El PP impone su ley en las cuentas de Mas: “Podemos hacerle perder votaciones”

“Si a alguien le molesta que el Partido Popular (PP) sea determinante, que se vaya acostumbrando”. Así de clara y contundente se mostró ayer la presidenta popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, tras alcanzar un pacto con Artur Mas para sacar adelante los presupuestos de esta comunidad para el 2012. El PP ha metido la cuchara de lleno en los números y ha forzado a Convergència i Unió (CiU) y al Gobierno de la Generalitat a firmar un documento detallando las obligaciones presupuestarias para el ejercicio, tal y como adelantó El Confidencial.

Pero el PP no quiere ser segundo plato, sino plato único. “Éste es un acuerdo que va más allá de un pacto meramente presupuestario. Ahí tenemos temas como la Ley de Transparencia, las ayudas a emprendedores o la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) que no son estrictamente de presupuestos”, dicen fuentes del PP a este diario. Y ante algunas voces en CiU que apuntan a que tras aprobar las cuentas Artur Mas volverá a la geometría variable de pactar con otros partidos (temas sociales con PSC; temas identitarios con ERC; y temas económicos con PP), lanzan una severa advertencia.

”Hasta ahora, sólo el PP ha sido decisivo, tanto en los presupuestos del año pasado como en los de éste o en las leyes ómnibus. Y puede ser que si busca pactar con otros partidos sean en temas incompatibles con lo que hemos firmado. Y no pasa nada, pueden pactar con quien quieran. Pero también puede pasar que les hagamos perder votaciones. Porque nosotros podemos tener nuestra particular geometría variable y sumar con otros. De hecho, no es la primera vez que lo hacemos y el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás y rectificar”.

Para el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, el acuerdo no va más allá, aunque reconoce que vincula a CiU y PP e “incorpora elementos similares o próximos a la agenda política del Gobierno”. Advierte, sin embargo, que “no iremos nunca en contra de nuestro programa”, aunque reconoce que “es positivo, porque significa un compromiso para tomar decisiones complicadas en tiempos difíciles. Pero hay que agradecer al PP que esté ahí, mientras otros se lavan las manos y miran hacia otro lado o se ponen detrás de las pancartas”. El portavoz de CiU en el Parlamento, Jordi Turull, por su parte, subrayó que la postura del PP ”es un acto de responsabilidad”.

Ambos dirigentes criticaron especialmente el hecho de que ICV, Ciutadans y Solidaritat Catalana per la Independència (SI) presentasen un recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ley de acompañamiento, a la que consideran inconstitucional. “Rompe una tradición del Parlamento catalán que nos había dado buenos resultados los últimos 30 años”, criticó Homs. Y señaló que lo único que consiguen con eso es retrasar un mes la entrada en vigor de algunas de las tasas, lo que causará que el Gobierno catalán deje de ingresar este año alrededor de 30 millones de euros.

Las correspondencias exigidas

El PP, pues, apoya a CiU y le promete estabilidad, pero exige algunas correspondencias. Por ejemplo, el impulso de una Ley de Transparencia porque “hay determinadas informaciones y datos en poder de la Administración y las instituciones públicas que no son conocidas por la ciudadanía a la que servían”. Esta ley permitirá conocer las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat y las condiciones de su contratación. El gasto no financiero que pueda hacer el Gobierno también deberá ser aprobado, en el futuro, por el Parlamento para cumplir los objetivos de déficit.

Pero al margen de los temas generales, equipos de las dos formaciones han estado trabajando contrarreloj las últimas semanas para cuadrar números y para repartirse parcelas de influencia. En los grandes temas, los populares ganaron algunas batallas. Por ejemplo, obligaron a reducir el impacto de muchas de las impopulares tasas que Artur Mas había previsto para este año.

La pasada semana ya habían llegado a un acuerdo para retrasar la entrada en vigor de la tasa sanitaria hasta tres meses después de la aprobación de le ley de medidas fiscales. Quedan exentos de pagarla las personas sujetas a pensión no contributiva, los beneficiarios de la RMI y de la LISMI y los productos de valor inferior a 1,67 euros. Además, sólo se pagará por 61 recetas al año. A partir de la número 62, ya no se pagará el famoso euro.

En cuanto a la tasa turística, quedan exentos los menores de 16 años y las familias sólo tributarán por dos miembros. El impuesto que se pagará oscila entre los 0,5 y los 3 euros por persona y noche. El 30% de lo recaudado irá para los ayuntamientos, excepto Barcelona, que se llevará el 50% de lo recaudado en su término municipal. En esta semana, PP y CiU alcanzaron también un acuerdo en cuanto al canon del agua, que los convergentes quieren reinstaurar. El recibo subirá tanto como el IPC, pero hay un tope de consumo y quien lo sobrepase lo notará, y mucho en el recibo. Tanto que le puede suponer un aumento del 12%. Los populares también han obligado a retirar parte de las tasas judiciales: sólo pagarán los procedimientos civiles, los contencioso-administrativos y los cambiarios de cuantía superior a 3.000 euros.

Más dinero para avales

Otro de los acuerdos a que han llegado es a incrementar en 22,5 millones el presupuesto del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para destinar a avales de autónomos y emprendedores. El dinero de esta partida llegará, así, a 55 millones. Y se ha introducido una cláusula para bonificar en el tramo autonómico del IRPF las inversiones en nuevas sociedades: dicha bonificación pasará del 30 al 35%, con un tope de 8.000 euros.

El control del PP sobre los presupuestos quiere ser total. Y no se hará sólo desde una comisión que se formará entre esta formación, CiU y el Gobierno, sino desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, los populares obligarán al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, a presentarse cada seis meses en el Parlamento catalán para explicar la ejecución detallada de los presupuestos anuales. Y el Gobierno catalán deberá realizar también anualmente un informe sobre la reducción de las empresas y organismos públicos. El año pasado, el PP obligó a reducir el 10% de estos organismos (empresas, consorcios, fundaciones, etcétera) y un 20% su presupuesto. Para el 2012, esta reducción será del 25%.

Los populares también piden un compromiso para construir “y, si es posible, poner en marcha” 12 colegios y 4 centros de atención primaria, además de solicitar prioridad para atender a las necesidades de 33 colegios más y de 26 centros sanitarios. Otro de los puntos es un aumento de 50.000 euros en la subvención que recibe la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot).