El transporte quiere colapsar el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona

“¿Qué pasa en Barcelona con los transportes públicos? ¿Qué estrategia se sigue? En Madrid, sólo ha habido un conflicto en la última década, pero aquí llevamos tres muy gordos. Y mientras en Madrid la dirección ha tenido capacidad de negociación para llegar a un acuerdo, aquí se provoca un conflicto. Porque es la dirección política de los transportes la que está provocando un conflicto de consecuencias imprevisibles”. Así se expresa Miguel Ángel Arias, presidente del comité de empresa de los autobuses barceloneses.

Autobuses y Metro presentaron ayer en la Administración la solicitud de permiso para llevar a cabo una huelga durante cuatro días a finales de este mes, coincidiendo con el Congreso Mundial del Móvil (World Mobil Congress), una cita internacional de primer nivel que congrega en la capital catalana a lo más granado de la telefonía. El caos puede ser monumental. Desde el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, hasta el ex presidente José Montilla, pasando por el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, han hecho un llamamiento para evitar que la huelga coincida con el WMC, pero los empleados públicos han hecho oídos sordos a esos llamamientos.

El transporte público de Barcelona emplea a 7.300 personas. Y la compañía responsable ha de meter la tijera: en autobuses, quiere recortar gastos en 56 millones de euros para este año, mientras que en el Metro las cifras barajadas son similares. Y una parte sustancial se hará en los salarios de los trabajadores. Pero éstos no están por la labor.

“Hemos pedido muchas veces que nos detallen los salarios de la alta dirección, porque hay 603 trabajadores fuera de convenio. Algunos de ellos, incluso se salieron de convenio por razones no explicadas, pero se supone que para cobrar más”, dice a El Confidencial Josep Garganté, portavoz de la plataforma sindical que engloba a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Conductores de Transportes Urbanos de Barcelona (Actub) y la Plataforma Sindical de Autobuses (PSA).

La dirección de Transportes Metropolitanos de Barcelona reconoce a El Confidencial que “en la alta dirección sólo hay 23 personas, pero sí es verdad que hay 580 personas fuera de convenio. En su mayor parte, son técnicos, administrativos o mandos intermedios. Pero este colectivo ha visto rebajado su salario un 25% durante los últimos años: desde el 2010, tienen congelado el sueldo y este año renunciarán a una paga extraordinaria, mientras que el resto de empleados ha tenido un incremento salarial superior al 12% desde hace cuatro años”.

Los trabajadores exigen que los recortes sean mínimos y que la empresa suba los sueldos del personal lo que marca el convenio: es decir, a partir de este mes de enero, el IPC del 2011 más el 0,25%. Ello supondría 700 euros más al año para un empleado. Pero además reclaman atrasos del 2011 por la actualización de las nóminas, lo que supondría otros 800 euros más y el pago de cinco minutos diarios “de incidencia” que deben a cada conductor, que se cuantifican en otros 380 euros.

Advertencia de la empresa

La empresa argumenta que no debe ningún atraso. “Ahora se deberían actualizar los salarios conforme al IPC del 2011, para mantener o incrementar la capacidad adquisitiva. Pero hay un problema: la Administración nos recorta 56 millones de euros de presupuesto, por lo que los hemos de repercutir. Y hay dos disposiciones legales que nos obligan a ello: una estatal, ya aprobada, y otra que se aprobará en los presupuestos de Cataluña. Estas disposiciones obligan a no subir los salarios. Ahora, la empresa ofrece mantener los salarios del 2011 y no reducir servicio ni plantilla. Este compromiso tiene un cierto valor cuando en el entorno en que nos movemos hay muchos recortes salariales y plantillas a la baja. Por ello, los sindicatos deberían tener en cuenta la oferta de la empresa”, señalan a este diario fuentes de TMB.

“Si no se actualizan las tablas, repercutirá en la vida laboral de los trabajadores. No estamos hablando de que se congelen los salarios, sino de que cumpla el convenio, que acaba el 31 de diciembre del 2012. Si no se actualizan, lo que tendremos es una pérdida de poder adquisitivo”, argumenta, por su parte, Garganté.

Y Miguel Ángel Arias añade que “la dirección está deslegitimada, porque mientras incumple el convenio dice que quiere sentarse a negociar un nuevo convenio con vigor hasta el 2015”. Los sindicalistas quieren que la empresa sea transparente y ponga encima de la mesa lo que paga a la alta dirección. “El presidente de la compañía, el concejal Joaquim Forn, gana 7.000 euros al mes más dietas por asistir a reuniones. ¿Y nos quiere dar lecciones de austeridad?. Primero, queremos conocer cuánto se pagan a los cientos de asesores políticos que tienen”, dice Garganté. Los sindicatos se quejan especialmente del oscurantismo en cuanto a salarios de la alta dirección, de los asesores políticos y de los planes de pensiones, ya que un miembro de la cúpula se jubila ahora con un plan que, según algunas fuentes, sobrepasa el millón de euros.

La empresa ha hecho números para este año y ya tiene perfilados algunos recortes. Del departamento de comunicación, ha rebanado el 40%, unos 2 millones de euros. Y del de estrategia y estadística, 1,7 millones. En limpieza, portería y proveedores, el recorte llega a los 4 millones. En total, unos 7,8 millones de euros, insuficientes para paliar el tajo de 56 millones en su presupuesto. Las diferentes administraciones, además, han dejado de aportar 80 millones en el 2009, 110 millones en el 2010 y 92 millones en el 2011. Y ello obligó a las compañías que gestionan autobuses y Metro a solicitar créditos bancarios, con los que han ido subsistiendo desde entonces. “Lo que deberían haber hecho hace años es comenzar a hacer los ajustes que nos han dicho que aplican ya este año. Es decir, que si cada ejercicio hubieran ahorrado en gastos superfluos los casi 8 millones que dicen que han acometido ahora, hubiesen ahorrado 24 millones de euros desde el año 2009”, asegura Miguel Ángel Arias.

Taxistas a la greña

Coincidiendo con la protesta de final de mes de los empleados del transporte, los taxistas han empezado a tomar posiciones. Pero mientras algunas asociaciones del sector convocan huelga juntamente con autobuses y Metro, otras lo niegan. “El sector minoritario, que representa al sector empresarial más oscuro, hizo una convocatoria y decidió que se hacía huelga. Pero la gran mayoría de los taxistas no está a favor, porque tenemos un referéndum el día 22 para saber qué hacemos. Y en ese referéndum no se convoca ninguna huelga, sino que se ofrecen cuatro alternativas para que cada uno vote lo que quiera”, dice a El Confidencial Lluís Berbel, secretario general del STAC, el sindicato mayoritario entre los taxistas barceloneses.

La problemática del sector es que en la actualidad hay 10.480 licencias y cada vez se explotan más coches las 24 horas, porque se arriendan. Lo que piden es que haya una regularización de turnos y, por eso, en el referéndum se presentarán cuatro opciones: que los taxistas tengan dos días más de fiesta al mes; que tengan cuatro días más de fiesta; que se regularicen los horarios y que los de un solo conductor no puedan hacer más de 12 horas diarias efectivas, mientras que los de doble turno puedan hacer 16 horas; y que se regularice el sector por turnos. Con ello, el trabajo se repartiría para que todos puedan sobrevivir.

“Lo malo es que nuestro sector está sobreexplotado. Se alquilan los vehículos y eso ha hecho que en estos momentos haya muchos más coches en la calle, porque los empresarios del taxi los alquilan las 24 horas. Lógicamente, esto conlleva a un exceso de oferta, mientras que la producción ha caído un 50% en el último año”, se queja Lluís Berbel. Y añade: “No tiene sentido una convocatoria de huelga en estos momentos. Lo que se pretende con el anuncio es que se quite la consulta que está prevista”, asegura el dirigente sindical. El STAC apuesta por regular los turnos y que los profesionales que tienen su propio vehículo puedan hacer hasta 12 horas diarias y los que tengan doble turno puedan realizar jornadas de hasta 16 horas.