memoria histórica

Podemos logra una ‘comisión de la verdad’ sobre la Guerra Civil en Andalucía

PSOE e IU, junto a la formación morada, aprueban en el Parlamento autonómico una ley de memoria histórica que supera a la de Zapatero de 2007 y que prevé sanciones e indemnizaciones

Foto: Fosa común hallada por un equipo de investigación en el cementerio de El Madroño (Sevilla) con los restos mortales de al menos 29 personas que fueron fusiladas durante la represión franquista. (EFE)
Fosa común hallada por un equipo de investigación en el cementerio de El Madroño (Sevilla) con los restos mortales de al menos 29 personas que fueron fusiladas durante la represión franquista. (EFE)

El Parlamento andaluz tiene previsto aprobar la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía con los votos de PSOE, Podemos e IU. La formación morada se sumó a la norma tras arrancar el compromiso de una ‘comisión de la verdad’ en Andalucía que recogerá testimonios orales y documentación escrita para elaborar un informe sobre la Guerra Civil y la represión franquista en Andalucía. Este documento será remitido a la Cámara andaluza, al Defensor del Pueblo y al Congreso de los Diputados. El objetivo es “ayudar a establecer la verdad sobre lo sucedido”, señala el texto legal.

“Un relato basado en los principios de verdad, justicia transicional y reparación y garantías de no repetición”, señala la norma. Es una de las condiciones que impuso Podemos para sumarse a una ley que ya fue negociada por el anterior Gobierno andaluz de PSOE e IU. Estaba prevista hace dos años, en enero de 2015, y supera la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Llega con mucho retraso, tras guardarla Susana Díaz en un cajón. Su actual socio, Ciudadanos, y el PP no han votado a favor de la ley en su tramitación parlamentaria.

Será uno de los proyectos más simbólicos que unirá a la izquierda parlamentaria andaluza con el PSOE de Susana Díaz. La ley prevé un catálogo de sanciones de 200 a 150.000 euros para que en un plazo de 12 meses se retiren todos los símbolos del franquismo. Algo que ya preveía la ley estatal y que los ayuntamientos y la propia Junta siguen ignorando en el caso de plazas, calles, colegios... La mayor sanción multa la construcción sobre fosas comunes, que pasarán a ser catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC). La negativa a retirar símbolos penalizará a comunidades privadas de vecinos o administraciones públicas.

Niños robados

La norma andaluza extiende la consideración de víctimas a “los familiares o personas con relación con una víctima directa y quienes hayan sufrido daños por asistir a vejados por la dictadura”. Tienen un especial reconocimiento las mujeres, los niños robados o los homosexuales. Habrá un censo público, que respetará la normativa de protección de datos.

La ley obliga al Gobierno andaluz a actuar de oficio o ante la justicia para recuperar e identificar a los desaparecidos. Se obliga a elaborar un mapa de localización de restos y se fija que es la Junta de Andalucía la responsable de autorizar toda exhumación, más allá de lo que puedan decir los tribunales de justicia.

Se fija el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en Andalucía

Andalucía celebrará, una vez que entre en vigor la ley, el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, conmemorando la primera exhumación en la comunidad. La mayor parte de la cuantía económica de la norma, que en su primera memoria contaba con 10 millones de euros en cuatro años, se destina a abrir fosas y reconocer cadáveres. También hay, eso no es nuevo en Andalucía, indemnizaciones previstas para la reparación de las víctimas. No se especifican cuantías. La Junta ha indemnizado desde 1999 a excarcelados y represaliados políticos que fueron privados de libertad a través de distintas órdenes y decretos.

En el capítulo de reparación se regulan los 'Lugares y los senderos de la memoria histórica en Andalucía', que serán catalogados e inscritos, lo que obligará a los propietarios a su reconocimiento y conservación. Igualmente se castigan los actos públicos que se consideren “en menoscabo de la dignidad de las víctimas o en homenaje del franquismo o sus responsables”.

Además de esa ‘comisión de la verdad’, que impulsará el Consejo Andaluz de Memoria Histórica y Democrática y que tendrá como misión “recopilar testimonios y documentos para establecer sobre las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil, el franquismo y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía”, en 1982, habrá otros órganos: un Registro de las Entidades de Memoria Democrática de Andalucía y un Consejo de la Memoria Histórica, como órgano colegiado consultivo y de participación.

La "dignidad" de Blas Infante

La memoria democrática será incluida como asignatura en la ESO en las aulas andaluzas, en Bachillerato y en la educación de adultos, recoge la ley. El Preámbulo glosa la figura de Blas Infante —reconocido en el Estatuto de Andalucía como padre de la patria andaluza— como víctima y exige “restituir su honor” mancillado, dice la norma, por la sentencia de 4 de mayo de 1940, dictada cuatro años después de su asesinato.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el homenaje institucional a Blas Infante. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el homenaje institucional a Blas Infante. (EFE)

Podemos reclama que todas las víctimas de la dictadura, que estima en unas 47.000, estén exhumadas e identificadas por la Junta en un plazo máximo de 10 años. El Presupuesto en vigor, de 2017, contempla una partida para la memoria histórica de 1,2 millones de euros.

Ciudadanos, actual socio de Susana Díaz, y el PP no apoyarán la norma andaluza

A su llegada a la Cámara andaluza, en febrero de 2016, ninguno de los grupos parlamentarios se opuso a su tramitación, aunque está previsto que ni PP ni Ciudadanos se sumen a la norma en la votación final.

La norma, que se extiende hasta 1982, considera víctimas a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados, niños robados y quienes sufrieron la tortura en los campos de exterminio nazi. La ley prevé además un banco público biogenético y recogerá muestras de ADN a los familiares para facilitar el reconocimiento de los restos exhumados.

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