La trama de las ITV intentó colar una enmienda en el Congreso para hacer negocio

Hecha la ley, hecha la trampa. Eso es lo que debían pensar los miembros de la trama de las ITV que operaban desde Cataluña hasta que fueron detenidos el pasado marzo. Porque exactamente un año antes pensaban colar al mismísimo Artur Mas un régimen de eficiencia energética y extenderlo al resto de España gracias a la mediación de Convergencia (CDC) en el Congreso.

El principal imputado, el empresario Sergio Pastor, y el dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Josep Tous -nombrado por Oriol Pujol mediador para modificar el mapa de las estaciones de ITV y para estudiar un nuevo régimen de eficiencia energética- pretendían colar en la ley la posibilidad de que la Generalitat obligase a todos los hogares a pasar una revisión de eficiencia energética por la que el ciudadano habría de pagar 50 euros. Ahí entraba en escena una empresa perteneciente a los dos principales empresarios de la trama, Sergio Pastor y Sergi Alsina, que presumiblemente tendría la concesión. Como reconocía uno de los empresarios implicados en una conversación telefónica, “esto es una máquina de hacer dinero”.

Pero, insaciable, la trama esperaba meter baza en las leyes estatales, para abrir la posibilidad de que se pudiera realizar un proyecto similar en toda España. Y la intención era presentar la iniciativa como si fuese de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

A primeros de mayo de 2011, Pastor habla con Josep Tous y le dice: “yo quería colocar en el capítulo III, en Condiciones técnicas de las instalaciones, que ‘el titular de la instalación deberá superar una inspección de eficiencia energética’…”. Tous le respondió que consultaría el añadido con el diputado Josep Sánchez Llibre porque “esto está en consulta pública, no pasa por el Parlamento. Pero sí que es cierto que lo podemos hablar con nuestro grupo y que el grupo lo proponga, ¿vale? De todos modos, la única cosa que me suena raro es el ‘deberá’, el ‘deberá pasar’, ¿sabes?”.

El empresario consultó entonces otro artículo relacionado con los purines, en el que la ley sí dice que las explotaciones de porcino "deberán" presentar una auditoría medioambiental. Por eso, acuerdan mantenerlo a ver si cuela, aunque Tous asegura que “hay muchos condicionantes que hacen que haya modificaciones o no haya modificaciones o lo que sea. Lo entramos, es una posibilidad”. Se refiere a las negociaciones para aprobar la ley en el Congreso, donde el gobierno de Rodríguez Zapatero no tenía la mayoría absoluta. Así, redactan su propia enmienda en el artículo 10 del capítulo III.

En sus planes, sin embargo, se encontraron con la reticencia de Joan Sureda, director general de Industria. El propio Sergi Alsina se lo transmitió a Oriol Pujol en una conversación que tuvo lugar también a primeros de mayo del año pasado. El director general había visto los días anteriores a Sergio Pastor y no se mostró muy convencido por sus explicaciones. “Dijo,’escucha, yo aquí soy un liberal, yo no quiero que la Administración regule estas cosas’. Bueno, un poco él interpretó [Sergio Pastor] como si esto lo tuviese que liderar la Administración. No se está pidiendo que él lidere nada. Lo que se está pidiendo es ponerse a trabajar, porque hay otros países que lo están haciendo. O lo están haciendo en casas de alquiler, que te obligan a tener un certificado. En las casas de venta de segunda mano, te obligan a tener un certificado. Y aquí pues se pueden hacer cosas o intermedias, un poco más ambiciosas para ir tirando para adelante, ¿no? Pero esto requiere trabajarlo y ponerse”.

La intención era que Oriol Pujol influyese en el director general para que diese luz verde a los proyectos de la trama. Y, aunque el secretario general de CDC reconoció que realizó algunas llamadas, no presionó demasiado a los cargos del Gobierno. Tanto fue así que, en algunos momentos, los principales implicados se quejaban de que Oriol Pujol ponía poco empeño en ayudarles.