Los hijos de la Duquesa Roja trataron de llegar a un acuerdo sobre su legado

A punto de comenzar el pleito por la herencia de la siempre controvertida Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que pone en juego uno de los archivos históricos privados más importantes de Europa y catalogado como Bien de Interés Cultural, los hijos de la conocida como Duquesa Roja confirman que han tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fundación Medina Sidonia. Los términos de este acuerdo, remitidos a la Fundación el pasado 6 de junio en una propuesta firmada por el menor de los herederos, Gabriel González de Gregorio, lanzan una oferta a la Junta de Andalucía para que eleve los derechos sobre el archivo.

El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, estima en unos 2,12 millones de euros el coste del pleito que comenzará en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a finales de este mes de septiembre. Una cuantía que podrían ahorrarse, insisten los herederos, en caso de un acuerdo al que invitó el juez encargado del caso y rechazado por la Fundación sin convocar a las partes al diálogo, según denuncian.

Los términos del acuerdo ofrecido por el hijo menor de los tres herederos de la duquesa de Medina Sidonia cifra en 1,1 millones de euros los tributos pendientes por el Impuesto de Sucesiones. Consideran que la mayor parte de los bienes, casi el 95%, estarían exentos del tributo por su catalogación como Bien de Interés Cultural. “Los impuestos se podrían pagar aumentando los derechos de la Junta de Andalucía sobre el archivo como pago”, recoge el escrito.

Los herederos reclaman que el archivo, seis millones de documentos y 6.317 legajos que constituyen según los expertos una joya única para conocer la historia de España, sea trasladado al actual auditorio municipal de Sanlúcar de Barrameda, ubicado en el convento de la Merced y entregado también por la duquesa al consistorio en régimen de cesión. Para aumentar los ingresos de la fundación proponen que el Palacio, catalogado como patrimonio protegido, sea ampliado como hotel. Ahora mismo funciona una hospedería de nueve habitaciones. “La Fundación arrendaría a los legitimarios su parte por un periodo de diez años”, recoge la propuesta de acuerdo.

Otra opción ofrecida por el hijo menor de la duquesa pasa por la entrega del convento de la Merced, que también forma parte del litigio. Propiedad de la casa de Medina Sidonia actualmente está en manos del ayuntamiento en régimen de cesión y acoge un teatro público. El edificio está tasado en unos 3,6 millones de euros por lo que estiman que “su entrega, cubriría los impuestos totales, sucesiones, rentas del ahorro e intereses”.

En cualquiera de los casos, los herederos reclaman participar en la fundación, donde ahora mismo solo se sienta como patrono el hijo mayor de la fallecida duquesa, Leoncio González de Gregorio, junto a su viuda, Liliane Dahlmann, y cuatro administraciones, el ayuntamiento sanluqueño, la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Educación y Cultura. Proponen que quede en un 36,4% en manos del heredero mayor y en un 15,6% para los otros dos hijos, Pilar y Gabriel. Reducen al 9% la participación de la viuda, Liliane, actual presidenta de la fundación, y el 23,7% restante en manos de las administraciones que participan. El objetivo, insisten, es poder participar directamente en la gestión de unos bienes sobre los que ahora mismo, denuncian, no conocen ni su inventario.

Entre los asuntos pendientes en el litigio hay un crédito pendiente de pago de 869.000 euros que la duquesa solicitó para cubrir el déficit de la fundación y otros bienes ajenos al patrimonio ubicado en Sanlúcar de Barrameda y que también forma parte del litigio como son el Palacio de Mortera o bienes heredados de su bisabuela que están en La Habana. La principal disputa entre los hermanos, según refleja el escrito, se dirime con los títulos nobiliarios. Un asunto complicado en el que los herederos se remiten a la legislación de Carlos V para negar la acumulación de títulos en el hermano mayor, que despojó en los tribunales a su hermana Pilar del ducado de Fernandina. El menor de los hijos, Gabriel, redactor de la propuesta para un acuerdo, asegura no querer títulos aunque reclama que el los Vélez –que es el que le corresponde- debiera ser devuelto al Ministerio de Justicia.

En el corazón del litigio, que se prevé largo y duro, se encierran las donaciones que Luisa Isabel Álvarez de Toledo recibió en vida, en 1964, de su abuela Julia y que deberían haberse deducido de su herencia, según la voluntad expresada en el testamento, para mejorar la parte correspondiente a sus hijos, lo que no se respetó. “Nuestra propia madre nos quitó bienes que sabían que nos correspondían”, resume Gabriel Álvarez de Toledo.

Este viernes se ha convocado una reunión extraordinaria de los patronos de la Fundación Medina Sidonia en cuyo orden del día aparece como punto relevante ofrecer información acerca del pleito que está a punto de arrancar en Sanlúcar. Todas las administraciones deberán designar a sus representantes tras la renovación impuesta por los últimos comicios. La Junta de Andalucía está personada en el litigio “en defensa del interés público y según las competencias transferidas para la protección y tutela del patrimonio”.

La Consejería de Cultura no ha hecho ninguna valoración sobre la oferta de los herederos para llegar a un acuerdo extrajudicial. El litigio, en el que se disputan bienes tasados por los herederos en unos 60 millones de euros, arrancará a finales de este mes de septiembre en mitad de una gran expectación. La sociedad civil de Sanlúcar comenzó a movilizarse a finales de julio y puso en marcha una plataforma ciudadana impulsada por una treintena de asociaciones locales ante la incertidumbre sobre el futuro de unos bienes que consideran “indisolubles” y defienden que no salgan de la localidad gaditana.