El juez imputa en el expolio del Palau a un colaborador de Artur Mas y ‘talibán’ de CDC

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tiene otro quebradero de cabeza: el juez Josep Maria Pijuan acaba de imputar a uno de sus dirigentes en el caso Palau. Se trata de Marc Puig, uno de los jóvenes del núcleo duro del partido, más conocido como los talibanes. Puig fue director general de Difusión de la Generalitat en el último gobierno de Jordi Pujol.

En el 2003, tras la dimisión de la mano derecha de Artur Mas, David Madí, por una agria polémica tras la manipulación de encuestas oficiales, Puig fue nombrado secretario de Comunicación del Gobierno hasta el final del mandato, en diciembre del 2003. Al año siguiente, creó la compañía Emocional Base, que trabajaba para CiU, para la Fundación de Convergència y para la coalición Galeusca, en la que estaba integrada la federación nacionalista.

Puig era una de las personas de la entera confianza del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, y formaba parte del pinyol (hueso) de Convergència, junto a Oriol Pujol (actual secretario general de CDC), Francesc Homs (portavoz del Gobierno), Germà Gordó (secretario  del Gobierno) o Felip Puig (consejero de Interior). En otras palabras, era miembro de la guardia pretoriana que rodeaba al líder convergente y que le arropó en su ascensión a la cúpula del partido. En la actualidad, es director de Comunicación y de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Barcelona, que preside el convergente Xavier Trias.

El magistrado ha citado ya a declarar a Puig como imputado para el próximo 22 de octubre. Junto a él también está citado Ramon Marc Martí, responsable de la empresa Publiciutat, una sociedad cuya marca alude sarcásticamente a la coalición nacionalista. Según un informe de Hacienda, la técnica de desvío de dinero en estos casos es similar a la que también se había hecho servir en otros: los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, cobraban de la empresa Ferrovial supuestamente el 4% del precio de las obras que el Gobierno de Jordi Pujol le había adjudicado. De ese dinero, pasaban una parte a sus bolsillos y el resto lo hacían llegar a Convergència a través de la fundación CatDem, entonces llamada Fundación Ramon Trias Fargas. Los pagos se realizaban de tres maneras diferentes: por una parte podían pagar en efectivo mediante un supuesto convenio entre ambas entidades; en segundo lugar, realizaban pagos en negro a los sucesivos tesoreros de la Fundación, Carles Torrent, ya fallecido, y Daniel Osàcar, también imputado y que era, a la vez, tesorero de Convergència; y, por último, pagando los gastos de Convergència. En otras palabras, empresas que tradicionalmente hacían trabajos de buzoneo, publicidad o montajes de mítines para CDC  iban a cobrar al Palau de la Música.

Pero un nuevo informe de Hacienda descubrió las nuevas empresas que también pudieron servir para desviar fondos. Emocional Base facturó 59.975 euros en el 2006 por un supuesto trabajo de ”posicionamiento de marcas”. Y Publiciutat emitió, entre 2006 y 2007, dos facturas por un monto total de más de 203.000 euros. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, Gabriel Colomé, exigió ayer al alcalde de Barcelona explicaciones inmediatas. ”Las acusaciones que se han conocido son muy graves”, subrayo Colomé.