El Supremo 'salva' a Susana Díaz: Chaves y Griñán declararán después de las andaluzas

El instructor que investiga el caso ERE en el Tribunal Supremo va a esperar a que se celebren las elecciones andaluzas en próximo 22 de marzo y citará como imputados a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para después de los comicios, concretamente el 9 y el 14 de abril, dejando así vía libre a la candidata socialista Susana Díaz. De esta manera no interfiere en las urnas.

Ahora bien, una vez celebradas, entre los días del 7 al 21 de abril, Alberto Jorge Barreiro interrogará a los dos expresidentes, así como a los ex altos cargos del Gobierno andaluz José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. El alto tribunal asumió la parte de los aforados nacionales y dejó que la juez Mercedes Alaya continúe con el grueso de la investigación sobre los presuntos expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

Tras conocer que el Supremo admitía investigarles, tanto Chaves como Griñán solicitaron al instructor que les citara de manera voluntaria. Sin embargo, Barreiro ha esperado cerca de tres meses para citarles como imputados y todavía va a esperar otros dos meses para escucharles. La semana pasada, el magistrado solicitaba a la Guardia Civil que ampliara la investigación respecto de Moreno y Zarrías, para ampliar los datos existentes contra ellos.

El alto tribunal entiende que de los datos enviados por Alaya, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los indicios que hay contra estos aforados, y que se desprende de la instrucción de Alaya, derivan “de la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisión de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.

Barreiro tiene dos meses para estudiar toda la documentación remitida por la instructora de Andalucía. Según la exposición razonada remitida al Supremo por Alaya, resulta indiciario que en el ámbito de la junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, “se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años que permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas”.

Alaya entiende que tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal “conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema; es decir no solo las autoridades que materialmente manejaban las concesiones y los fondos, amparándose en que era un hecho conocido por el Consejo de Gobierno y su presidente, sabían de la arbitrariedad del sistema, sino que de forma inversa, tanto el consejero/a de Hacienda (y demás responsables de la misma), como la Comisión General de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, la actuación de la Intervención a través de sus informes, de las propuestas de Acuerdo relativas al programa anual de control de las empresas públicas, y de los proyectos de Órdenes y Decretos reguladores de las subvenciones sociolaborales, conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)”.

El juez quiere los "consejillos"

Por otro lado, Barreiro requiere a los peritos de la Intervención General del Estado que amplíen el informe que realizó en su momento y explicó aquellos puntos que el informe pericial aportado por la defensa de Griñán contradice sus afirmaciones. También les pide que recojan los temas que se trataban en la Comisión General de Viceconsejeros respecto a modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda, y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, entre los años 2000 y 2012. El magistrado define esa Comisión como reuniones presididas por el correspondiente consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía con el fin de preparar temas a tratar y decidir por los Consejos de Gobierno (a las que se refiere en su declaración judicial el imputado Antonio Fernández García como el nombre de 'consejillos').

Antes de tomarles declaración, el instructor quiere tener encima de la mesa todos los documentos firmados por las personas competentes para estas modificaciones, dentro de la Consejería de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos, que deberá remitir la Junta de Andalucía, con todas las propuesta de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años entre 2000 y 2012.

Barreiro ha requerido a la Junta de Andalucía otra serie de documentación, entre ella todos los documentos firmados por la persona que ejercía en IFA-IDEA las competencias presupuestarias relacionadas con la remisión del órgano gestor de la Consejería de Empleo, hasta el año 2004, y al órgano gestor de la Consejería de Innovación, a partir del año 2005, en cada uno de los años correspondientes al periodo 2000-2012.

La defensa recalca que pidieron declarar voluntariamente

Fuentes de las defensas de los cinco aforados en el asunto de los ERE aclaran que los aforados no han recibido auto de continuación del procedimiento, vulgarmente conocido como auto de imputación, y menos aún auto de apertura de juicio oral, por lo que las informaciones que afirman que el Tribunal Supremo les ha imputado resultan desafortunadas y equívocas. La providencia notificada por el Tribunal Supremo en el día de hoy llamando a declarar a los cinco aforados en el asunto de los ERE, no es un auto de imputación contra ellos, ni contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad.

Una vez que el Tribunal Supremo se declara competente mediante auto de 13 de noviembre de 2014 para investigar a los cinco aforados como consecuencia de la exposición razonada de la jueza Alaya, fueron los mismos aforados los que solicitaron por escrito comparecer para ser escuchados en declaración ante el Tribunal Supremo.

Esta comparecencia para declarar solo puede ser en calidad de imputados, si se desea rodearse de las garantías procesales correspondientes, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras.

Es a partir de esa declaración ahora señalada con fecha, y de la práctica de las pruebas pertinentes, cuando el Tribunal Supremo decidirá si archiva la causa, o si emite auto de continuación del procedimiento – conocido como auto de imputación – y luego auto de apertura del juicio oral. Solo en estas dos últimas circunstancias puede hablarse de que exista indicio de criminalidad. No antes.