al alcalde, el independiente Xavier Godàs, de que debía cumplir la Ley de Banderas, según la cual en la fachada de los ayuntamientos debe ondear la bandera española. Y ahora, visto el nulo caso que le hizo el alcalde, ha acudido a los tribunales para interponer un recurso contencioso-administrativo.

En Balaguer, la situación se ha viciado después de que el pleno aprobase una moción por la que se declaraba la localidad “territorio catalán libre” el pasado 21 de septiembre. Para el alcalde, el convergente Josep Maria Roigé, las banderas que deben ondear en la fachada son la catalana y la de Europa, ya que su hoja de ruta es que Cataluña sea, en el futuro, un Estado soberano dentro de la UE.

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron a El Confidencial que “la labor de la Delegación del Gobierno es controlar que se cumplan las leyes. Y no sólo en el ámbito de las banderas o los símbolos, sino también en otras instancias. Un ejemplo es el control que se ejerce para que no haya una desmesurada subida de salarios en el ámbito municipal y se vulnere la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

Estas fuentes reconocen que hay muchos ayuntamientos catalanes que no cumplen la Ley de Banderas, ”pero cada caso ha de estudiarse por separado”. La Delegación asegura que primero avisa a los responsables municipales, luego se le hace un requerimiento y se le da tiempo. ”A algunos alcaldes se les ve buena fe y hay situaciones en que, por diversas cuestiones, la bandera no existe y nosotros esperamos pacientemente a que lo solucionen. Pero cuando acudimos a los tribunales es que hemos agotado todas las vías”.

A principios de año, el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar fue condenado por un juez a izar la bandera, en cumplimiento de la ley. Tras varios meses de negativa a acatar la orden judicial, finalmente la alcaldesa Montserrat Garrido (CiU) accedió a colgarla, ya que de lo contrario podía ser acusada de desacato. En esa población, la bandera española fue robada y quemada en varias ocasiones.

Control de las mociones independentistas

La Delegación del Gobierno también tiene el ojo puesto en los municipios que aprueban mociones sobre la independencia. Fuentes de esta institución confirmaron a este diario que “hemos pedido las actas a todos los ayuntamientos de los que tenemos constancia de que han aprobado mociones”. La intención es estudiarlas para ver si contienen alguna irregularidad. En principio, además, los acuerdos tomados sobre la independencia o la declaración de territorio independiente del Estado español ”son acuerdos nulos de pleno derecho, ya que los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia, por lo que no puede tomar decisiones sobre la misma”. En ocasiones, sin embargo, las actas recogen meras declaraciones de intenciones, por lo que la cosa no pasa a más y se archiva el expediente.

Hasta el momento, según fuentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), ya se han adherido a esta entidad 599 ayuntamientos catalanes, además de una treintena de consejos comarcales y la Diputación de Lérida. Aunque en número de consistorios sobrepasa el 60% del total de municipios catalanes, tan solo representan a 2,5 millones de personas, es decir, el 34% de la población. Se da la circunstancia, por ejemplo, de que en la comarca de Osona, al norte de la provincia de Barcelona y en el centro de Cataluña, se han adherido los 51 municipios que tiene dicha comarca. Según la AMI, desde el pasado 11 de septiembre se registró una avalancha de peticiones de adhesión y en 25 de las 41 comarcas ya se han adherido más de la mitad de los municipios.

Algunas asociaciones han comenzado también, a finales de septiembre, a presentar peticiones para que los concejales cuelguen de los balcones de los consistoriosla bandera estelada (bandera independentista, que no es oficial) “hasta que llegue la independencia”. Paralelamente, Solidaritat Catalana per la Independència (SI) presentó mociones en los 34 consistorios donde tiene representación sendas mociones para que se declaren insumisos ante el Estado español.