ALUMBRA reúne a más de 200 afectados

Los ‘niños robados’ pisan los despachos políticos “desesperados por saber la verdad”

La ley andaluza de memoria histórica recoge por vez primera a este colectivo como víctimas y los grupos políticos mueven ficha para ayudar a quienes buscan a sus hijos o a sus padres

Foto: Familiares de bebés robados se concentran en la puerta del sol
Familiares de bebés robados se concentran en la puerta del sol

María Bueno se dirigió esta semana a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante una reunión en el Palacio de San Telmo para pedirle que igual que en Australia el primer ministro pidió perdón en 2008 a la ‘generación robada’ con un texto aprobado en el Parlamento, en Andalucía se hiciera algo parecido. “No tenemos nada, después de tantos años de lucha, nada”, repite la presidenta de Alumbra (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía), que reúne a más de 200 afectados. Los casos denunciados ante los tribunales se archivan o se dilatan. En los juzgados de La Línea (Cádiz), convertidos en el punto más caliente sobre este tema en España, su caso, junto a otros 70, espera respuesta desde hace más de cinco años. “Estamos desesperados por saber la verdad”, insiste.

María se topó con su historia 30 años después de haber dado a luz como madre soltera en un hospital privado de La Línea. En 2010 le diagnosticaron una enfermedad incurable y su médico le recomendó profundizar en su historial clínico. Viajó a la localidad gaditana y comenzó a escribirse un relato “terrorífico” de su pasado. Su embarazo y su alumbramiento nunca habían existido para los archivos oficiales. Su bebé nunca fue enterrado. No hay ningún registro oficial. Solo pudo demostrar que a los 20 años había parido a una niña con un documento llamado “legajo de criatura abortiva”. Desde entonces, pasó muchas noches tratando de reconstruir el 24 de diciembre de 1981. Días antes, ya con nueve meses de embarazo, el médico le alertó de que su bebé tenía un 99% de posibilidades de estar muerto y de que su vida corría peligro. El “pánico” se adueñó de su familia, que la había apoyado como madre soltera. Tuvo a su hija el día de Navidad y pasó horas anestesiada. “No me preguntes por qué, ahora no me lo explico, era una ignorante como muchas otras mujeres en aquella época”, explica. Después, su primer recuerdo es el de una monja en su habitación con un Niño Jesús de porcelana: “Bésalo que él te concederá, me dijo”.

El pasado jueves, el PSOE retiró una proposición no de ley que pedía apoyo para este colectivo para buscar el consenso con el resto de partidos

El próximo miércoles, a iniciativa de la asociación sevillana de bebés robados, cuyo secretario es Alfonso Cárdenas, las seis asociaciones andaluzas se reunirán en unas jornadas en el Parlamento andaluz. Acudirán los cinco partidos del arco parlamentario y María Garzón, hija del exjuez que con más claridad ha apoyado esta lucha. El pasado jueves, el PSOE retiró una proposición no de ley que pedía apoyo para este colectivo para buscar el consenso con el resto de partidos. El pasado verano, la asociación Avidna se dirigió al Parlamento andaluz para pedir una declaración institucional. Solo el PSOE respondió, y ante el silencio de los grupos políticos, la diputada socialista María Jesús Serrano promovió esta iniciativa de su grupo. Según explica, en el último momento decidieron frenar para evitar “la pelea política en un tema tan sensible” y buscar un consenso en la Cámara. Acordaron que en el próximo pleno ordinario darán lectura unánime a un manifiesto. Los afectados quieren el compromiso por escrito de los partidos para que se facilite a las familias acceso a los historiales clínicos, obtener el reconocimiento de víctimas, que el Parlamento y el Gobierno andaluz abran una investigación interna y que se inste al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a abrir los registros de los tribunales tutelares de menores y la Iglesia.

Son miles de denuncias, la mayoría archivadas, y años de lucha que han caído en saco roto. Además hay esperanza con la ley andaluza de memoria histórica

Casi todas las asociaciones están satisfechas con este primer paso. Son miles de denuncias, la mayoría archivadas, y años de lucha que han caído en saco roto. Además, hay esperanza con la ley andaluza de memoria histórica. La norma, pendiente de ser aprobada en la Cámara autonómica, reconoce por vez primera de forma expresa a este colectivo como víctimas de la represión franquista. Se trata de dar amparo y de reconocer el daño sufrido a aquellas “niñas y niños que sufrieron, recién nacidos sustraídos y adoptados sin autorización de sus progenitores”, recoge en su artículo quinto. La inclusión de esta mención específica responde también a la presión de las asociaciones. En un primer borrador no estaba previsto. La norma extiende hasta 1982 el reconocimiento de las víctimas, lo que ayudaría a muchas familias más allá de los niños sustraídos en las cárceles a las presas republicanas. Recoge además la creación de un banco público de ADN que facilitaría el camino, una de las demandas del colectivo. Sin embargo, la Consejería de Rosa Aguilar, responsable de esta norma, advierte de que a diferencia de lo que ocurre con la exhumación de cadáveres de las fosas comunes, donde el Gobierno andaluz se reserva la iniciativa, la mayoría de casos de niños robados están judicializados, en pleitos largos y costosos. Cuando haya un mandato judicial, ni la Junta podrá intervenir ni el banco público de ADN será viable, advierten desde la consejería. El PSOE aprobó hace tres años la justicia gratuita para este colectivo pero la promesa quedó en eso.

La oficina de Gallardón es “una ofensa”

María Bueno tiene dos hijos, un nieto y llevaba “una vida normal, feliz”. Su marido sigue siendo su gran apoyo. Ha ejercido durante años como funcionaria, tiene estudios en Derecho y se define como una persona “con mucho sentido común”. La mayoría de los jueces que han archivado denuncias como la suya relatan en sus sentencias una especie de psicosis generalizada, describen a mujeres inestables y alegan la prescripción de delitos para un archivo en cadena de estas causas. “¿Estamos todas locas, no? ¿Es eso?”, se pregunta la presidenta de Alumbra. El exministro Alberto Ruiz Gallardón inauguró en 2013 una oficina en Madrid para atender a los afectados por el posible robo de niños y facilitarles los accesos al Registro Civil. “Aquello nos dio esperanza, pero hoy digo que esta oficina es una ofensa a las víctimas”, dice esta afectada andaluza. No tienen ayudas institucionales de ningún tipo. Ella tampoco quiere dinero sino una “reparación moral”. El exjuez Baltasar Garzón identificó el robo de niños y las adopciones forzosas durante el franquismo como uno de los episodios más crueles y oscuros de la dictadura. En España se apunta a más de 300.000 familias afectadas. Desde hace años, la causa ha perdido fuelle. No solo por el archivo generalizado de demandas. Hay expertos, como el forense Francisco Etxebarría, presidente de la sociedad Aranzadi, que han puesto en duda el robo de bebés y que aseguran que en varias exhumaciones realizadas no hay restos por la propia degradación de los cuerpos tras el paso del tiempo. Otros, como la antropóloga forense María del Mar Robledo, rebaten esas tesis.

En cuanto a María, su caso, además de discurrir por la vía ordinaria en los juzgados gaditanos, está en manos de la jueza Servini, dentro de su investigación por los crímenes de la dictadura franquista. Ante ella declaró por videoconferencia en el consulado argentino en Madrid hace ahora un año. Entre la lista de cargos franquistas que la magistrada argentina pidió que fueran detenidos y extraditados para poderlos interrogar, aparece el nombre de Abelardo García Balaguer, imputado por el robo de un bebé en La Línea en 1967. Es el mismo médico que, según ha podido saber El Confidencial, atendió a la presidenta de Alumbra. Ella no quiere dar nombres. García Balaguer, apuntado por muchas de las familias linenses, tenía su consulta ginecológica abierta hasta que saltó el escándalo y figura entre los siete médicos y tres matronas investigados. En enero de 2011 dimitió como presidente local del PP en el municipio gaditano. Ha sido imposible contactar con él. “Ha desaparecido”, señalan algunos vecinos sin querer identificarse.

La justicia empieza a dictar condenas 

Las víctimas son cada vez más cautelosas. Temen las sentencias en su contra. Es el caso de Ascensión López, que recibió esta misma semana la notificación de una condena de 43.000 euros por un delito de calumnias. La demanda la interpuso la religiosa Dolores Baena, a la que señaló públicamente por supuestamente haber apañado su adopción. La monja era sobrina de su padre adoptivo. “Es mi prima”, relata Ascensión. La condenada es presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Almería e identificó en varios medios de comunicación a la querellante. Ahora prepara su recurso pero no quiere dar pistas y pide tiempo para su abogado. Ascensión se enteró de que era adoptada al morir su padre, con ocho años. Ahora tiene 51 y tres hijos que lo pasan mal cuando la oyen repetir una y otra vez su historia. Su madre adoptiva siempre la apoyó y la animó a buscar sus orígenes. Su demanda fue archivada en los juzgados sevillanos en 2011. Cuando ha podido interpelar cara a cara a la religiosa que la ha condenado por calumnias e injurias graves, siempre ha encontrado la misma respuesta: “No me acuerdo de nada”. Esa amnesia se repite en casi todos los demandados. Ella nació en el Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz. Allí volverán esta semana. Quieren ayuda. “Estamos desesperados por saber la verdad”.

 

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